La elección presidencial checa evidencia la constante “intervención” rusa

Por Emilio Cárdenas. Publicado el 8/2/18 en: http://www.lanacion.com.ar/2107570-la-eleccion-presidencial-checa-evidencia-la-constante-intervencion-rusa

 

Para el Consejo Editorial del influyente “Washington Post”, la reciente elección, por un muy estrecho margen, del nuevo presidente de la República Checa, Milos Zeman, demuestra -una vez más- como la Federación Rusa “interviene” cibernéticamente -y con dinero- en los procesos electorales de terceros países.

Como también lo hiciera, según está ahora probado, en la reciente elección presidencial norteamericana, aquella que finalmente consagrara como presidente del país del norte a Donald Trump. Los rusos se empeñaron entonces, muy claramente, en que Hillary Clinton fuera derrotada y no pudiese alcanzar su sueño de poder regresar, como presidente, a la Casa Blanca en la que residiera en tiempos de su esposo, el expresidente norteamericano Bill Clinton.

Milos Zeman dice todo lo que los rusos aplauden y quieren escuchar. Siempre. Incluyendo el desatino de defender la ilegal anexión de Sebastopol y Crimea. O sostener la inexistencia de tropas rusas operando en el este de Ucrania. O la necesidad de levantar las sanciones económicas impuestas por la Unión Europea a Rusia. O convocar a un referendo para proceder, luego, a retirar a su país de la OTAN y hasta de la Unión Europea. El libreto de Zeman, por su contenido e inclinación, huele ciertamente a ruso. Muy fuertemente.

Su circunstancial oponente, el científico Jiri Drahos, fue objeto de una intensa campaña de desinformación a través de las redes sociales. Y terminó derrotado.

Y, más aún, se le atribuyó, siempre mendazmente, ser partidario de abrir a su país, sin restricciones de ningún tipo, a la inmigración musulmana. Aunque lo cierto sea que, sugestivamente, la República Checa sólo aceptó a doce personas de la cuota de 2600 posibles asilados islámicos que le fuera oportunamente asignada por la Unión Europea.

Todo lo cual tiene presumiblemente bastante poco que ver con las ideas y creencias políticas reales de Jiri Drahos.

Zeman -en verdad- es un político bastante poco atractivo. Su proceder suele ser burdo y tiene tendencia a recurrir a un innecesario lenguaje soez. Fuma y bebe alcohol con alguna frecuencia, abiertamente. Pero, de pronto, una ola de ignotos benefactores no identificados le aportó ingentes recursos que le permitieron hacer una campaña electoral intensa y masiva. Nuevamente, algunos sugieren que su origen y actores deben buscarse dentro de la Federación Rusa.

Cuando Zeman se llama orgullosamente a sí mismo “el Trump checo”. Quizás no advierte que, lejos de atraer, con ello espanta. Pero así son las cosas. Preocupantes, por cierto.

 

Emilio Cárdenas es Abogado. Realizó sus estudios de postgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan y en las Universidades de Princeton y de California.  Es profesor del Master de Economía y Ciencias Políticas y Vice Presidente de ESEADE.

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Mercados: tiempo de toboganes

Por Carlos Rodriguez Braun: Publicado el 7/2/18 en: http://www.carlosrodriguezbraun.com/articulos/la-razon/mercados-tiempo-de-toboganes/

 

Ironizó ayer la columna Lex del Financial Times sobre el laconismo de Trump en Twitter: habiendo lanzado más de 60 mensajes celebrando lo bien que iba la Bolsa desde que llegó a la Casa Blanca, en las últimas horas no había tuiteado nada al respecto. Era lógico: Wall Street se pegó un batacazo histórico el lunes, que se compensó algo ayer, aunque el eco siguió rebotando fuera de Estados Unidos, donde reinaron los números rojos. El Ibex, con un -2,5 %, sufrió la mayor caída en cuatro meses, y cerró al nivel más bajo de once meses.

Así como Trumpo no dijo nada, los agentes del mercado aseguraron que no pasa nada, que es una “corrección temporal”. Siempre sucede lo mismo: ningún político habla cuando la Bolsa se hunde, y ningún bróker grita nunca: “¡pánico! ¡todos a vender todo!”. Al contrario, siempre dicen que o bien se quede usted inmóvil, o bien, si la cosa se hunde más, incluso que aproveche y compre.

Lo cierto es que ni los políticos, ni los agentes de bolsa, y mucho menos los economistas, conocen el futuro. Lo que sí sospechamos algunos es que hemos vivido una falsa bonanza, producto de que los bancos centrales, empezando por la Reserva Federal, hicieron lo que políticos, banqueros, gestores de fondos, y demás protagonistas del mundo financiero, les rogaban que hicieran: inundarlo todo con liquidez. Y lo hicieron, con la misma excusa que esgrimieron antes de 2007: los precios no subían. Era y siguió siendo una falacia, que estriba en medir los precios por el IPC, como si los activos no tuvieran precios, o como si sus precios no importaran.

Esta maniobra, repetida en mayor o menor medida por el Banco Central Europeo y otras autoridades monetarias, dio como resultado una nueva “represión financiera” que combinó una recuperación de la economía, una subida de las bolsas y unos tipos de interés, unos salarios y un IPC contenidos. Al mismo tiempo, se trataba de una situación engañosamente apacible, que ocultaba tensiones que tarde o temprano iban a aflorar. Como símbolo de la responsabilidad de los bancos centrales en todo esto, la sacudida se produjo el mismo día en que Jay Powell asumía como presidente de la Reserva Federal, tras la gestión de la supuestamente diestra Janet Yellen. En fin, tambien a Alan Greenspan lo llamó “maestro” nada menos que Bob Woodward.

Un tranquilizante convencional es que la economía real va bien, incluso muy bien. Por tanto, si nos sucede algo es porque suben los salarios, que ya era hora, o por culpa de vaya usted a saber qué recoveco “técnico”, porque los famosos “fundamentales” van estupendamente. Es posible que sea así, pero no lo sabemos. Sólo lo sabremos cuando suban los tipos, baje la marea, y veamos quién lleva traje de baño y quién no. Es decir, qué activos están sostenidos por inversiones reales sólidas y cuáles sólo brillan con tipos inusualmente bajos o “reprimidos”.

