El grave error de confundir lo intelectual con lo político

Por Alberto Benegas Lynch (h) Publicado el 7/12/19 en: https://www.infobae.com/opinion/2019/12/07/el-grave-error-de-confundir-lo-intelectual-con-lo-politico/

 

Casa Rosada (iStock)

Casa Rosada (iStock)

En esta nota periodística planteo un tema que estimo muy fundamental pero que muchas veces se pasa por alto y no se le otorga la suficiente entidad. Son frecuentes las airadas protestas por lo que dicen y, sobre todo, por lo que hacen los políticos en funciones. La crítica es desde luego necesaria al efecto de corregir desvíos y abusos, pero no se contempla que el político procede conforme a lo que conjetura que la gente entiende y comparte, por lo menos es lo que anuncia. No puede proceder en otra dirección, pues si comienza a decir y hacer lo que nadie entiende ni mucho menos comparte estará perdido como político. No se sostiene el funcionario que opera a contramano de lo que la opinión pública demanda.

Como queda dicho, si un político comienza a pontificar desde la tribuna sobre asuntos que los destinatarios no comprenden ni aceptan, su final inexorablemente será el fracaso y se verá obligado a dejar el cargo.

Si las cosas son así, el enfoque debe ser la batalla cultural para modificar el pensamiento dominante y comprender y aceptar otras ideas. Solo así el político podrá cambiar su discurso. El político está determinado a recurrir a un lenguaje y a conceptos que se mantienen en un plafón de máxima y mínima. Si se sale por arriba o por debajo de esas marcas, sus días como político estarán contados. Y resulta de gran importancia percatarse de que el antedicho plafón está siempre configurado por las ideas que flotan en la opinión pública y, a su vez, estas ideas provienen de un territorio completamente distinto: del plano intelectual, que comienza en cenáculos reducidos y cuando se va ampliando va tocando segmentos cada vez mayores hasta que el mensaje le llega al político que, para ser exitoso, debe adoptar los nuevos criterios originalmente concebidos y promovidos por intelectuales.

Con mucha razón John Stuart Mill ha escrito que “todas las buenas ideas pasan por tres etapas: la ridiculización, la discusión y la adopción”. Miremos a nuestro alrededor y comprobaremos que antaño si alguien hubiera dicho que la telefonía operaría sin cable, que aparecerían aparatos que denominaríamos robots, que aparecerían máquinas que vuelan que llamaríamos aviones, Internet, que enfermedades consideradas incurables se curarían, que podría trabajarse la estructura genética de alimentos para reproducirlos exponencialmente y tantísimas otras cosas que siempre están primero en la mente de alguien que generalmente es considerado un demente hasta que la idea se aplica y entonces se toma como algo dado y natural como si siempre hubiera estado presente.

Entonces sobre la base de este cuadro de situación lo que debe mirarse con suma atención es la batalla cultural, puesto de de allí emana todo. La faena política obliga al pragmatismo y a la negociación para poder funcionar en democracia. Los puentes y los consensos son indispensables puesto que no se puede imponer lo que se cree a las otras partes sin caer en una dictadura. En este plano no hay más remedio que “tragarse sapos”. Sin embargo, en el campo intelectual no hay ningún “sapo que tragarse” puesto que se trata de marcar el rumbo. Si, por ejemplo, un liberal asume el gobierno debe pedir, reclamar y exigir críticas de sus compañeros de ruta al efecto de poder acercarse a su ideario pero de ningún modo puede actuar como le gustaría, debe adaptarse al clima de la opinión pública. Por otra parte, un intelectual pragmático es un oximoron: el intelectual está obligado siempre a expresar lo mejor, a subir la vara y nunca adaptarse ni negociar frente a lo que otros demandan; lo contrario es un impostor. Nada hay más triste que observar a supuestos intelectuales que la juegan de políticos, quienes al no ser lo uno ni lo otro se convierten en embaucadores que buscan afanosamente un cargo en el gobierno de turno pero finalmente son repudiados en ambos andariveles.

Hay la malsana costumbre de considerar al político como un “dirigente”. En verdad no dirige nada, es dirigido por la opinión pública lo cual no niega el hecho de que hay políticos que a través de la historia han sabido ubicarse con el apoyo de lo mejor de la opinión pública y muchos otros con lo peor, pero en todos los casos no resulta posible proceder a espaldas de lo que la gente comprende, y reiteramos la comprensión viene de la mano de los esfuerzos educativos que llevan a cabo los intelectuales (para bien o para mal según la tradición de pensamiento a la que adhieran). Mucho menos aceptable es la expresión “líder” que remite al Duce y al Führer y que en la práctica es aquel que explota lo peor de la opinión pública. La palabra adecuada es “referente” pero en rigor se aplica a intelectuales que abren caminos y amplían horizontes y no a políticos que, como decimos, deben adaptarse a los reclamos de la gente para seguir en funciones.

