Plan solidario Adopte un Ñoqui

Por Roberto H. Cachanosky. Publicado el 7/2/16 en: http://economiaparatodos.net/plan-solidario-adopte-un-noqui/

 

Ante la preocupación de los  “progres” por los ñoquis que ya no cobran más de nuestros impuestos, va mi propuesta

Se sabía que el kirchnerismo dejaba una herencia terrorífica en materia de política económica. Cualquier cosa que hayan encontrado las nuevas autoridades no debería sorprenderlos. Todo era previsible. Había que estar preparado para lo peor porque se sabía que el kirchnerismo estaba trabajando en dejar la peor herencia posible.

Uno de los temas que surge permanentemente es el de los ñoquis en el sector público. Se sabía que desde 2003 a 2015 los empleados a nivel nacional habían pasado de 203.400 a 390.000, un incremento del 92%. Casi el doble de empleados públicos, militantes viviendo de los impuestos que Ud. paga y sin producir nada que Ud. necesite. Lo del kirchnerismo fue la destrucción del estado que debe velar por defender el derecho a la vida, la libertad y la propiedad de las personas. El kirchnerismo no se ocupó de eso pero sí se encargó de usar el estado como forma de financiar a sus militantes.

Aparecen ahora todos los “progres” sensibles a denunciar despidos y ajuste en el estado por los ñoquis que están dejando de vivir a costa del trabajo de la gente decente. Para esos progres propongo crear el plan Adopte un Ñoqui. Se hace un registro de los benefactores y toma a su cargo un ñoqui para mantenerlo. Por supuesto, podrá deducir de ganancias el costo de mantener a un ñoqui.

Dejando de lado las ironías, lo cierto es que el tema empleo y salarial va a ser un problema en los próximos meses fruto de la herencia k.

Nuevamente, he escuchado a algunos periodistas de esos que se suponen que tienen sensibilidad social, porque el resto somos unos salvajes que queremos ver a la gente muriéndose de hambre por la calle. Esos periodistas dicen que se entiende la herencia recibida de Cristina Fernández, pero que no puede ser que todo el ajuste recaiga sobre los más humildes, en este caso serían los que viven de un salario.

El argumento viene a cuento porque, por un  lado se discute los incrementos de tarifas de los servicios públicos, el impuesto a las ganancias y el incremento de salarios frente a un proceso inflacionario agudo. Dicen algunos periodistas que no puede hacerse todo el ajuste sobre el sector asalariado.

Veamos, tal vez lo que estamos descubriendo es que en realidad la situación extrema a la que llevó el populismo k hace que hoy sea infinanciable ese populismo y deje al descubierto la realidad: la gente no vivían bien en serio. Era un artificio. La realidad es que Argentina tiene tan pocas inversiones que la mayoría de la población es pobre.

Que durante años se hayan mantenido artificialmente bajas las tarifas de los servicios públicos a cambio de destruir la infraestructura del país (energía, transporte público, rutas, etc.) no hizo más rica a la gente. La empobreció pero la anestesió durante un tiempo haciéndole creer que no era magia. Que de la nada podía tener televisores plasma, celulares, comprarse autos, viajar al exterior, en fin, vivir como si tuvieses ingresos del primer mundo. La cruda realidad es que Argentina nunca salió de su decadencia en estos 12 años de kirchnerismo, por el contrario el famoso modelo nos hizo caer en la miseria más absoluta que ahora aflora con toda su fuerza. De manera que, guste o no, los aumentos de salarios reales, que dependen de la productividad de la economía no podrán crecer mientras no haya inversiones. Son las inversiones eficientes las que crean puestos de trabajo y generan mejoras en la productividad de la economía que permiten elevar el nivel de vida de la población.

En mi opinión no es cierto que los aumentos de salarios generen inflación. Se argumenta que si los sindicatos piden aumentos salariales desmedidos, entonces se acelera la inflación. Mi visión es otra. Esos aumentos de salarios solo pueden derivar en más inflación si el Banco Central convalida con emisión monetaria los aumentos de precios que hagan las empresas por los incrementos salariales.

Dicho de otra manera, si hay disciplina fiscal y monetaria, todo aumento de salarios por encima de la productividad de la economía derivará en una mayar tasa de desocupación y en menor tasa de rentabilidad de las empresas pero no necesariamente en mayor inflación.

Desde mi punto de vista, el punto anterior es muy relevante porque si queremos resolver el problema inflacionario vamos a desviar la atención del problema central que es el fiscal financiado con expansión monetaria y no los aumentos de salarios como suele sostenerse.

Lo que sí creo que es criticable al gobierno en su política económica es que anuncie incrementos de tarifas de servicios públicos pero no anuncie un esquema de incremento del mínimo no imponible, de las deducciones de ganancias y de los ajustes por inflación. No se le puede pedir a la gente que pague la tarifa plena de luz, gas, agua, lo cual está bien, pero sin decirle cuánto le van a reducir la carga impositiva.