Mientras tanto, parece que ha empezado el tiempo de los toboganes. La situación podría resolverse, y pasar del tobogán a la subida más o menos estable, si la reforma fiscal de Trump rinde sus esperados frutos reactivadores, y si es imitada en otras latitudes. De eso debería tuitear el presidente americano, y no de la Bolsa. Por fin, si no se resuelve, entonces no se queje usted de los toboganes, porque la alternativa será peor.

 

Carlos Rodríguez Braun es Catedrático de Historia del Pensamiento Económico en la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Consejo Consultivo de ESEADE.

Aunque “juegue solo”, el Banco Central sí puede bajar la inflación

Por Iván Carrino. Publicado el 7/2/18 en: http://www.ivancarrino.com/aunque-juegue-solo-el-banco-central-si-puede-bajar-la-inflacion/

 

La experiencia de Paul Volcker echa luz sobre el presente argentino.

“Con la tasa de interés no se baja la inflación”.

“Con este desorden fiscal, la inflación solo puede mantenerse alta”

Frases como las anteriores son cada vez más escuchadas en el debate económico actual.

Es que con una meta que en 2017 era de 17% como máximo, pero una inflación rozando el 25%, las críticas al sistema de inflation targeting toman recobrado estímulo.

Ahora bien, ¿tienen validez?

Teoría y Práctica

A priori, la observación parece tener sentido.

Un gobierno con un elevado déficit fiscal que no quiera ni subir impuestos ni bajar el gasto público, siempre encontrará tentador que el Banco Central monetice dicho déficit. Si los agentes del mercado descuentan que esto en algún momento –pero efectivamente- sucederá, entonces no mejorarán las expectativas de inflación, dificultándose el proceso de su baja.

La realidad, sin embargo, muestra otra cosa.

En 1979, cuando Estados Unidos enfrentaba la peor inflación de su historia en tiempos de paz, Paul Volcker tomó el mando de la Reserva Federal. En su momento, las cuentas del gobierno dejaban mucho que desear, pero empeoraron incluso más una vez que Reagan llegó al poder.

Jimmy Carter, presidente demócrata, no había sido precisamente un símbolo de la austeridad fiscal, pero Ronald Reagan incrementó el desequilibrio, al bajar los impuestos para reactivar la economía. El déficit pasó de 2,5% del PBI (1981) a 5,9% (1983).

Volcker, que en su época de estudiante ya rechazaba la idea de que “un poco de inflación era buena”, no tardó en poner manos a la obra. En su segunda reunión como presidente de la Fed decidió la primera suba de la tasa de política monetaria. Era septiembre de 1979.

Un mes después, la Fed decidió pasar a un sistema más apoyado sobre el control directo de los agregados monetarios, pero sin dejar de mirar lo que pasaba con la tasa de interés. Se tomaban como dos caras de la misma moneda.

Tras el cambio, la inflación se resistía a bajar, y no fueron pocos los que mencionaron al déficit fiscal como el origen de todos los problemas. Milton Friedman, Premio Nobel de Economía y padre del monetarismo moderno, fue uno de ellos.

Tuvo que llegar el año 1980, cuando en medio de la campaña presidencial, y a pocas semanas del triunfo de Reagan, Volcker decidió que la tasa de descuento (que los bancos del sistema de la Reserva Federal le cobran a los bancos comerciales) subiera 1 punto porcentual.

Fue una movida inesperada. Nadie creía que el Banco Central fuera a actuar así en medio de un período electoral. Pero la señal enviada fue clara. A la autoridad monetaria le preocupaba solo una cosa: derrotar la inflación.

2018.02.01

El ciclo alcista de tasas (que llevó a la de descuento desde el 10% al 14% anual), duró hasta octubre de 1981.

Los resultados fueron los buscados. Un año más tarde, la inflación se ubicó en 5% anual. Doce meses después, el registro fue de 2,8%.

A pesar de la desprolijidad fiscal, la política monetaria había logrado vencer a la inflación.

Sí, se puede

¿Cómo fue esto posible?

La respuesta es que cuando hay déficit fiscal creciente, una posibilidad es endeudarse a más no poder y, si el mercado “se cansa”, volver a financiar el desequilibrio emitiendo papelitos. Esto, obviamente, no reduce la inflación, o al menos no de forma permanente.

Otra posibilidad es que el Banco Central se ponga tan firme en su objetivo, que cierre definitivamente la posibilidad de volver a monetizar un déficit.

Visto en perspectiva, ésa fue la vía que siguió Paul Volcker.

Así, el vínculo entre el déficit y la inflación, que es directo cuando se espera que la autoridad monetaria rescate al tesoro, terminó rompiéndose para siempre. A partir de ese entonces, la inflación alta jamás regresó a Estados Unidos, pero sí el crecimiento económico, la creación de empleo y el aumento de la riqueza.

Es una experiencia histórica para mirar con atención, especialmente desde Argentina, donde la política monetaria busca bajar la inflación con un déficit fiscal en niveles históricamente elevados.

 

Iván Carrino es Licenciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires y Máster en Economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es editor de El Diario del Lunes, el informe económico de Inversor Global. Además, es profesor asistente de Comercio Internacional en el Instituto Universitario ESEADE y de Economía en la Universidad de Belgrano.