El intelectual que abdica de su rol y formula propuestas que sabe no apuntan a lo mejor para ser “políticamente correcto” tiene que saber que los políticos están embretados en la necesidad de negociar y si apuntan al techo -esto es a lo óptimo como deben- la negociación en la esfera política hará que el debate se ubique en la mitad de la pared, pero si el pseudointelectual apunta a la mitad de la pared, inmediatamente las negociaciones políticas harán que la propuesta se ubique en el zócalo.

Como apuntamos al comienzo, no es que no deba criticarse a los políticos en funciones, muy por el contrario es una faena sumamente higiénica y necesaria para intentar que, dado el clima cultural vigente, se saque la mejor partida de lo que puede hacerse ya que la clientela electoral no es nunca uniforme, pueden y deben aprovecharse los fragmentos de lo que se estima son buenos proyectos y evitar caer en las fauces de los que propugnan retrocesos.

Se repite la perogrullada de que “la política es el arte de lo posible” lo cual es evidentemente cierto, no se puede ir más lejos de lo que al momento se acepta. Por ello es que en esta instancia del proceso de evolución cultural el político en democracia está obligado a tejer y zurcir acuerdos con las distintas representaciones políticas, no puede ni debe operar en base a su propio grupo sin atender los otros. Pero lo curioso es que hay quienes pretenden otra cosa en el campo político sin interiorizarse de lo que ocurre en el plano educativo. Les parece que la educación es otra cosa sin ver que precisamente es en eso que hay que trabajar si se desea que la política cambie su fisonomía.

Reiteramos que esto no quiere decir que no haya políticos incapaces de extraer el máximo fruto de lo que existe y, por tanto, desperdician oportunidades muy valiosas. Desafortunadamente hay muchísimos casos de estos. Pero al efecto de ilustrar nuestro tema es bueno centrar la atención en el significado de la educación que no consiste en trasmitir cualquier cosa en cualquier sentido sino la trasmisión de valores y principios consistentes con el respeto recíproco, en eso estriba la conducta civilizada. Como es sabido, la etimología de educar proviene de la acepción latina ex ducere que remite a sacar de dentro, desarrollar las potencialidades de cada uno en el contexto señalado.

Si hemos comprendido estos puntos clave, entonces solo queda que cada uno contribuya con sus estudios y la correspondiente difusión de los valores que conducen al respeto recíproco. ¿O es que se preferirá la actitud cómoda de seguir parlando livianamente de los políticos agazapados en el poder o de coyunturas más o menos irrelevantes? Concretamente el examen de conciencia diario debería ser el preguntarnos que hicimos durante la jornada para modificar de raíz la situación.

Para sacar y guiar las máximas potencialidades de las características y condiciones de cada uno como ser irrepetible y único en la historia de la humanidad, es menester contar ante todo con un sistema competitivo y abierto en el que se aprovechen del mejor modo posible los conocimientos disponibles en un proceso de prueba y error puesto que nadie tiene una receta de lo que todos deben hacer. Hay muchas maneras de proponer conocimientos en el contexto de corroboraciones siempre provisorias abiertas a posibles refutaciones. Entonces el peor escenario es contar con ministerios o reparticiones oficiales que impongan desde el vértice del poder estructuras curriculares o pautas para todos los establecimientos educativos, puesto que el oxígeno y las puertas y ventanas abiertas de par en par es requisito indispensable para el progreso científico y el consiguiente nivel de excelencia.

Una vez comprendido lo anterior, es importante percatarse de que las personas que nunca vieron una planilla fiscal son las que más pagan impuestos cuando los contribuyentes de jure se hacen cargo de altos gravámenes, puesto que al contraer sus inversiones disminuyen las tasas de capitalización que es la única causa de salarios e ingresos en términos reales, por tanto, el peso principal de los tributos recae sobre los contribuyentes de facto, los más pobres ya que un peso para un pobre no tiene el mismo significado que un peso para un rico.

Habiendo dicho lo anterior, se sigue que no hay tal cosa como educación gratis y que las instituciones estatales de educación constituyen una injusticia y una carga para las personas más pobres. Como la denominada “educación gratuita y estatal” es la vaca sagrada del momento, puede que la ficción continúe pero alguna vez será necesario hacer un alto en el camino y vislumbrar que se basa en falacias sustanciales y que no puede educarse para libertad y la independencia de criterio en base a la coacción, lo cual se acerca en definitiva al adoctrinamiento que es la antítesis de la educación en cuya situación se termina enseñando en que debe pensarse en lugar de ejercitarse en como pensar, a cuestionar y a criticar.

Proteger y cuidar las características educativas es el prerrequisito para liberar energías creativas que cambien el clima político opresivo. Cuando se declara que determinados fulanos deben “juntarse para ver que país queremos” se están sentando los cimientos para el establecimiento de un sistema autoritario puesto que solo la más amplia libertad puede producir resultados de excelencia. En esta línea argumental, cito una vez más al marxista Antonio Gramsci que desde el otro lado del mostrador tenía mucha razón al aconsejar que se “tome la cultura y la educación, el resto se da por añadidura”.