Es más, veo la última factura de luz que pagué y el 52% del monto final son impuestos. A saber: IVA, contribución municipal, contribución Provincial, Impuesto Provincia de Buenos Aires Ley 7.290/87, Fondo Provincia de Buenos Aires Ley 9.038, Fondo Provincias de Santa Cruz,  etc. Es decir, una vez más, el problema no es que tengamos que pagar la tarifa de luz plena. Es lo que corresponde. El problema son todos los  impuestos que tenemos que pagar tanto en la boleta de luz, que con la suba de tarifa nos acaban de enchufar un impuestazo porque esos impuestos son un porcentaje del precio de la energía.

Creo que seguimos recargando sobre el sector privado el peso de un estado ineficiente que nos mata con impuestos. Bajen el gasto, reduzcan todos estos impuestos que tiene la boleta de luz más otros impuestos que andan dando vuelta y no habrá mayores problemas para negociar los salarios en marzo.

¿Qué habrá ñoquis que van a quedar desocupados? Obvio, en realidad son desocupados que viven del trabajo ajeno. De eso se trata y en eso tiene que trabajar el nuevo gobierno. Porque aquí no hay magia. El gasto público lo paga el sector privado con menor nivel de vida.

 

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE

Gabriela Michetti no se amilanó ante Nicolás Maduro

Por Emilio Cárdenas. Publicado el 4/2/16 en: http://www.lanacion.com.ar/1868009-gabriela-michetti-no-se-amilano-ante-nicolas-maduro

 

En su sorpresivo debut en la diplomacia multilateral, nuestra vice-presidenta,Gabriela Michetti, participó en la IV Cumbre de Jefes de Estado de los países que integran la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe (Celac), en la ciudad de Quito, Ecuador. Lo hizo en reemplazo del presidente Mauricio Macri,impedido de viajar por prescripción médica.

El Celac -recordemos- es un organismo intergubernamental de diálogo y concertación política que nació en México, en el 2010. Más un mecanismo que una organización. Su presidencia rota anualmente y el desempeño de la misma se hace en compañía de una “troika” de otros tres miembros del Celac. Entre sus miembros hay sólo tres países que pertenecen al G-20, la Argentina, Brasil y México.

Su existencia tiene que ver con el verdadero encierro subregional que se edificó a lo largo de la última década. Tan es así, que el presidente anfitrión, Rafael Correa, pretendió que en la Cumbre que acaba de realizarse los miembros del Celac decidieran reemplazar a la Organización de Estados Americanos (OEA) por la propia Celac. La pretensión ecuatoriana estuvo -como siempre- acompañada por Venezuela y Bolivia. Sin embargo, fracasó y la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan, tuvo que expresar que “es claro que no hay acuerdo de todos los presidentes” con la maniobra urdida por los bolivarianos para tratar de hacer naufragar a la OEA.

El ahora fracasado proyecto de destruir a la OEA tuvo presumiblemente como objetivo central el de eliminar a los organismos de la OEA destinados a la defensa regional de los derechos humanos. Muy particularmente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que enfrentó corajudamente al propio presidente Correa cada vez que éste avanzó en dirección a cercenar la libertad de opinión y la libertad de prensa en su país.

Cabe recordar, asimismo, que Venezuela se ha retirado del Pacto de San José de Costa Rica y que los países bolivarianos han logrado designar algunas de sus primeras espadas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde donde seguramente procurarán relativizar la protección regional a los derechos humanos y libertades civiles y políticas.

Lo sucedido en el cruce de opiniones entre Gabriela Michetti y Nicolás Maduro de alguna manera se anticipó al tiempo de tomarse la foto grupal de los concurrentes a la Cumbre de Quito. Allí Nicolás Maduro aparece emplazado al fondo a la derecha. En cambio, Gabriela Michetti se ubica en la primera fila, en el extremo izquierdo, por distintas razones.

Nicolás Maduro, que había anunciado que “iría con todo” contra la Argentina en Quito, así lo hizo. En su entender, al denunciar las violaciones venezolanas de los derechos humanos, la Argentina “se involucra en los asuntos internos del Estado venezolano”. Gabriela Michetti no se amilanó y reiteró la preocupación de su gobierno por la situación de los derechos humanos en el país caribeño que, dicho sea de paso, es lamentable. Reivindicando de esa manera el reclamo previo del presidente Macri, recordó la posición venezolana en materia de derechos humanos cuando éstos fueron violados en la Argentina, en tiempos de la dictadura militar, agregando que la postura de su gobierno es simplemente una manera de retribuir la solidaridad alguna vez expresada por los propios venezolanos.

A esos argumentos en algún momento habrá que agregar que la propia Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, señala que los derechos humanos corresponden a “todas las personas”. Con independencia de su nacionalidad. Lo que se complementa con lo expresado en la Declaración Americana de los Derechos Humanos y Deberes del Hombre, también de 1948, donde queda claro que “la protección internacional de los derechos del hombre” debe ser “guía principalísima” del derecho americano. Porque los derechos esenciales del hombre no nacen -como se ha dicho- del hecho de ser nacionales de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos esenciales de la persona humana. Razonamiento que luego fue complementado por lo expresado en el Pacto de San José de Costa Rica, en 1969, cuando la región entera se refirió a lo antedicho agregando que ello “justifica una protección internacional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados”.

Es evidente que esta ha sido la razón central por la que Hugo Chávez decidió apartarse del Pacto de San José de Costa Rica, consciente de que el mismo representaba un obstáculo de peso respecto de su política de ignorar los derechos humanos y las libertades civiles y políticas de sus conciudadanos, propia del autoritarismo en el que se enroló. Por ello la “protección regional” le incomodaba. Como a Cuba.