La legislación laboral nazi argentina

Por Gabriel Boragina Publicado  el 4/2/18 en: http://www.accionhumana.com/2018/02/la-legislacion-laboral-nazi-argentina.html

 

Son notables las semejanzas entre la legislación laboral del partido de Hitler y las vigentes a hoy día en la República Argentina. Dos expertos nos cuentan como eran las leyes laborales de los nazis:

“El hecho curioso fue que los sindicatos organizados se mantuvieran tan fuertes a pesar de la depresión. Tal acontecimiento fue el resultado de 10 años de legislación, comenzando en 1918, cuyo objetivo apuntaba a “ampliar el alcance, la fuerza y la autoridad de los sindicatos”. Estas leyes incluían un sistema de mediación y arbitraje mediante el cual las discusiones paritarias tenían lugar entre los sindicatos y los empleadores y organizaciones de empleadores; este sistema de relaciones laborales se consagró como el sistema más deseado y apropiado que regulara las relaciones laborales.”[1]

Lo que implica a decir que los sindicatos se mantienen, en realidad, artificialmente. No estaban sostenidos en el respaldo de una enorme masa de afiliados, sino que su único sostén era todo un entramado de leyes que se crearon específicamente para apuntalarlos como instrumentos del poder de turno. Sorprendería la similitud de la organización sindical nazi con la de la Argentina de nuestros días si no se supiera -como ya se sabe- que fue el régimen de Juan Domingo Perón quien copió la ordenación laboral nazi y la adaptó a la Argentina. Lo que si sorprende es que esta se hubiera mantenido casi sin tocar desde los años 1940 hasta el día de la fecha. Sigue vigente en este país la ley N° 14250 de asociaciones profesionales y la ley 20744 de Contrato de Trabajo (LCT) que, básicamente, responden a las mismas directrices que se señalan en la cita de arriba.

“El corolario de esta práctica fue que la ley no reconocía a los sindicatos de una empresa o a las asociaciones gremiales independientes que actuaban como delegadas de los trabajadores. Más aún, los trabajadores no estaban autorizados a celebrar acuerdos individuales con los empleadores y no se les permitía permanecer en sus empleos en caso de perder la afiliación a sus sindicatos.”[2]

Esta figura, que en Argentina la ley mencionada (N° 14250) designa con el nombre de personería gremial, esta, en realidad, tomada de la Carta dil Lavoro de Benito Mussolini de 1922. En los hechos, implica que el gobierno otorga un monopolio artificial a un sindicato por encima de cualesquiera otros, para “negociar” (en rigor, imponer) las “condiciones de trabajo” que el sindicato (con el beneplácito del gobierno, obviamente) desea al resto de los empleadores del país. El efecto económico de este tipo de organizaciones es sumamente claro: elevación de los salarios nominales por medio de leyes o acuerdos de salarios mínimos y su consecuencia ineluctable: altas tasas de desocupación.

“Existían comisiones oficiales de arbitraje cuya función consistía en resolver las discrepancias entre los empleadores y los sindicatos, cuando fracasaban los acuerdos entre dichas partes. Poco tiempo después, la participación del gobierno se incrementó.”[3]

Nuevamente, aparecen las similitudes con la legislación laboral actual en Argentina. La función de las comisiones oficiales de arbitraje nazis es exactamente la misma que cumplen los ministerios de trabajo en Argentina, los que -entre otras regulaciones- tiene la facultad de homologar (o no hacerlo) esos supuestos “acuerdos colectivos” a los que llegan las partes. Y en caso de no llegar a ningún entendimiento, imponer el propio a criterio del ministro del ramo de turno. En rigor, no se “resuelven” las discrepancias (las que quedan latentes) sino que se impone la decisión última de un tercero ajeno al conflicto (el gobierno mediante el ministerio de trabajo). Sigamos con los nazis:

“El gobierno se otorgó la facultad para extender mediante un decreto la obligatoriedad de un acuerdo celebrado con una empresa en un determinado distrito a todas aquellas empresas de la misma rama de la industria ubicadas en ese distrito. Esta atribución aumentó considerablemente el poder de los sindicatos que seleccionarían a la empresa más poderosa del distrito desde el punto de vista financiero para establecer los términos que los empleadores más pobres estaban obligados a aceptar.”[4]

Continúan aquí las notables analogías entre la legislación nazi y la Argentina de nuestros días. La misma facultad otorga la legislación argentina al ministerio de trabajo cuando decreta la homologación de lo que la ley denomina “convenciones colectivas de trabajo” y que no son otra cosa más que esos pseudo-acuerdos que se dicen “lograr” en las también llamadas “negociaciones paritarias”. La homologación predicha no es más que una resolución del ministerio de trabajo que extiende los alcances y efectos del “acuerdo” homologado a todas las empresas de la misma rama o del sector por actividad con alcance nacional (en el caso nazi parece que era más limitado y solo abarcaba y se limitaba al distrito).

“A pesar de ello, aún existían ciertas instancias en las que el acuerdo fracasaba y la solución se dilataba. Para resolver esta situación, el gobierno anunció que un mediador podía proponer una posible solución que definiría el monto del jornal a percibir en caso de que una de las partes en desacuerdo diera su consentimiento. Esta medida se utilizaba sólo excepcionalmente en el comienzo, pero pronto se generalizó.”[5]

Por supuesto, y esto es lo importante, no se aceptaba o se desconocía el mecanismo de fijación de salarios del propio mercado libre que es el único que determina realmente los salarios justos. Los nazis tenían como propósito desmantelar todo vestigio de libre mercado en todas las áreas que dominaban. Y procedieron al principio en forma gradual, si bien en el corto y mediano plazo extendieron sus tentáculos hacia toda forma de manifestación (sea económica o no económica). En suma, era el gobierno que, al final del camino, termina imponiendo el salario que -a juicio del burócrata de turno- “correspondía” o era el “justo”. Nuevamente, son notables los paralelismos con lo que hoy en día sucede en la legislación laboral argentina, donde hay mediadores en instancias previas y en casos colectivos el mediador es el propio ministerio de trabajo. Igualito que los nazis.

[1] ROBERT L. SCHUETTINGER – EAMONN F. BUTLER. 4000 Años de Control de Precios y Salarios. Cómo no combatir la inflación. Prólogo por David L. Meiselman. Primera Edición. The Heritage Foundation. Editorial Atlántida – Buenos Aires. Pag. 97-98

[2] Ibidem, p. 97-98

[3] Ibidem, p. 97-98

[4] Ibidem, p. 97-98

[5] Ibidem, p. 97-98

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

Sobre la moneda y los sistemas bancarios

Por Alberto Benegas Lynch (h). Publicado el 7/2/18 en: http://www.libertadyprogresonline.org/2018/02/07/sobre-la-moneda-y-los-sistemas-bancarios/

 

El tema monetario es de gran importancia puesto que está indisolublemente atado a los patrimonios de la gente. Trastornos en  ese campo repercuten de inmediato en el nivel de vida de todos, muy especialmente de los más necesitados puesto que la característica central de esos barquinazos se traducen en consumo de capital, lo cual, a su turno, significan disminuciones en salarios e ingresos en términos reales.