Los hay quienes con la mejor buena voluntad confunden lo intelectual con lo político y carecen de cintura política por lo que pretenden dejar de lado lo que en realidad sucede y abandonan los territorios que cuentan con mayor apoyo electoral para defender lo defendible al momento, por ejemplo, la libertad de prensa y la independencia de la Justicia aunque en lo demás dejen mucho que desear. Es que lo primero es primero: si esto no se apuntala, nada de lo demás resulta posible con lo que los desubicados políticamente se estrellan una y otra vez contra la pared, sobre todo si ambicionan la presidencia en lugar de algo más modesto y efectivo que es concentrarse en las legislaturas mientras se abren posibilidades de continuar con la batalla cultural. Como consigna Anthony de Jasay, “no es imposible poner la carreta delante de los caballos, pero es poco práctico”.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa. Es miembro del Comité Científico de Procesos de Mercado, Revista Europea de Economía Política (Madrid). Es Presidente de la Sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, miembro del Instituto de Metodología de las Ciencias Sociales de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, miembro del Consejo Consultivo del Institute of Economic Affairs de Londres, Académico Asociado de Cato Institute en Washington DC, miembro del Consejo Académico del Ludwig von Mises Institute en Auburn, miembro del Comité de Honor de la Fundación Bases de Rosario. Es Profesor Honorario de la Universidad del Aconcagua en Mendoza y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Lima, Presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso y miembro del Consejo Asesor de la revista Advances in Austrian Economics de New York. Asimismo, es miembro de los Consejos Consultivos de la Fundación Federalismo y Libertad de Tucumán, del Club de la Libertad en Corrientes y de la Fundación Libre de Córdoba. Difunde sus ideas en Twitter: @ABENEGASLYNCH_h

Capital e Ideología, el nuevo libro de Piketty, donde plantea un socialismo «participativo». Paco Capella lo critica

Por Martín Krause. Publicado el 6/12/19 en:  https://bazar.ufm.edu/capital-e-ideologia-nuevo-libro-piketty-donde-plantea-socialismo-participativo-paco-capella-lo-critica/

 

Mi buen amigo Paco Capella tuvo la paciencia de considerar los comentarios de Piketty sobre su nuevo libro. Aquí van los primeros párrafos:

El texto completo: https://www.juandemariana.org/ijm-actualidad/analisis-diario/thomas-piketty-contra-el-capitalismo-y-la-propiedad-privada

Cuenta Thomas Piketty en esta entrevista que en su libro Capital e ideología estudia las ideologías que han justificado las desigualdades, con especial atención a la propiedad privada como causante fundamental. Quiere “superar” el capitalismo y la propiedad privada: no “abolir” o “suprimir”, que suenan mal, sino “superar”, porque suena bien y sería retrógrado oponerse a algo que suena bien. No a lo negativo, sí a lo positivo.

Defiendo un sistema de socialismo participativo. También se puede hablar de economía participativa o circular. La idea es que necesitamos la participación de todos, no solo en la vida política, sino también en la económica. No puede haber una hiperconcentración del poder en un número reducido de personas. El poder debe circular.

Un socialismo participativo es un absurdo contradictorio. El socialismo se caracteriza por la propiedad pública (estatal) de los medios de producción: el poder se concentra de forma absoluta en los planificadores centrales, lo que casa mal con la participación de otros agentes no estatales, y peor con la participación de todos. Como mucho en un socialismo democrático se puede permitir a los ciudadanos elegir quiénes serán sus gobernantes, y una vez elegidos estos tendrán todo el poder. Piketty abusa del término “socialismo”, le añade un “participativo” y el engendro significa que todo el mundo tenga suficiente capital pero no demasiado, traspasándolo por la fuerza de quienes tienen más a quienes tienen menos.

Piketty se opone a la hiperconcentración del poder económico en unos pocos multimillonarios, pero no parece tener problemas con la hiperconcentración del poder político de los Estados en unos pocos gobernantes. Afirma que el poder debe circular, pero se refiere solamente a la riqueza, y oculta que lo que propone es una circulación forzada de quienes la han producido (o recibido como regalo) a quienes no lo han hecho.

… el capitalismo hoy es diferente al del siglo XIX. El capitalismo puro consistiría en concentrar todo el poder en los propietarios y los accionistas, poder despedir a quien uno quiera y cuando quiera, o triplicar el alquiler al inquilino de la noche a la mañana. Un capitalista del siglo XIX vería como una herejía las reglamentaciones actuales para limitar los derechos de los propietarios.

El capitalismo simplemente permite la propiedad privada de los medios de producción. El propietario concentra todo el poder sobre su propiedad, pero a cambio no tiene ningún poder sobre la propiedad ajena: el poder en realidad está diluido entre los individuos porque todos pueden ser propietarios, y todos lo son al menos de su propio cuerpo y su capacidad de trabajo. La propiedad privada es la mejor defensa contra los abusos de los poderosos porque en la propiedad manda cada dueño, y los demás pueden proponer intercambios pero no imponerlos. Algunos propietarios muy ricos pueden tener más bienes y riqueza que otros, pero en un sistema de mercado libre seguramente es porque son responsables de su producción y no se la han quitado a nadie.