La Cumbre de Quito tuvo lugar en una ciudad que es la capital más antigua de América del Sur. Durante la misma, estuvo prácticamente militarizada. Se celebró en la sede de la Unasur, un edificio moderno de 7 pisos, sobre la línea del ecuador, a unos 15 kms. al norte de la ciudad. Nuestra vicepresidente, acompañada por la canciller, fue recibida en una larga alfombra roja y saludada por el propio presidente anfitrión. Como corresponde.

Además de provocar a la Argentina con su protesta, Nicolás Maduro reconoció que Venezuela atraviesa una “situación económica sumamente compleja”, a la que calificó de emergencia económica. Seguramente sus colegas, al escuchar sus manifestaciones, no pudieron evitar pensar en que el propio Maduro es el responsable más grande de la crisis venezolana. Aunque no lo diga.

La Cumbre de Quito mostró el “cambio de viento” regional. Muy especialmente cuando enterró la postura anti-OEA promovida por los bolivarianos. En este último sentido, el presidente de la República Dominicana expresó concretamente la oposición de su país.

De este modo, la presidencia pro-témpore de Rafael Correa terminó en un fracaso, desde que el reemplazo de la OEA por la Celac había sido definido como uno de los “ejes” de acción durante la presidencia ecuatoriana.

Mostrando que el fracaso no lo ha hecho cambiar de opinión, Rafael Correa insistió en que nuestra región “necesita un sistema nuevo de derechos humanos”. Se equivoca. Lo que necesita es que todos los países que la integran, incluyendo los bolivarianos, respeten los derechos humanos. Ocurre que los derechos humanos pertenecen a todos los hombres y a todas las mujeres. Hacen a su dignidad. Y son inalienables, porque uno no puede dejar de ser humano. Por esto gozan no solo de protección nacional, sino también de la protección internacional y regional. Al complementar desde el exterior la capacidad de los Estados en materia de derechos humanos se ha establecido un criterio que tiene directamente que ver con la legitimidad política.

Por todo esto, expresar preocupación por la situación de los derechos humanos y las libertades civiles y políticas en Venezuela debe entenderse como un derecho legítimo de cada uno de los miembros del Celac. En rigor, como más que eso, desde que manifestar inquietudes por la situación de los derechos humanos en algún rincón de nuestra sub-región, como lo hace la Argentina, es de alguna manera también una obligación moral.

 

Emilio Cárdenas es Abogado. Realizó sus estudios de postgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan y en las Universidades de Princeton y de California.  Es profesor del Master de Economía y Ciencias Políticas y Vice Presidente de ESEADE.

La economía explicada a mis hijos: conferencia y una nueva edición del libro, economía y literatura

Por Martín Krause. Publicada el 4/2/16 en: http://bazar.ufm.edu/la-economia-explicada-a-mis-hijos-conferencia-y-una-nueva-edicion-del-libro-economia-y-literatura/

 

Adrián Ravier ha sido tan amable de presentar en el blog que tenemos en conjunto (Punto de vista económico), la conferencia que diera el año pasado en el Seminario de Verano del Instituto Juan de Mariana, realizado en Lanzarote, Canarias. Ahora que Unión Editorial ha decidido publicar nuevamente el libro veo que la conferencia es una Buena forma de introducir ese texto, que trata de presentar los principios básicos de la economía a través de textos clásicos de literatura.Economia explicada

Aquí está la conferencia:

https://puntodevistaeconomico.wordpress.com/2016/02/04/la-economia-explicada-a-mis-hijos-video-por-martin-krause/

 

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade).

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Maestría en Administración de Negocios.

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Acerca del federalismo fiscal

Por Alberto Benegas Lynch (h). Publicado el 2/2/16 en http://www.cronista.com/columnistas/Acerca-del-federalismo-fiscal-20160202-0021.html

 

En lugar de seguir con los archiconocidos y reiterados forcejeos entre gobernadores de provincias y el ejecutivo nacional, debería apuntarse a un federalismo institucionalizado y eliminar de una buena vez el caudillaje implícito en el centralismo desde tiempos inmemoriales.

Para lograr un genuino federalismo debieran prorratearse todos los gastos a las provincias excepto los vinculados a relaciones exteriores y defensa junto a la capacidad tributaria. A partir de ese momento cada gobierno provincial estará incentivado a recortar el gasto a los efectos de poder reducir la presión impositiva para que, por una parte, la gente no se mude a una provincia más respetuosa con el fruto de su trabajo y, por otra, para atraer inversiones.

Este proceso de competencia fiscal constituye un eje central del federalismo tal como lo han señalado los Padres Fundadores en el siglo XVIII en Estados Unidos de donde copiaron las naciones libres el esquema federal (hoy lamentablemente en gran medida abandonado en ese país que se ha dejado arrastrar por las fuerzas centrípetas a favor del gobierno nacional).

Originalmente los denominados antifederalistas estadounidenses, quienes paradójicamente eran en esa época más federalistas que sus oponentes circunstanciales, han subrayado la herramienta potente que significa la defensa de las libertades individuales a través de la descentralización del poder político y, en este caso, no solo en materia fiscal sino en temas legislativos / administrativos en general.