Desde tiempo inmemorial los aparatos estatales se han querido apoderar del instrumento monetario al efecto de hacerse de recursos. Ningún gobierno en la historia de la humanidad ha preservado el poder adquisitivo del dinero, siempre lo ha derretido. El premio Nobel en economía Friedrich Hayek fue un pionero contemporáneo en señalar la imperiosa necesidad de apartar a los gobiernos de la administración de la moneda, a lo cual han seguido numerosos autores, tema que en la actualidad ha producido una muy prolífica bibliografía. Hayek escribe que su esperanza estriba en que no ocurra con el dinero lo que sucedió con la inconveniente unión entre el poder y la religión que tardó siglos en percibirse los daños que provocaba esa unión. Del mismo modo, sigue diciendo Hayek que el dinero debe separarse cuanto antes de todo vestigio de contacto político y que la independencia de la banca central no hace más que trasladar los problemas a otro sector apoyado por el poder.

Otro premio Nobel también en economía, Milton Friedman, en su último trabajo sobre temas monetarios sostiene que “el dinero es un asunto demasiado importante como para dejarlo en manos de banqueros centrales”. Es cierto que Friedman antes sugería la implantación de una “regla monetaria” que analizamos  más abajo.

Este cambio  no solo ocurrió con Friedman, el propio Hayek en una obra anterior sostenía que es “la administración de la moneda constituye función indelegable del gobierno”. Esto es solo una muestra de la evolución del pensamiento para quienes están atentos a nuevos conocimientos.

Antes de entrar de lleno en el tema, tengamos en cuenta que el dinero no calza en la definición de bien público puesto que no incorpora los principios de no-excusión y no-rivalidad. Por otra parte, se ha sostenido la conveniencia de la moneda estatal partiendo de la arbitraria premisa que se trata de un monopolio técnico aunque en este caso resulta de la imposición de un monopolio artificial (es de interés en este contexto atender un ensayo de otro premio Nobel en economía, Gary Becker, titulado “There is Nothing Natural about Natural Monopoly”), de lo contrario, liberado el mercado de regulaciones se brinda la posibilidad de elegir en competencia con todos los controles cruzados que de ello se deriva. También llama poderosamente la atención que se alegue que la politización de la moneda pueda suplir la asimetría de la información cuando, precisamente,  cuanto menos críptico y cerrado sea el mercado menor es la exposición y la transparencia. Por último, se ha pretendido desacreditar la competencia abierta de monedas recurriendo a una interpretación equivocada de la Ley de Gresham al afirmar que la moneda mala desplaza a la buena sin tener en cuenta que eso ocurre cuando el gobierno impone tipos de cambio forzosos.

La inflación es uno de los problemas económicos y sociales más graves. Es siempre producida por los aparatos estatales que con el curso forzoso y la banca central no dan salida a la gente para defenderse de ese flagelo. Es realmente llamativo que a esta altura del partido, con toda la bibliografía moderna disponible a la que nos hemos referido más arriba, no se haya decidido cortar amarras con los gobiernos en materia monetaria y no se haya percibido que la única razón por la cual el Leviatán administre la moneda es para succionar poder adquisitivo de la gente al efecto de financiar sus propios desbordes.

Se ha dicho que la inflación es el aumento general de precios, lo cual revela dos errores garrafales de concepto. En primer lugar, pretende aludir a la causa de la inflación la cual consiste en la expansión exógena del mercado y, en segundo término, el efecto estriba en la alteración de los precios relativos y no en un aumento general. Si produjera un incremento generalizado, no se produciría el problema central de la inflación cual es la angustia por el desequilibrio entre precios e ingresos. Si mi salario (uno de los precios) se incrementara en un 50% mensual y el resto de los precios lo hace en la misma forma, no hay problema. Eventualmente habrá que modificar las columnas en los libros de contabilidad, habrá que expandir los dígitos en las máquinas de calcular y, tal vez, acarrear el dinero en carretillas pero no hay el problema central señalado.

La alteración en los precios relativos reviste la mayor de las importancias ya que se distorsionan todas las señales en el mercado, que son las únicas que muestran donde conviene invertir y donde desinvertir en los diversos sectores con lo que se consume capital y, por ende, bajan los salarios e ingresos en términos reales puesto que las tasas de capitalización son la únicas causas del nivel de vida.

Como hemos dicho en tantas ocasiones, la banca central solo puede decidir entre uno de tres caminos posibles: a que tasa contraer, a que tasa expandir o dejar inalterada la base monetaria. Pues bien, cualquiera de los tres caminos deterioran los precios relativos respecto de lo que hubieran sido de no haber intervenido (incluso, como decimos, si los banqueros centrales deciden no modificar la base monetaria habrán desfigurado los precios relativos en relación al mayor o menor volumen de moneda que se hubiera decidido en el mercado…y si se hace lo mismo que hubiera hecho la gente en el mercado no hay razón alguna para la irrupción de la banca central ahorrándose todos los gastos administrativos correspondientes).

Más aun, una banca central independiente del secretario del tesoro o de hacienda o del Parlamento inexorablemente errará el camino debido a las razones antes apuntadas que no cambian por el hecho de recibir instrucciones o proceder autónomamente, esto no modifica la naturaleza del problema. Sin duda, que si a la existencia de la banca central se agrega el curso forzoso la situación se agrava exponencialmente ya que no deja salida a la gente para sus transacciones diarias y deben absorber quitas permanentes en su poder adquisitivo.

Conviene también precisar que la cantidad de dinero de mercado, es decir, de los activos financieros que la gente elija para sus transacciones no tienen porqué ser constantes. Esto dependerá de las respectivas valorizaciones, del mismo modo que ocurre con cualquier bien o servicio, lo cual, en nuestro caso, si se decide expandir, se trata de una expansión endógena, a diferencia de la exógena al mercado, esto es, la que ocurre debido a decisiones políticas que son el origen del problema inflacionario.