El capitalismo no defiende poder despedir a quien uno quiera cuando quiera sino tener libertad contractual, y los contratos laborales voluntariamente pactados por las partes especifican las condiciones en las que se puede o no despedir a un trabajador. En algunos casos tal vez no sea necesaria ninguna justificación, notificación previa o compensación por el despido, igual que el comprador de un bien o servicio que no tenga ningún compromiso contractual no tiene por qué justificar al vendedor si deja de intercambiar con él.

Los precios de alquiler en el mercado libre se reflejan en contratos de cierta duración predeterminada, de modo que no pueden ser modificados sin más durante su duración; al terminar el contrato las condiciones deben ser negociadas de nuevo, y ninguna parte puede imponerle unilateralmente nada a la otra. Lo del aparente escándalo de triplicar el alquiler a un inquilino es algo entre raro o imposible de lo cual obviamente no ofrece ningún ejemplo real porque es demagogia torpe y barata.

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade). Síguelo en @martinkrause

El Martín Fierro como primera gran denuncia de la corrupción argentina

Por Carlos Newland: 

 

El Gaucho Martín Fierro (1873) de José Hernández busca reflejar la mentalidad y las condiciones de vida de habitantes rurales del siglo XIX. Para nosotros es una obra clásica que describe vivencias y experiencias que son comunes a los argentinos y a las sociedades de todos los tiempos.  Aquí quisiéramos destacar uno sus contenidos, la denuncia de la corrupción, entendida como el manejo que hacían ciertos funcionarios públicos en pos de su beneficio privado. Hernández se enfocó en la cuestión tal como era percibida por el gaucho bonaerense en su vida cotidiana y por ende no consideró pertinente señalar los grandes negociados de los gobiernos nacionales o provinciales, en las compras estatales o en la contratación de obra pública. Se concentró más bien en los manejos de las autoridades políticas locales y de los jefes de las unidades militares en la frontera. Ambos ámbitos afectaban significativamente la vida de los habitantes de la campaña, ejemplificada a través de la figura y desventuras del  gaucho Fierro. El cuadro que presenta parece ser razonablemente fidedigno, según puede inferirse de la interesante compilación de documentos de la época presentada por el historiador Eduardo Míguez (El Mundo de Martin Fierro, 2005).

 

El primer destinatario de las críticas de Hernández es el conjunto de los jueces de paz, autoridades locales con funciones policiales y judiciales, designados por los gobiernos provinciales. Claramente muchos de estos funcionarios se aprovechaban del poder que detentaban para obtener beneficios y hacer exacciones a costa de la población.  Para mantener sus puestos necesitaban, en primer lugar, garantizar que sus partidos fueran los ganadores en las elecciones. Para lograr este objetivo presionaban o forzaban a los paisanos bajo su jurisdicción a elegir a los candidatos de sus propios partidos. Los jueces de paz perseguían a los pobladores que no asistían a los comicios o a aquellos que aparecían portando boletas de otros partidos, y se las arrebataban. Por todo ello, según el poema, resultaban elegidos los peores candidatos:

 

Ricuerdo que esa ocasión

daban listas diversas;

las opiniones dispersas

no se podían arreglar:

Decían que el Juez por triunfar

hacía cosas muy perversas.

 

Cuando se riunió la gente

vino a ploclamarla el ñato;

diciendo con aparato

«que todo andaría muy mal;

si pretendía cada cual

votar por un candilato.»

El anhelo de Fierro era el derecho a votar libremente, así declama:  “Mande el que mande, yo he de votar a quien quiera”. Claro que cuando un individuo ejercía este derecho corría el riesgo de ser castigado y enviado a la frontera. Entre los hechos delictivos vinculados a los funcionarios estaba el de asociarse con criminales para despojar a los lugareños, así lo marca el texto:

 

Decían que por un delito

mucho tiempo andubo mal;

un amigo servicial

lo compuso con el Juez,

y poco tiempo después

lo pusieron de Oficial.

 

En recorrer el partido

continuamente se empleaba.

Ningún malevo agarraba

pero traía en un carguero,

gallinas, pavos, corderos

que por ay recoletaba.

 

No se debía permitir

el abuso a tal estremo:

mes a mes hacía lo mesmo,

y ansí decía el vecindario,

«este ñato perdulario

ha resucitao el diezmo.»

 

Otra práctica de los jueces de paz o sus asociados era la de aprovecharse de la custodia de los bienes de huérfanos mediante la designación de administradores expoliadores. Asimismo,  tenían la facultad de elegir  a aquellos pobladores destinados a la frontera. En lugar de hacerlo aleatoriamente, escogían a quienes  no consideraban de su confianza, a los que no votaban a su partido o a los que no aceptaban sus arbitrariedades.