Gottfried Dietze en su obra sobre el federalismo considera que la descentralización tributaria y su contrapartida del gasto público constituyen la quintaesencia del sistema republicano y un camino eficiente en la gestión.
En realidad el único sentido de la división del globo terráqueo en naciones y las respectivas fronteras es para evitar los abusos de un gobierno universal. No es para la sandez de vivir con lo nuestro como los trogloditas, sino para preservar el derecho de las personas, lo cual se acentúa en la medida en que dentro de cada nación, el poder, a su vez, se fracciona en provincias y éstas a su vez en municipalidades.

Por otra parte, el concepto de coparticipación argentina está mal parida desde hace mucho tiempo. Son las provincias las que debieran coparticipar al gobierno nacional y no al revés. Son las provincias las que constituyen la nación y no es que el gobierno central da lugar a las estructuras provinciales.

En este contexto de buscar incentivos fuertes para aplacar los atropellos del Leviatán, es pertinente destacar lo impropio que significa aludir al Estado ausente cuando la herencia recibida consiste en un aparato estatal presente hasta en los vericuetos más íntimos en las vidas y haciendas de las personas que deben entregar forzosamente el fruto de sus trabajos desde enero a agosto de cada año para financiar la voracidad fiscal. En todo caso está ausente de su misión específica de garantizar la libertad de cada cual y está muy presente en muchas actividades dignas de la mafia.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.

La ley sirve para que exista la trampa

Por Alejandro A. Tagliavini. Publicado el 4/2/16 en: http://www.elheraldo.hn/opinion/columnas/926220-469/la-ley-sirve-para-que-exista-la-trampa

 

Si así sale el presidente de la primera potencia mundial, más vale abandonar todo interés en la política mundial”, escribía Pablo Pardo en el diario El Mundo, de España. Sea como sea, lo cierto es que, si el mundo está como está, el primer responsable es el gobierno de EE UU por eso es esperable que las elecciones allí despierten gran interés global.

Los resultados de los “caucus” de Iowa, con los que comenzaron las primarias que se prolongarán hasta junio, han sorprendido a todos, aunque con una importancia puramente psicológica, allí ganó Obama, ya que el candidato más votado obtuvo unos 60,000 votos cuando para ganar la Presidencia en noviembre hacen falta alrededor de 65 millones.

En el Partido Republicano, el gran derrotado fue Donald Trump, el segundo en votos aunque se espera que gane en New Hampshire el 9 de febrero y retome la iniciativa, mientras que el ganador en papeletas fue Ted Cruz gracias a que es evangelista en una zona donde la mayoría de los votantes lo son, siendo Marco Rubio, el tercero, el verdadero vencedor psicológico.

Mientras que Rand Paul hizo un buen papel, por haber acabado entre los “cinco grandes”, dado que es un “rebelde” que en el pasado ha fundado diversas ONG para oponerse al aumento de los impuestos que son, precisamente, el dulce de los políticos. Por el contrario, entre los demócratas, el ganador psicológico es Bernie Sanders, con el discurso más populista entre los precandidatos, que quedó segundo tras Hillary Clinton, pero por poca diferencia.

Ahora, en 2012, el gasto total en las elecciones presidenciales y legislativas alcanzó los $7,300 millones, según la Comisión Federal Electoral. En 2016, la agencia Bloomberg estima que el costo total llegará a los $10,000 millones. Aunque si Michael Bloomberg, con un patrimonio estimado de $38,000 millones, ocho veces más que Donald Trump, el fundador y dueño de Bloomberg, se presenta en marzo como candidato independiente puede hacer que las cifras finales sean más grandes.

Es mucho dinero. ¿Quién y por qué desembolsa tanto? ¿Es creíble que solo sea por idealismo? Sean ciudadanos comunes, que esperan que el candidato favorezca su economía familiar, o grandes fortunas o corporaciones, es obvio que hay muchos intereses en juego ya que el gobierno, utilizando el monopolio de la violencia, puede imponer, por sobre el mercado, por sobre las personas, leyes que favorezcan a unos en detrimento de otros.

Frente a esta realidad, se intentaron transparentar las elecciones limitando con leyes la cantidad de dinero en donaciones y exigiendo transparencia. Entonces, aparecieron las “SuperPAC”, organizaciones que en teoría no tienen relación con las campañas, pero que en la práctica apoyan a un candidato. Gracias a una sentencia de la Corte Suprema pueden gastar lo que quieran, sin ningún límite o restricción, y sin tener, tampoco, que informar acerca de sus donantes, entre los que hay gobiernos extranjeros.

Por ejemplo, entre las “SuperPAC” que apoyan a Ted Cruz, solo Keep the Promise ha obtenido unos $110 millones de donaciones. Los hermanos Charles y David Koch, que tienen una fortuna combinada de $90,000 millones, se habrían comprometido a donar $1,000 millones a republicanos. Corolario: basta que los gobiernos coaccionen leyes para que entre los insatisfechos, por la coacción, surja la trampa

Alejandro A. Tagliavini es ingeniero graduado de la Universidad de Buenos Aires. Es Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California y fue miembro del Departamento de Política Económica de ESEADE.