No hay tal cosa como “expectativas inflacionarias” como causas de la inflación. Se podrán tener todas las expectativas que se quieran pero si no están convalidadas por la expansión monetaria exógena, no hay inflación. Tampoco “inflación de costos” por idénticos motivos, ni inflaciones provocadas por el incremento en el precio de un bien considerado estratégico como, por ejemplo,  el petróleo ya que si aumenta el precio de este bien y no hay expansión monetaria habrá dos posibilidades: o se reduce el consumo de otros bienes si se decidiera mantener el nivel de consumo del petróleo o se debe contraer el consumo de este bien al efecto de permitir el mismo consumo de otros bienes y servicios. En todo caso, no resulta posible consumir todo lo que se venía consumiendo si el precio del petróleo se incrementó.

La errada definición que hemos comentado, además, conduce a otras dos equivocaciones técnicas. En primer lugar, el consejo para la banca central de emitir a una tasa constante similar al crecimiento económico para “permitir la previsibilidad de los actores  en el mercado”. Este consejo pasa por alto el hecho de que si la expansión “acompaña” el crecimiento económico, manteniendo los demás factores constantes, por ejemplo, se anulará el efecto de algunos precios a la baja que generan las importaciones y al alza de las exportaciones ya que la masa monetaria en un caso disminuye y en el otro aumenta y así sucesivamente.

La segunda equivocación, aun más gruesa, es que la expansión a tasa constante no trasmite previsibilidad puesto que, precisamente, los precios no se incrementan de modo uniforme, sino, como queda dicho, se alteran los precios relativos de modo que una tasa anunciada de expansión no trasmite información a determinado sector como afectará en sus precios.

Este análisis, a su vez, se traduce en el pensamiento que es posible recomponer el problema inflacionario a través de indexaciones lo cual no es correcto ya que pretendidos índices de corrección solo suben los valores absolutos en los rubros del balance, pero las distorsiones relativas se mantienen inalteradas.

A toda esta situación debe agregarse que para contar con un sistema monetario saneado debe eliminarse el sistema bancario de reserva fraccional que no solo genera producción secundaria de dinero, sino que permite que los bancos operen en un contexto de insolvencia permanente, con lo que se hace necesario implementar el free banking o el sistema de encaje total para los depósitos en cuenta corriente y equivalentes.

En este último sentido, hay un jugoso debate que viene de hace cincuenta años sobre si es mejor el free-banking (y no digo “banca libre” porque tiene otro significado ya que alude a la entrada y salida libre al sistema bancario) o la reserva total, pero en todo caso cualquiera de los dos es infinitamente mejor que la reserva fraccional que genera inflaciones y deflaciones con el apoyo de la banca central.

Resultan tragicómicos los esfuerzos y las acaloradas discusiones sobre “metas de inflación” y las correspondientes manipulaciones monetarias y cambiarias que impone la banca central, en lugar de comprender que el problema estriba en esa institución, en el medio argentino creada por el golpe fascista de los años treinta.

Como han expresado tantos economistas de gran calado, es de esperar entonces que no transcurra mucho tiempo antes de que se  perciban los inmensos daños de la banca central y el sistema bancario de reserva parcial con todas sus consecuentes políticas. Cual es el dinero que preferirá la gente dependerá de las circunstancias ya que si todo es dinero no hay dinero y preguntarse cual es la cantidad de dinero que habrá es lo mismo que interrogarse cual es la cantidad de lechuga que habrá en el mercado.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa. Es Asesor del Institute of Economic Affairs de Londres

Cuando vale la doble moral

Por Alejandro A. Tagliavini. Publicado el 9/2/18 en: http://www.abc.com.py/lectores-opinan/cuando-vale-la-doble-moral-1673602.html

 

El Estado moderno impone arbitrariamente su doble moral. Y sus defensores no tienen justificación racional, simplemente dicen que “si el Estado lo dice, o lo necesita, es bueno…”, son esos mismos políticos que, muchas veces –muchísimas–, están acorralados por la corrupción. Quizás, el ejemplo más irritante sea el “servicio militar obligatorio” (SMO) que me recuerda a Mirabeau, uno de los padres de la Revolución Francesa, y su frase: “Prusia no es un Estado con ejército, sino un ejército con Estado”.

El presidente de Francia propone una especie de breve servicio cívico-militar, obligatorio, para ofrecer “una experiencia de la vida militar, de la mezcla social y de la cohesión”. Luego de que Jacques Chirac abolió el SMO en 1997, el proyecto actual que, insólitamente, cuenta con el apoyo del 80% de la población, contempla un mes de servicio para hombres y mujeres de 18 a 21 años. Según Le Monde, el costo anual –unos 3.000 millones– equivale al costo de la disuasión nuclear.

Hoy, debido al temor por el terrorismo –como siempre, el miedo provocando reacciones adversas– la idea se ha expandido por Europa al punto que el Bundestag propone un nuevo concepto de “defensa civil” incluyendo el SMO aduciendo, además, que Rusia tiene explícitas aspiraciones expansionistas, tanto que los países nórdicos también están promoviendo el retorno más o menos inminente del “servicio” (¿?) obligatorio.

Es el caso de Noruega y Suecia, cuyo ministro de Defensa parece dispuesto a promoverlo en 2019. España es distinta. Después de que José María Aznar eliminó la conscripción obligatoria en 2001 en oposición al Ministerio de Defensa, hoy prevalece la idea de que un ejército profesional es mejor alternativa.

Ahora, dice Alberto Medina Méndez que, aun suponiendo que las razones esgrimidas fueran legítimas, el hecho de conseguirlo a expensas de sojuzgar a los demás, exime de comentarios adicionales: aquello “impuesto por medio de la coacción no puede ser bueno… o no precisaría de semejante atropello”.

Por su parte, según el profesor colombiano Mario Madrid-Malo Garizábal, para el derecho internacional consuetudinario la esclavitud es el estado o la condición de una persona sobre la que se ejercen cualquiera de las potestades inherentes al derecho de propiedad o de dominio. El artículo 7, 2., c) del Estatuto de la Corte Penal Internacional entiende por esclavitud “el ejercicio de los atributos del derecho de propiedad sobre una persona, o de algunos de ellos”.