 

La segunda instancia de corrupción se daba en los fortines. A los gauchos se los obligaba a enrolarse en la milicia, debiendo servir en unidades de la frontera durante un largo e impreciso periodo. Muchos no cobraban el sueldo estipulado, y se puede deducir que sus remuneraciones “se perdían” por alguna parte.  En el caso de Martín Fierro, no le abonaron su salario durante dos años. Por otra parte, la corrupción existente en los fortines afectaba la alimentación de los soldados. Aunque se adquirían alimentos para el rancho, los jefes hacían facturar a los proveedores por una cifra mayor a las vituallas recibidas, quedándose con la diferencia:

 

A mí no me jué tan mal

pues mi oficial se arreglaba;

les diré lo que pasaba

sobre este particular.

 

Decían que estaban de acuerdo

la Bruja y el provedor,

y que recebía lo pior…

Puede ser, pues no era lerdo.

que a más en la cantidá

pegaba otro dentellón,

y que por cada ración

le entregaban la mitá.

Y que esto, lo hacía del modo

como lo hace un hombre vivo:

firmando luego el recibo,

ya se sabe, por el todo.

 

Dentro del cuartel los oficiales y suboficiales iban sustrayendo parte de  los alimentos adquiridos para los soldados hasta que a los reclutas sólo les llegaban migajas. Con humor, dice Martín Fierro, que cada nivel militar repetía un viejo dicho popular al sustraer la comida para los milicianos “-Araña, ¿quién te arañó?   -Otra araña como yo”. Por otra parte, las autoridades militares hacían trabajar a los soldados en sus propias estancias y chacras, sembrando, haciendo corrales y construyendo con adobe. Las municiones que se adquirían para los soldados nunca terminaban siendo utilizadas para los enfrentamientos con los indígenas. Eran vendidas privadamente por los comandantes a los cazadores de la zona. A los soldados se les daban lanzas y no las armas de fuego que debían ser provistas. El comandante incluso se apropió del caballo de Fierro, un animal envidiable que se destacaba por su velocidad en las carreras. Así se resumía la corrupción en los fortines:

 

Yo he visto en esa milonga

muchos Gefes con estancia,

y piones en abundancia,

y majadas y rodeos;

he visto negocios feos

a pesar de mi inorancia.

Hernández termina solicitando que el servicio de milicia se haga con soldados contratados, debiéndose dejar de imponer a la población ese trabajo forzado: “Si el Gobierno quiere gente, que la pague y se acabó”.

 

En toda la obra domina un tono pesimista en cuanto a esta situación general. La corrupción va afectando la ética de los individuos: en el caso del Martín Fierro lo termina llevando a convertirse en criminal y posiblemente asociado a los indígenas en los malones. Poca reforma podía esperarse de la iniciativa de los gobernantes, quienes en la terminología actual eran incansables buscadores de rentas, como dice el Moreno en la payada final:

 

los que la gobiernan ven

a dónde han de dar el tajo.

le cai al que se halla abajo

y corta sin ver a quién.

 

mas yo soy un negro rudo

y, aunque de esto poco entiendo,

estoy diariamente viendo

que aplican la del embudo.

 

La ley del embudo, por la cual el que tenía poder se quedaba con todo y el que no lo tenía, con nada. El tono fatalista del poema, creemos, tiene su lado positivo: describe una situación nefasta que debía reformarse. Su permanente lectura tiene por ello una gran utilidad dada la continuidad histórica de los saqueos a los bienes públicos en nuestro país. Nos marca que debe existir un cambio no solo legal o de administración de la justicia, sino también cultural. Para lograrlo nada mejor que releer y releer nuestro gran texto nacional.

 

Carlos Newland es Dr. Litt. en Historia. Profesor y Ex Rector de ESEADE.

 

Ninguna causa justifica la tortura

Por Alberto Benegas Lynch (h) Publicado el 23/7/07 en: https://www.lanacion.com.ar/opinion/ninguna-causa-justifica-la-tortura-nid928080

 

Se debate en diversos foros la posición de Estados Unidos sobre los llamados “interrogatorios coercitivos”, al tiempo que existe el agujero negro de Guantánamo y agentes gubernamentales subcontratan torturadores en terceros países, como quedó documentado en un meduloso libro de Stephen Grey. Asimismo, la lucha antiterrorista que ha tenido lugar en buena parte de América latina sigue dando lugar a discusiones.

César Beccaria, el precursor del derecho penal, escribe: “¿Qué derecho sino el de la fuerza será el que da potestad al juez para imponer pena a un ciudadano mientras se duda si es o no inocente? No es nuevo este dilema: o el delito es cierto o es incierto; si es cierto, no le conviene otra pena que la establecida por las leyes y son inútiles los tormentos, porque es inútil la confesión del reo; si es incierto, no se debe atormentar a un inocente”. Concluye Beccaria: “No vale la confesión dictada durante la tortura”.