LA TRADUCCIÓN ES CLAVE

Por Alberto Benegas Lynch (h)

 

Cuando fui rector de ESEADE durante veintitrés años también fui director de Libertas, la revista académica de esa casa de estudios en cuya faena me percaté más claramente de la importancia medular de la buena traducción de textos. Recuerdo que cuando seleccionaba traductores/as aparecían personajes exhibiendo tarjetas donde se consignaba esa profesión en una tipografía más o menos llamativa pero al inquirir cual era la especialidad, en la mayor parte de los casos respondían que podían hacer el trabajo en cualquier rama del conocimiento, lo cual resultaba suficiente para descartar al postulante de marras.

 

Con mucha razón Victoria Ocampo escribió que “no puede traducirse a puro golpe de diccionario” ya que la traducción literal desfigura y degrada el texto. Se trata de estar muy imbuido no solo del área en cuestión sino de contar con riqueza gramatical y gran capacidad de reflejos y flexibilidad cortical para adaptarse a los más diversos escritos que exigen mucha gimnasia en la pluma. De lo contrario se asesina el texto, tal como comprobamos en infinidad de casos. Es un lugar groseramente común el repetir aquello de traduttore-traditore para resaltar la dificultad de ese trabajo.

 

Por supuesto que no se trata de dar rienda suelta a la imaginación, sino de ajustarse a lo que escribe el autor que se quiere traducir. Para justificar el aserto no hace falta más que atender ciertos títulos de producciones cinematográficas, obras de teatro y libros cuyos títulos nada tienen que ver con el original.

 

Sin duda los problemas graves se suscitan en la poesía que es mucho más difícil de traducir que la prosa (aunque Borges sostiene  que es más fácil componer un poema que escribir en prosa puesto que en el primer caso es cuestión de seguir la regla de la rima), para no decir nada de los modismos que ya de por si complican la traducción de la prosa y que se suman otras acrobacias en la poesía (algunos dichos en si mismos son imposibles de traducir tal como también nos dice Borges respecto del infructuoso intento de convertir al inglés la expresión “estaba sentadita”).

 

Como apunta Elsa Gress, sin la traducción no habría la civilización en la que vivimos: “Sin traducciones la civilización occidental desde la antigüedad en adelante resultaría inconcebible en su forma actual” y también, dada la dificultad de la tarea, concluye que “es mucho más fácil reescribir el texto en otra lengua que traducirlo” y que “las traducciones están [muchas veces] a cargo de gente que solo conoce la letra (si acaso llega a eso), en tanto que el espíritu resulta para tales individuos un misterio”.

 

Clara Malraux suscribe lo dicho por André Gide en cuanto a que todo intelectual debe hacer algunas traducciones en el transcurso de su carrera puesto que constituye un ejercicio invalorable al efecto de una eficaz administración de sus propias producciones.

 

Por otra parte, la traducción es un buen antídoto contra las culturas alambradas propias del nacionalismo puesto que fortalece la unión y el vínculo entre procesos que siempre consisten en donaciones y recibos en un contexto cambiante. Esto es así aunque aparezcan vallas formidables en el intento de trasponer un contexto cultural y extrapolarlo con el debido cuidado y con las necesarias notas aclaratorias. En esta línea argumental, es muy cierto lo consignado por Alfonso Reyes en cuanto a que “el objeto del traductor debe ser el no quitar a la obra su sabor extranjero” y “cuando se trata de nombres propios, precisamente la adaptación resulta más repugnante”.

 

En este último sentido, tengo muy presente cuando la Universidad de Buenos Aires le entregó al premio Nobel en economía Friedrich. A. Hayek un doctorado honoris causa: mientras bajábamos la escalera en la Facultad de Derecho donde tuvo lugar el acto,  Hayek apuntando a su diploma en el que se leía “Federico”, me dijo “you never do this”.

 

Sin duda que hay peripecias más escabrosas que otras en la traducción, por ejemplo, la agilidad mental que demanda la traducción simultánea, especialmente si se traduce de alguien que proviene de una estructura gramatical germana donde el verbo va al final de la oración.

 

Ortega y Gasset en su estudio sobre la traducción, entre otras cosas insiste en que el traductor debe respetar no solo lo que se dice en el texto sino lo que no se dice, es  decir los silencios del autor que más de una vez son insolentemente ocupados por la fantasía del traductor.

 

Umberto Eco sugiere aplicar el método popperiano para la traducción, esto es la noción de la provisonalidad en los textos, abiertos a posibles refutaciones al efecto de captar el significado del escrito que se desea convertir en otra lengua.

 

Vuelvo a Borges para mostrar su rechazo tanto en textos originales o en traducciones de la expresión “texto definitivo” puesto que esto no es apropiado ya que eso solo corresponde “a la religión o al cansancio” ya que, como he señalado muchas veces,  este autor ha enfatizado con Alfonso Reyes que no hay tal cosa como texto perfecto, “si no publicamos nos pasamos la vida corrigiendo borradores”.

 

En otros términos como explica Octavio Paz “aprender a hablar es aprender a traducir, cuando el niño pregunta a la madre por el significado de esta o aquella palabra, lo que realmente le pide es que traduzca a su lenguaje el término desconocido”.