Según el derecho internacional, existen prácticas análogas a la esclavitud tradicional como el trabajo infantil, el reclutamiento de niños como combatientes, la trata de mujeres y de niños, la servidumbre por deudas y la servidumbre conyugal. En ese catálogo falta, por cierto, una modalidad de esclavitud: el servicio militar obligatorio. Ahora, la causa de tal omisión fue explícitamente redactada por los interesados –los políticos y burócratas estatales que viven de la inimputabilidad del Estado– y se halla en el artículo 8°, 3., c) II) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, norma en la cual se establece que el SMO no se considerará como trabajo forzoso.

En fin, remata Madrid-Malo Garizábal, diciendo sobre el servicio obligatorio que de su horrendo carácter y de sus efectos perniciosos hablan claro las estadísticas sobre suicidio y enfermedad mental entre las personas sometidas.

 

Alejandro A. Tagliavini es ingeniero graduado de la Universidad de Buenos Aires. Ex Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California y fue miembro del Departamento de Política Económica de ESEADE.

“Hay que cambiar las leyes que permiten la corrupción sindical”

Por Alberto Benegas Lynch (h). Publicado el 6/2/18 en: http://www.visionliberal.com.ar/nota/4882-hay-que-cambiar-las-leyes-que-permiten-la-corrupcion-sindical/

El problema son las leyes que sustentan el sistema fascista de los sindicatos

Una sociedad libre, aquella en donde se respetan las libertades y los derechos, donde la responsabilidad individual prima; promueve el derecho a asociarse o no, el derecho reunirse en torno a clubes, asociaciones y sindicatos es uno de sus postulados básicos. Los individuos podrán formar diversas asociaciones para cualquier fin que estimen conveniente, siempre y cuando no se vulneren los derechos de terceros.

Sin embargo, esta premisa no se cumple siempre y, lejos parece haber quedado esta expresión social, dando lugar a sistemas de coerción y corrupción, que con procedimientos violentos e intimidatorios pretenden marcar el rumbo del gobierno, sacando el mayor provecho a unos beneficios no ganados, perjudicando severamente a sus asociados.

Argentina dista mucho de tener un modelo sindical liberal. En un país donde los sindicatos parecen tomar más fuerza con el cambio de gobierno, existe un perverso proteccionismo hacia dichos grupos violentistas, quizá por miedo a enfrentarse a ellos o quizá porque los gobiernos necesitan de los sindicatos para continuar realizando reformas cómodamente.

Visión Liberal conversó con Benegas Lynch, para quien “todos los gobiernos civiles de distintos partidos y militares apuntaron a usar el movimiento obrero en provecho propio. Por eso es por lo que no abrogan la ley de asociaciones profesionales y convenios colectivos y la figura de la “personería gremial” que otorga el monopolio de la representación que introdujo Perón, junto al curro de las obras sociales que implantó Onganía y los ya tradicionales agentes de retención para manipular el fruto del trabajo ajeno. En otros términos, se necesitan sindicatos libres y voluntarios que por ahora no tenemos”.

Por otro lado, gracias a la manipulación de los sindicatos, a sus huelgas y piquetes constantes reclamando derechos que no les corresponden, que según una encuesta de la consultora Giacobbe y Asociados el sindicalismo argentino tiene un 81,6% de imagen negativa (marzo 2017). Pero, además, un 14,1% tiene una percepción “regular” de dicho sector. Tan solo un 3,4% ve con buenos ojos la gestión sindical en el país. La investigación revela que “corruptos” es la palabra con la que la mayoría de los encuestados asocia a los dirigentes gremiales.

Para Benegas Lynch (h) “las huelgas deben ser entendidas como el derecho a no trabajar en cualquier momento siempre y cuando se cumplan los preavisos estipulados si los hubiere. Pero el derecho a huelga no es la intimidación y la violencia que no permitan que otros ocupen puestos de trabajo. Una cosa es el derecho a no trabajar y otra bien distinta es imponer situaciones a otros contra la voluntad de los destinatarios. En el caso de procedimientos intimidatorios y violentos cuando se confunden con la huelga está implícita la equivocada idea de que constituye un procedimiento para elevar salarios”.

En el caso argentino, el sindicalismo argentino se sustenta en un sistema coactivo a través de la figura de la personería legal. Los dos pilares del sindicalismo recaen en: la personería gremial que reconoce un solo gremio por actividad y las obras sociales que da a los sindicatos el manejo de la salud de los afiliados. Esto, para Alberto Benegas Lynch es un régimen “de tanto en tanto se detienen a sindicalistas corruptos, pero hasta el momento no se han modificado las leyes que dan sustento a este sistema fascista de representación coactiva. Limitarse a arremeter contra la corrupción sindical fascista concentra la atención en los efectos, pero si no se abroga la legislación autoritaria, quedan sin tocar las causas del fenómeno”.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa. Es Asesor del Institute of Economic Affairs de Londres

El ajuste “salvaje” anunciado es 0,47% de la masa salarial del sector público

Por Roberto Cachanosky. Publicado el 31/1/18 en: http://economiaparatodos.net/el-ajuste-salvaje-anunciado-es-047-de-la-masa-salarial-del-sector-publico/

 

¿En cuánto contribuye a bajar el déficit fiscal las medidas anunciadas por el presidente Macri?

Sin duda los anuncios de reducción de gasto público que realizó el presidente Macri el lunes, apuntan en la dirección correcta. Si bien da para el debate el hecho de que parientes de funcionarios públicos no puedan ocupar puestos en el estado, lo cierto es que con el kirchnerismo el nepotismo era un escándalo y Cambiemos estaba copiando parte de esa mala costumbre. Digamos que la medida es una discriminación, ya que si yo fuera funcionario y un sobrino mío consiguiera un puesto por su capacidad y sin mi influencia, quedaría marginado solo por ser pariente. La medida se entiende solo como señal de frenar el nepotismo de los últimos años, pero no sé si debiera ser algo permanente. Hoy es una señal de comportamiento ético del gobierno de turno con esta medida. Se compromete a que no haya nepotismo, al menos a nivel nacional.