No se justifica la tortura en ninguna circunstancia, incluso si se conjetura que determinada persona sabe quién hará detonar una bomba, y aunque se sospeche de que es cómplice del hecho. No resulta aceptable argumentar que hacer sufrir a una persona queda compensado por las muchas vidas salvadas. Cada persona tiene valor en sí misma. La vida de una persona no se debe a otros. No cabe la pretensión de hacer balances, como si se tratara de carne en la balanza de la carnicería. El fin es inescindible de los medios. Los pasos en dirección a la meta impregnan ese objetivo. La conducta civilizada no autoriza a abusar de una persona, independientemente de lo que ocurra con otras (llevados al extremo, estos “balances sociales” conducirían a justificar dislates como el sacrificio de jubilados para que los jóvenes puedan vivir mejor). La legitimación del abuso pone en riesgo la supervivencia de la sociedad abierta, puesto que ésta descansa en pilares éticos.

Además, el ejemplo de la bomba supone más de lo que es posible suponer. Parte de la base de que el torturado posee la información, de que la bomba existe y funciona, de que el sospechoso trasmitirá la información correcta, de que la tortura se limitará a ese hecho, etcétera.

A veces se formulan interrogantes de este tipo: ¿usted no autorizaría la tortura de un sospechoso si eso pudiera salvar la vida de su hijo secuestrado? En realidad, son preguntas tramposas, como las que aparecen en las life boat situations : en caso de encontrarse en un naufragio, ¿usted acataría la decisión del dueño del bote disponible o forzaría el abordaje de toda su familia en lugar de permitir el embarque de otras personas preferidas por el titular? No es posible el establecimiento de normas de conducta civilizada extrapolando situaciones de conmoción excepcional y ofuscamiento que en ciertas circunstancias abren compuertas a procedimientos reñidos con la moral, puesto que eso significaría el naufragio de la sociedad civilizada.

En el caso del debate sobre la tortura (y en infinidad de otros casos) es útil colocarse en la posición de la minoría. Si detienen injustamente a un hijo y lo torturan, no hay forma de probar la inocencia si no se admite el debido proceso. Antiguamente, los godos, vándalos, hunos y germanos (cimbros y teutones) condujeron las “invasiones bárbaras” sobre el Imperio Romano. Se practicaba todo tipo de suplicios y finalmente se degollaba a los adultos vencidos, se sacrificaban niños a los dioses, se construían cercos con los huesos de las víctimas y las mujeres profetizaban con las entrañas de los derrotados.

En un proceso evolutivo, los conquistadores tomaban después a los conquistados como esclavos (“herramientas parlantes”, según la horripilante denominación de entonces). En la guerra moderna, se establecieron normas para el trato de los vencidos. Pero en lugar de profundizar la senda civilizada y responsabilizar a quienes producen lo que livianamente se ha dado en llamar “daños colaterales”, en lugar de eliminar la bajeza de la embrutecedora y castrante “obediencia debida”, nos retrotraemos a la barbarie de la tortura.

Michael Ignatieff escribe: “La democracia liberal se opone a la tortura porque se opone a cualquier uso ilimitado de la autoridad pública contra seres humanos, y la tortura es la más ilimitada, la forma más desenfrenada de poder que una persona puede ejercer contra otra”.

Recientemente se ha sugerido la “regulación de la tortura”, como consecuencia de la antes mencionada subcontratación de torturadores en terceros países por parte del gobierno de Estados Unidos y debido a la existencia de Guantánamo. En este sentido, se mantiene que esta regulación sería para evitar la hipocresía de la política norteamericana, que, mientras declama el Estado de Derecho, abre las puertas al abismo. Se sigue diciendo que esta regulación “mitigaría y encauzaría la tortura por carriles adecuados a las circunstancias”. Pero esto significaría la legalización del crimen. El crimen regulado no es menos criminal. No tiene gollete que se considere una aberración la tortura a ciudadanos norteamericanos mientras se estima aceptable someter a suplicios a no estadounidenses. Este modo de ver las cosas, entre otros aspectos, quita toda autoridad moral a los que pelean contra el terrorismo, puesto que adoptar procedimientos de la canallada convierte en canallas a quienes se supone que están defendiendo el derecho.

No es admisible que algunos se escuden en afirmaciones cobardes como que la guerra es siempre terrible y otras de similar calaña para justificar procedimientos aberrantes y eludir el debate. El debido proceso, en su caso el juicio sumario con todas las garantías, no puede reemplazarse por la carta blanca para torturar y matar. De este modo, eventualmente, se podrán ganar batallas en el terreno militar, pero indefectiblemente se pierden en el campo moral.

Claro que la hipocresía no sólo se encuentra en algunos de los que combaten al terrorismo, sino, como repetidamente se ha visto en distintos lares, está incrustada en ciertos personajes que alardean de proteger derechos humanos (lo que, como hemos dicho en estas columnas, constituye un grosero pleonasmo, puesto que las rosas y las piedras no son sujetos de derecho), cuando en verdad es mera pirotecnia verbal que nada tiene que ver con la justicia, al desconocer los crímenes atroces y execrables cometidos por las bandas terroristas.