 

Y aquí viene un asunto de la mayor trascendencia y es la necesidad de expresarse de la manera más clara posible, no solamente en casos corrientes sino de modo particular si es que se desea trasmitir valores y principios compatibles con la sociedad abierta. Para esto se requiere la aceptación que hablar implica un proceso de traducción ya que lo que recibe el receptor no es idéntico a lo que genera el emisor. Hay una traducción implícita. El ser humano no es un Pen Drive, incluye contextos personales, formas de interpretación, esqueletos conceptuales previos y similares, por lo que no es infrecuente la mala interpretación y el equívoco.

 

En uno de sus ensayos -y dejando de lado sus otras implicancias colaterales referidas a autores como Gadamer, Ricoeur y Lachmann- Donald Lavoie precisamente se detiene a hurgar en el tema de la comunicación en el que asimila toda acción humana a textos susceptibles de ser leídos en donde los mensajes están sujetos a una pesquisa hermenéutica en el contexto de la comunicación interpersonal, es decir, a través del discurso cotidiano.

 

Lavoie se sale del análisis convencional de la interpretación objetiva de lo que se dice, para concluir que lo relevante es el sentido en que llegó el mensaje al receptor y no lo que dijo o escribió el emisor. Esta visión subjetivista tiene otras derivaciones en otros campos pero es fértil para lo que aquí estamos comentando respecto a la traducción que está presente en todo acto comunicacional. Por supuesto que este autor reconoce que “cuando me comunico [….] seguramente lo que deseo es que él o ella reciban mi mensaje de modo que resulte lo más cercano posible a una copia de lo que pienso” aun teniendo en cuenta que “no es lo mismo que una computadora cuando scanea un documento” y termina escribiendo que la teoría de la copia pretende que la comunicación sea un proceso de suma cero, lo cual no es correcto.

 

Independientemente de los vericuetos a que conduce la teoría que reproduce Lavoie, es de interés para hacer foco en la calidad de la comunicación, es decir, como queda dicho, en la traducción siempre presente en las relaciones interindividuales. Esto hace más patente la necesidad de pulir el mensaje todas las veces que sea necesario para que los receptores comprendan lo trasmitido.

 

Termino con un ejemplo de malinterpretación grave en el campo de la economía que no debe ser atribuido a la mala voluntad del receptor sino más bien a la oscuridad de las palabras del emisor. En este ejemplo reformulo el tema en la esperanza de dar en la tecla. Pretendo disipar o por lo menos mitigar un problema comunicacional.

 

Cuando se propone cortar el gasto público eliminando funciones, la consecuencia inevitable es el despido de burócratas improductivos que cumplen tareas incompatibles con un sistema republicano. Pues bien, lo que es imperioso comprender es que la financiación de esas burocracias superfluas son financiadas principalmente por los más pobres. Esto es así porque los contribuyentes de jure reducen su tasa de inversión por lo que se contraen los salarios e ingresos en términos reales, especialmente de los que se encuentran en el margen.

 

Por otro lado,  cuando se produce esa reducción en las cargas que debe afrontar el aparato estatal, se liberan recursos para engrosar los bolsillos de los gobernados quienes solo pueden hacer una de tres cosas o una combinación de las tres: invertir, consumir o guardar bajo el colchón (en realidad, invertir en dinero). Cualquiera de las tres cosas que haga estará inexorablemente reasignando factores humanos y materiales hacia áreas productivas (si guarda bajo el colchón estará modificando la ratio entre la cantidad de dinero en circulación y los correspondientes bienes y servicios, lo cual significa que los precios bajarán que es lo mismo que decir que se transfiere poder adquisitivo a los demás).

 

Si hubiera quienes no les parece suficiente resguardo la antedicha reasignación puede donar de su propio peculio a tantas instituciones privadas que se ocupan de ayudar a otros o crear nuevas, pero nunca pretender que los pobres se sigan haciendo cargo de la financiación de burócratas innecesarios y que ponen palos en la rueda para el progreso general. “Put your money where your mouth is” resulta un aforismo de gran provecho.

 

En resumen, en modo alguno debe subestimarse el inmenso valor de la traducción tanto en la ocupación profesional propiamente dicha como en la simple conversación y la trasmisión de ideas, para lo cual es menester ocuparse y preocuparse por el uso adecuado de las palabras. Como he manifestado en varias oportunidades, no es conducente quejarse porque otros no entienden ni aceptan lo que se trasmite, es mucho más productiva la autocrítica y centrar el problema en la ineptitud para explicar la idea, situación que nos empuja a que hagamos mejor los deberes.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.