Respecto a los números veamos el impacto en cuanto al nivel de baja del gasto público. Si la reducción del gasto en salarios de funcionarios políticos es de $ 1.500 millones, como lo indicó el presidente, esto significa una reducción del 0,47% de la masa salarial de la Administración Pública Nacional que, según el presupuesto 2018, tiene previsto pagar sueldos entre la Administración Central, los Organismos Descentralizados y las Instituciones de la Seguridad Social, por $ 319.128 millones. El ahorro sobre el gasto público total de la Administración Pública Nacional, que es de $ 2,9 billones, es del 0,052% del gasto total.

¿En cuánto contribuye a bajar el déficit fiscal las medidas anunciadas por el presidente Macri? El déficit fiscal, incluyendo los intereses de la deuda, como corresponde medirlo, fue del 5,9% de PBI en 2016 y del 6,1% del PBI en 2017. Los $ 1.500 millones de ahorro en sueldos de funcionarios políticos son equivalentes al 0,012% del PBI proyectado por el gobierno para 2018 y del 0,015% del PBI del PBI de 2017, tomando los datos del presupuesto 2018. Es decir, lejos se está de una reducción mínimamente significativa del déficit fiscal salvo que esto que se anunció hoy continúe en el tiempo. Es decir, que estas reducciones de gasto público, no solo en salarios, se vayan extendiendo en otros rubros del gasto público a lo largo de los años.

Recordemos también que lo anunciado por el presidente es como volver al 10 de diciembre de 2015 cuando asumió.

Cuadro 1

En efecto, como puede verse en el Cuadro 1, la estructura de la Administración Central aumentó un 18,2% entre 2015 y 2016. Si bien ahora hay un par de ministerios menos, reducir un 25% los cargos, si va acompañado con una reducción de la estructura del estado en el mismo porcentaje es casi como volver al punto de partida. Es decir, al nivel de estructura burocrática que dejó el kirchnerismo, que a su vez, ya había crecido enormemente respecto a 2003, momento en que ya el gasto público era alto. Por ejemplo, en 2003 había 12 ministerios, con el kirchnerismo treparon a 18 y con Cambiemos llegaron a 23  para luego bajar a 21. Siempre de acuerdo a datos de CIPPEC, en 2003 había 67 organismos descentralizados, en 2015 88 organismos y en 2016, 87. En 2003 había 44 empresas públicas, en 2015 habían trepado a 55 y en 2016 a 56. Es decir, el estado fue creciendo sistemáticamente incluso desde la primera Constitución Nacional de 1853/60 que establecía 5 ministerios. Con Roca se hace una reforma Constitucional y los eleva a 8 ministerios y hoy día la Constitución no marca cuántos ministerios puede haber. Quedó a gusto del gobierno de turno, lo cual hace que la estructura estatal no tenga diques de contención institucionales.

El kirchnerismo dejó un descalabro fiscal fenomenal con un déficit fiscal récord. Cambiemos profundizó ese problema en sus primeros 2 años de mandato incrementando el empleo público y la estructura estatal. Ahora vuelve hacia el punto de partida pero, aunque no luzca simpático decirlo, es fenomenal el nivel de esfuerzo fiscal que hay que hacer para tener una reducción del déficit a niveles manejables. Aclaremos que, además, el problema de fondo no es el déficit fiscal sino el nivel de gasto público. No es solo cuestión de cerrar las cuentas fiscales, sino de no ahogar al sector privado con mayor carga tributaria.

De los 4 mecanismos que tiene el estado para financiar el gasto público: 1) impuestos, 2) deuda interna, 3) deuda externa y 4) emisión monetaria, el gobierno está utilizando los 4 y aun así no pueden terminar de controlar el déficit fiscal. En definitiva, sin desmerecer la buena señal que ha dado el gobierno al controlar el gasto en los cargos políticos, de la modesta baja del gasto público que proponen, pero baja al fin, mi único punto es que esto es claramente insuficiente para dominar el fenomenal lío dejado por el kirchnerismo. El desmadre es muy grande y requiere de una audacia fenomenal para controlarla. Ahora, si esta baja del gasto se continúa en el tiempo, es decir, en varios años más, junto con otras medidas adicionales, vamos a estar en el camino adecuado, por más que el kirchnerismo y los progres hablen de ajuste salvaje por una baja del 0,47% de la masa salarial estatal. Entonces, los inversores empezarán a prestarle atención a la Argentina y podemos llegar a empezar a torcer 70 años de lacerante decadencia económica.

 

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE

¿Se terminó la inacción fiscal?

Por Adrián Ravier.  Publicado el 31/1/18 en: https://www.infobae.com/opinion/2018/01/31/se-termino-la-inaccion-fiscal/

 

Las bajas de subsidios no tienen como fin bajar el gasto consolidado, sino que se destinan a otros incrementos de gastos como ya ha pasado en los dos años anteriores

En sus dos primeros años de gobierno, Mauricio Macri desarrolló avances graduales pero importantes en distintos ámbitos, pero prácticamente todo el arco de analistas destacó su inacción fiscal. Ni los impuestos, ni el gasto público, ni el déficit fiscal han bajado realmente.

Cambiemos se defiende. Después de las elecciones se dieron cuatro noticias relevantes: se sobrecumplieron las metas fiscales; se acordó un pacto fiscal con las provincias; continúa la baja del gasto al quitar subsidios a los servicios públicos, con sus consecuentes tarifazos en electricidad y gas; se recortará uno de cada cuatros cargos políticos del Poder Ejecutivo Nacional y durante 2018 los funcionarios no van a tener aumentos de sueldo para acompañar la inflación.

El mensaje, sin embargo, es bastante engañoso. Si bien las metas fiscales redujeron el déficit fiscal primario en relación con el PIB de 4,3% en 2016 a 3,9% en 2017, esto no contempla los intereses de deuda que se incrementaron en el mismo plazo del 1,6% al 2,2% del PIB. Con esta información el déficit fiscal financiero se incrementó entre 2016 y 2017 de 5,9% al 6,1% del PIB.