Por último, el controvertido tema de la suspensión de las libertades individuales con la supuesta idea de preservar el orden jurídico. Paradójico en verdad es dejar sin efecto el derecho para salvaguardar el derecho. Otorgar visos de juricidad a aquello que es por naturaleza extrajurídico se asemeja a una ficción. No es novedosa la idea de la interrupción del derecho: viene de Roma. Se ha escrito muchísimo sobre esta delicada cuestión, pero, en todo caso, esta concepción se ha traducido reiteradamente en abusos de poder, incluyendo la tortura.

En este sentido, Ira Glasser pasa detallada revista a algunos episodios ocurridos en Estados Unidos como consecuencia de estos llamados estados de excepción. Muestra cómo la legislación sobre sedición y sobre extranjeros de 1789, la de espionaje de 1917, otra vez la de sedición de 1918 y la orden ejecutiva de F. D. Roosevelt en 1942 condujeron a grandes injusticias y severas restricciones de las libertades individuales, sin que ofrecieran mayor seguridad.

Recuerda Glasser, por ejemplo, que Ronald Reagan llamó a esta última disposición “una histeria de guerra racista”, debido a que condenó a 112.000 personas de descendencia japonesa a campos de concentración en Estados Unidos, y “ni uno de los 112.000 fue imputado de un crimen ni acusado de espionaje o sabotaje. Ninguna evidencia fue jamás alegada y no hubo audiencias”.

Hannah Arendt escribió sobre las patrañas políticas en el fiasco de Vietnam y ahora hemos visto las graves violaciones a los derechos de las personas por la aplicación de la vergonzosa ley denominada “patriota” en Estados Unidos, a raíz de las agresiones criminales del 11 de septiembre de 2001 y la invasión a Irak. Benjamin Franklin advertía: “Aquel país que renuncia a algunas libertades en nombre de la seguridad no merece ni la libertad ni la seguridad”. Curiosa es, en verdad, la estrategia de liquidar anticipadamente las libertades como defensa contra el ataque terrorista que, precisamente, pretende aniquilar las libertades.

“Para novedades, los clásicos”, reza el conocido aforismo. En nuestro caso, es pertinente recordar un pensamiento de Dante: “Todo el que pretende el fin del derecho, procede conforme a derecho. (…) Es imposible buscar el derecho sin el derecho. Formalmente, nunca lo verdadero sigue a lo falso”.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa. Es miembro del Comité Científico de Procesos de Mercado, Revista Europea de Economía Política (Madrid). Es Presidente de la Sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, miembro del Instituto de Metodología de las Ciencias Sociales de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, miembro del Consejo Consultivo del Institute of Economic Affairs de Londres, Académico Asociado de Cato Institute en Washington DC, miembro del Consejo Académico del Ludwig von Mises Institute en Auburn, miembro del Comité de Honor de la Fundación Bases de Rosario. Es Profesor Honorario de la Universidad del Aconcagua en Mendoza y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Lima, Presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso y miembro del Consejo Asesor de la revista Advances in Austrian Economics de New York. Asimismo, es miembro de los Consejos Consultivos de la Fundación Federalismo y Libertad de Tucumán, del Club de la Libertad en Corrientes y de la Fundación Libre de Córdoba. Difunde sus ideas en Twitter: @ABENEGASLYNCH_h

Renuncia vs. “golpe”

Por Gabriel Boragina. Publicado en: 

 

La renuncia de un presidente (como la de cualquier otro funcionario) no representa un quiebre o una ruptura del orden institucional, sino que forma parte de un mecanismo democrático, ya que ningún funcionario puede ser obligado a permanecer en un cargo por un determinado periodo.

Vale la pena recordar la definición jurídica de renuncia:

“Renuncia: Dimisión o dejación voluntaria de una cosa que se posee o de un derecho que se tiene. La renuncia puede también ofrecer un sentido negativo, que se manifiesta rechazando o no admitiendo una cosa o un derecho que son ofrecidos. Basta esta definición para advertir la amplísima aplicación que la renuncia presenta en el campo del Derecho, porque puede estar referida a toda clase de bienes, de derechos públicos o privados (salvo los que la ley declara irrenunciables) o de acciones procesales. | Caso frecuente de renuncia es la que se hace de los cargos públicos o de los empleos públicos o privados, y en ese sentido equivale a dimisión. En el Derecho Civil, las manifestaciones tal vez más características son las que se vinculan con el repudio de la herencia o de las donaciones. (V. REPUDIACIÓN.) Renuncia se llama también el documento en que consta esa actitud. | Desistimiento de un propósito.”.[1]

La renuncia nunca obedece a una imposición externa, sino que se ejerce siempre de manera voluntaria y se presenta no solamente dentro de un régimen democrático, ya que un dictador, un autócrata, un tirano, un rey, también pueden renunciar a sus puestos, aunque sea poco frecuente, pero han existido muchos ejemplos en la historia de tales tipos de dimisiones.