Límites al oportunismo politico. Aquí van dos: límites al deficit fiscal y al crecimiento del gasto público

Por Martín Krause. Publicada el 29/1/16 en: http://bazar.ufm.edu/limites-al-oportunismo-politico-aqui-van-dos-limites-al-deficit-fiscal-y-al-crecimiento-del-gasto-publico/

 

Con los alumnos de la materia Economía e Instituciones vemos algunas de las conclusiones normativas del Public Choice, en particular propuesta para limitar el oportunismo político. Aquí van solamente dos:

1.            Límites al déficit fiscal

Se impone una prohibición o límite al déficit fiscal. En el primer caso no puede gastarse más de lo que ingresa, pero el Estado, como cualquier empresa, se maneja con un presupuesto anual que se espera cumplirá. Si el dinero recaudado no alcanzara a cubrir el gasto presupuestado, el Estado terminaría sin cumplir algunos contratos y paralizando ciertos servicios. Para evitar esto, se impone la necesidad que el presupuesto presentado para su aprobación no tenga déficit, luego puede haber algún desvío si durante el transcurso del ejercicio fiscal los ingresos o los gastos difieren de lo presupuestado.  Para que la prohibición de déficit tenga alguna credibilidad ese límite al desvío debe ser pequeño y también considerarse un mecanismo para que sea compensado. Es decir, si el ejercicio termina con déficit podría pensarse en que ese exceso se cubrirá en el ejercicio siguiente, o que si termina con superávit, pasa a formar una reserva que sirva para cubrir desvíos negativos en el futuro.

En cuanto a establecer un límite al déficit fiscal, se lo suele hacer en relación al PIB. Así, por ejemplo, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, parte del  Tratado de Maastricht, establece un límite del 3% del PIB para los países miembros de la Unión Europea, un nivel superior impone la obligación de medidas correctivas. Argentina, promulgó una ley de “déficit cero” el 30 de Julio de 2001, pocos meses antes de que se desatara la peor crisis de su historia.

En este último caso la norma fue aprobada cuando ya era demasiado tarde. Pretendía ser más una señal que generara confianza en los mercados para que éstos siguieran financiado la renovación de la deuda argentina. En el primero, su incumplimiento por los países más importantes de Europa no generó suficiente credibilidad para las sanciones y no extraña que luego se desatara en la región una profunda crisis fiscal (2010-11) .

Una diferencia importante entre una y otra que analizaremos en mayor detalle adelante es el nivel constitucional de la norma. En el caso argentino era una ley aprobada por el Congreso, en el de la Unión Europea formaba parte de un tratado internacional. Algunos autores sostienen que cuanto más alto el nivel constitucional, mayor impedimento será para las conductas que se quieren evitar (mejor una ley a un decreto presidencial, mejor una cláusula constitucional a una ley, mejor un tratado internacional a una cláusula constitucional), pero la experiencia europea muestra que esto no es necesariamente así. Todo depende de dónde se encuentra el mayor poder de control sobre el cumplimiento de la norma. En el caso europeo, el tratado imponía un límite relativamente estricto pero con pocas posibilidades de control, generando un incentivo por parte de ciertos países a actuar como free riders de los esfuerzos de los demás. Ellos obtenían los beneficios de las garantías de estabilidad generadas por la UE, pero aplicaban políticas fiscales irresponsables con las que nunca podrían haber generado tal credibilidad por parte de los acreedores que financiaron esos déficits. El control más fuerte puede estar en manos de los votantes, como veremos en el punto 3.

La obligación de no incurrir en un déficit fiscal no necesariamente genera una restricción en el crecimiento del gasto público, ya que se lo puede aumentar al mismo tiempo que se aumenta la presión impositiva e igualmente se cumple con el requisito, y el Estado termina así llevándose una mayor parte de la riqueza producida por los ciudadanos. Para evitarlo se han propuesto límites al crecimiento del gasto y a la creación de nuevos impuestos o el aumento de las tasas de los existentes.

2.            Límites al crecimiento del gasto público

En este caso se establece un límite a su crecimiento, normalmente asociado a la evolución del PIB. Podría establecerse un límite algo por encima del crecimiento del PIB si se quiere que el gasto aumente en relación a ese indicador, igual para que se mantenga o menor para que se reduzca.

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade).

Legión de ñoquis k = defraudación al fisco

Por Roberto H. Cachanosky. Publicado el 31/1/16 en: http://economiaparatodos.net/legion-de-noquis-k-defraudacion-al-fisco/

 

Parece bastante claro que este despliegue de nombramientos de militantes en todos los niveles de la administración pública se ha transformado en una verdadera tentativa de defraudación al fisco

Creo que no hay ninguna provincia que no tenga algún problema en sus cuentas públicas. Posiblemente el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tenga más en orden sus números, pero el resto está colapsado. Y están colapsados porque los estados provinciales y municipales se han transformado en generadores de falsos puestos de trabajo. Ya veníamos de décadas de un estado sobredimensionado, con infinidad de reparticiones públicas que no tenían ningún sentido de existir. Con el kirchnerismo llegamos a la saturación total del estado como lugar para nombrar “empleados” que no cumplen ninguna función y mucho menos alguna función útil para el contribuyente.

Esta explosión de “empleados” estatales en las provincias, que pasó de 1.766.600 en 2003 a 3.045.900 en 2015 fue posible gracias a diferentes mecanismos de financiamiento, pero, fundamentalmente, a la enorme presión impositiva que nos impuso el estado para financiar éste delirio. Si a los empleados públicos les agregamos aquellos que viven de planes “sociales”, buena parte de los habitantes de Argentina no trabaja y consume lo que producimos unos pocos.