A este saldo habría que agregar también el déficit fiscal de las provincias estimado en 0,9% del PIB. Es por ello que el Gobierno enfatiza en la importancia del consenso fiscal en el que nación se compromete a ceder a las provincias 45 y 75 mil millones de pesos en 2018 y 2019, con la provincia de Buenos Aires como principal beneficiaria. Lo que el pacto fiscal nos está diciendo es que el esfuerzo por reducir el déficit de las provincias también proviene de nación con nuevas transferencias, y no de las jurisdicciones locales.

Al respecto, si bien continúan las quitas de subsidios, es precisamente ese dinero el que nación utilizará para ceder a las provincias por el pacto fiscal. En otros términos, las bajas de subsidios no tienen como fin bajar el gasto consolidado, sino que se destinan a otros incrementos de gastos como ya ha pasado en los dos años anteriores. Recordemos que solo en 2017 las quitas de subsidios económicos fueron de 65.500 millones de pesos, pero los subsidios sociales subieron en 82.300 millones de pesos.

La medida de hoy que recorta cargos y congela sueldos de funcionarios públicos de nación desde luego que va en el buen sentido de corregir el rojo fiscal, pero su impacto cuantitativo es marginal. El ahorro estimado en 1500 millones de pesos que comunicó hoy el presidente Mauricio Macri representaría apenas el 0,012% del PBI.

La noticia, sin embargo, debe tomarse como un gesto bien intencionado en el sentido de mostrar que los esfuerzos fiscales comienzan por casa, previo a un año de negociaciones paritarias de las que depende corregir los desequilibrios fiscal y monetario.

Si concluyó o no la inacción fiscal, es algo que sabremos en los próximos meses. Bien haría a esta Argentina que las provincias y los municipios replicaran el gesto o que la provincia de Buenos Aires aprovechara los nuevos recursos del pacto fiscal para reducir los ingresos brutos que tanto preocupa al oficialismo. Lo cierto es que en materia de impuestos tampoco ha habido avances, considerando que la reforma tributaria tiene impacto nulo de cara al presente y marginal recién después de 2020.

 

Adrián Ravier es Doctor en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Master en Economía y Administración de Empresas por ESEADE. Es profesor de Economía en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa y profesor de Macroeconomía en la Universidad Francisco Marroquín.

Democracias y democracias

Por Alejandro A. Tagliavini. Publicado el 31/1/18 en: https://elnuevodiario.com.do/democracias-y-democracias/

 

Días atrás dio la vuelta al mundo la muerte de Ingvar Kamprad que había nacido en una comarca rural sueca en 1926. Me llamó la atención cómo lo llamó María Fluxá en El Mundo de Madrid: “el hombre que al crear IKEA democratizó el diseño”.

Kamprad creó en 1943 una compañía que “democratizó” el diseño y que hoy consume el 1% de la madera que se comercializa en el globo.

Llegó a ser uno de los hombres más ricos del mundo (una fortuna de US$ 46.300 millones) vendiendo muebles originales y económicos.

Para IKEA, los clientes desempeñan un papel fundamental: la empresa empaqueta los productos, pero el comprador debe armarlos y, entonces, recibe las herramientas para montarlos.

A ver. Siempre nos han dicho que democracia era elegir por voto popular al gobierno, aunque luego éste imponga por la fuerza impuestos y leyes que no nos gustan, y ni que hablar de aquellos que no los votan y luego tienen que soportar leyes que no quieren.

Parece que ahora “democracia”, según este concepto de Ikea, es poner al alcance de una mayoría popular algo que antes era para pocos. No sé.

Pero me gusta es eso de que los clientes son los que mandan, esa “democracia” del mercado donde los usuarios imponen los productos y servicios que prefieren, como cuando con el comando del televisor “votan” por un programa u otro, aumentando o bajando el rating, y con ello despidiendo o encumbrando artistas.

Me gusta que el público, el cliente mande sin que se le impongan coactivamente ni leyes ni impuestos. Precisamente para eludir estos impuestos y que la empresa –“democrática”- fuera viable, Kamprad vivió en Luasana, Suiza, durante 40 años. Además, Ikea, hoy tiene sus bases fiscales en Holanda, Liechtenstein, Suiza y Luxemburgo a través de una estructura corporativa -Inter Ikea Holding- cuyo propietario es una fundación.

Comenzó siendo una empresa que solo vendía por correo. Recién en 1958 abría una tienda en Älmhult, la primera de las 412 que existen hoy en el mundo. Ahora, esto de vender sin locales físicos, en plan de ahorrar costos, me recuerda a Amazon cuyo éxito probablemente no descansa solo en el hecho de ser de una puntocom sino en que ahorra al no tener tiendas físicas, que suelen estar apresadas por regulaciones e impuestos estatales.

Ahora Amazon, el conglomerado Berkshire Hathaway y el banco JPMorgan Chase, anunciaron otra “democratización”, el lanzamiento de una nueva compañía de salud que apunta a reducir los costos. Una firma independiente dirigida inicialmente a los empleados y sus familiares, por lo que, en su primera etapa, ya alcanzaría a millones de beneficiarios, a los que se les proveería cobertura médica “a un costo razonable”.
El proyecto está en su fase inicial, pero ya causó conmoción en la industria sanitaria. La posibilidad de que el gigante del comercio electrónico, y sus socios, tome el control de la distribución de los medicamentos recetados ha causado que empresas del sector registren caídas importantes.
“Los costos de la atención médica actúan como un gran parásito para la economía”, dijo el presidente de Berkshire Hathaway, Warren Buffett.

Este nuevo proyecto apunta a “democratizar” la cobertura médica hoy demasiado costosa debido al excesivo peso del Estado en el sector. Si bien, en primera instancia los beneficiarios serán los empleados y familiares, el CEO de JPMorgan, señaló que la meta son todos los estadounidenses.

 

Alejandro A. Tagliavini es ingeniero graduado de la Universidad de Buenos Aires. Ex Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California y fue miembro del Departamento de Política Económica de ESEADE.