Ahora bien, yendo al tema de las provincias en momentos en que se debate el tema de la coparticipación federal, queda claro que la mayoría de las provincias y municipalidades se llenaron de “noquis” porque los gobernadores e intendentes no tenían que hacer un gran esfuerzo de recaudar porque el estado nacional se encargaba y se encarga de asumir el costo político de recaudar y las provincias tienen el beneficio político de gastar. En rigor, el kirchnerismo tuvo la habilidad de hacer el gasto político de recaudar pero aprovechar para también tener el beneficio político de gastar, porque los gobernadores pasaron a ser simples aplaudidores en los monólogos de Cristina Fernández desde el atril cuando hablaba por cadena.

Lo cierto es que Juan Bautista Alberdi y su Constitución de 1853 no incluía la coparticipación federal. La nación se financiaba con los recursos de aduana y del correo, y de paso aclaro que tampoco la Constitución de 1853 hablaba de democracia sino que definía como forma de gobierno representativa republicana federal. Las provincias se financiaban con los impuestos que ellas imponían. Este esquema realmente federal de financiar los gastos de la nación y de las provincias le otorgaba un verdadero federalismo al país porque las provincias no dependían del gobierno central para financiar sus gastos.

El embrollo de la coparticipación federal de impuestos aparece incipientemente con la crisis de 1890 y toma mayor envergadura ya en el siglo XX en la década del 30. Pero termina de desbocarse con la ley de coparticipación federal de 1973 que pasa a ser redistributiva. Es decir, unas provincias empezaron a financiar a otras.

El problema fundamental del sistema de coparticipación federal es que separa la responsabilidad política de recaudar del beneficio político de gastar, con lo cual potencia el gasto de las provincias. Si no hubiese coparticipación, si una provincia gasta demasiado, no se lo financia un señor que vive en otra provincia, sino que es el gobernador de la misma provincia que aumentó el gasto público el que tiene que poner la cara ante sus contribuyentes, que son sus votantes, y decirles que les va a cobrar más impuestos. La ausencia de coparticipación federal lleva a ser más austeros a los gobernadores por una cuestión de conveniencia política.

Por supuesto que el gobernador puede desbordarse en el gasto, cobrarle más impuestos a los sectores de mayores ingresos de su provincia, pero al final del camino se encontraría con que perdería inversiones, puestos de trabajo y tendría un serio problema de desocupación.

En los últimos 12 años el kirchnerismo ha impulsado la cultura de la vagancia. De llenar el estado de inútiles militantes que cobran buen dinero por no hacer nada. Y esa estrategia la acentuó en los últimos meses de gestión cuando Cristina Fernández aceleró el nombramiento de empleados que son militantes de su corriente política al saber que perdía el poder. Por otro lado, hizo que echarlos de esos cargos le costará caro al contribuyente. Creo yo que cabría a Cristina Fernández una fulminante denuncia penal  por tentativa de defraudación al fisco. Obvio en este solo caso. Después seguirá el largo listado de descarados contratos, etc.

Volviendo al  tema de la coparticipación, me inclino por volver a un verdadero federalismo fiscal en que la nación se financia con los recursos de aduana y tal vez algún impuesto más, concentrando sus gastos solo en defensa, seguridad, justicia, legislación, relaciones exteriores y lo que tiene que ver con la administración del estado nacional.

Las provincias deberían asumir el mismo tipo de gasto a nivel provincial pero cobrando sus propios impuestos. Lo que digo es que deberíamos volver al espíritu de la Constitución Nacional de 1853 y terminar con  la coparticipación federal.

Imagine el lector el gran lío que puede haber para que sancionar una nueva ley de coparticipación federal. Habría que debatir dos niveles de reparto. Primero la coparticipación primaria, es decir, de la recaudación de los impuestos coparticipables, cuánto se queda la nación y cuánto las provincias. Una vez definido ese porcentaje vendría lo más complicado: de los impuestos coparticipables, cuánto correspondería a cada provincia. Qué porcentaje se llevaría cada una.

En el debate de la coparticipación secundaria, las provincias más chicas pretenderán ser financiadas por las provincias más ricas. Es decir, un sistema redistributivo. Un sistema que impulsa el populismo.

Se argumentará que provincias más pobres no podrían sostener su gasto público. Bien, ahí volvemos al debate de los 90 cuando se hablaba de regionalizar la administración del país. Es decir, que 3 o  4 provincias tuvieran una sola legislatura, un solo poder judicial y un solo ejecutivo. En ese momento ya se rechaza la idea porque, obviamente, los políticos querían usar el estado para acomodar a sus seguidores políticos en las reparticiones públicas estatales. Sin embargo, a mi juicio, sigue siendo una salida razonable.

En definitiva, no pretendo que el gobierno de Macri solucione un problema que tiene 80 años de existencia como es la coparticipación. Es más, no sé si el presidente  coincide con la idea de terminar con la coparticipación. De lo que sí estoy convencido es que la coparticipación lleva a la irresponsabilidad fiscal.

Por otro lado, mucho se ha llenado la boca el kirchnerismo contra el endeudamiento público del pasado, sin embargo ha dejado al país más endeudado que cuando fuimos al default en 2001 y, encima, parece bastante claro que este despliegue de nombramientos de militantes en todos los niveles de la administración pública se ha transformado en una verdadera tentativa de defraudación al fisco. Otro delito más por los que deberían responder Cristina Fernández, gobernadores y muchos intendentes.

 

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE

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