Claro que, siempre que alguien decide renunciar a algo hay una razón o una suerte de obligación interna que lo hace renunciar, pero ha de quedar en claro que dicha exigencia siempre es interna en tanto y en cuanto nace del propio individuo renunciante, es decir, es una decisión que le pertenece enteramente sin que nadie más que el mismo le constriña a tomar.

En Derecho Político, a la renuncia se le opone el derrocamiento, cuya definición jurídicamente transcribimos a continuación:

“Derrocar: Despeñar o lanzar desde una roca, antiguamente practicado como pena para eliminación de defectuosos. | Destronar a un rey. Derribar a un gobierno. Substituir a un régimen por la fuerza, por una revolución o golpe de Estado. (L. Alcalá-Zamora).”[2]

La renuncia siempre es un acto voluntario, nunca forzado. La “renuncia forzada” es un contrasentido. El desplazamiento impuesto del poder no es una “renuncia” del desalojado, es simple y llano derrocamiento, el cual implica un cierto grado de resistencia del derrocado (total o parcial) a ser eliminado del poder.

Las diferencias entre uno y otro son múltiples, ya que la renuncia se puede retractar por parte del renunciante, en cambio que el derrocamiento no depende de la voluntad del derrocado por lo que -obviamente- no puede desistirse por parte de este, ya que es un acto ajeno a su decisión.

Si -por caso- como se escucha a veces, un jefe de estado declara “renuncio al cargo para evitar un baño de sangre” es una declaración implícita de que está reconociendo que ha perdido el apoyo del pueblo, al menos en grado suficiente como para no asegurarse que las fuerzas “rebeldes” puedan ser vencidas por un pueblo que ya no lo sostiene. Digamos que estas son las razones para su renuncia, que no deja de ser tal porque podría adoptar la actitud contraria si sospechara que aún conserva sustento mayoritario que le permita persistir en la función. De no ser así, no hay ni “golpe de estado”, ni “revolución”, ni -por lo tanto- derrocamiento alguno.

La “renuncia bajo amenaza” sigue siendo -no obstante- un acto voluntario (no compelido) porque el ultimátum puede ser infundado, falso o de cumplimiento imposible. Y, nuevamente, si el amenazado se considera suficientemente fuerte y respaldado por sus partidarios haría caso omiso a la renuncia, se limitaría a ignorarla y continuaría ejerciendo su investidura confiado en el sostén de que sus fuerzas le serán leales.

Para este análisis debemos tener presente que, estamos convencidos que, tanto las fuerzas de seguridad como las fuerzas armadas forman parte del pueblo y no son cuerpos extraños al mismo como habitualmente se cree tanto en la prensa como a nivel popular. No existió absolutamente ningún “golpe de estado” que fuera perpetrado exclusivamente por un sector del pueblo sin soporte del resto, ya que sin este amparo mayoritario ningún gobierno -por muy de facto que sea- podría haberse mantenido en el poder durante mucho tiempo. La mayoría gobierna siempre, sea por acción o por omisión. Aunque suene paradójico, cuando “gobierna” por omisión implica tanto el permitir que cierta minoría la gobierne, de la misma manera que un esclavo (o conjunto de ellos) pudiendo rebelarse, por poseer mayor fuerza que su amo, prefiere obedecerle. Porque piensan que así les será más conveniente y más llevadera su actual o futura existencia.

De momento que, producido un golpe de estado una mayoría de la población continua pasivamente en el lugar donde se llevó a cabo, acatando a los golpistas, y no se rebela o huye en masa de allí, tal actitud inactiva implica una especie de “convalidación” de la situación ocurrida. Los padecimientos que sufra serán en una buena medida merecidos. Apresurémonos a aclarar que tal clase de confirmación no es sinónimo de total beneplácito con el dictador que surgiera del hipotético “golpe”.

Como ya expusimos muchas veces, solo hay tres medios por los cuales las dictaduras pueden mantenerse en el poder. Y esas vías son del control exclusivo del pueblo. Repasémoslos:

  1. Por aprobación.
  2. Por temor.
  3. Por resignación.

Estos tres pueden combinarse entre sí o darse por separado. El orden de los factores no altera el producto. Cuando cualquiera de estos tres elementos desaparece cualquier dictadura cae de forma inmediata, o más tarde o más temprano.

El poder siempre reside en el pueblo, como también la decisión de hacer uso o no de dicho poder.

También, desde luego, estos tres componentes son los que en una sociedad democrática determinan el voto del elector en un sentido o en su contrario. En última instancia -y, dicho de otra forma- tanto en las dictaduras como en las democracias el pueblo (al final del recorrido) siempre es soberano, por acción o por omisión.

[1] Ossorio Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. -Editorial Heliasta-1008 páginas-Edición Número 30-ISBN 9789508850553 pág. 837

[2] Ossorio, M. Ibidem, p. 314

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE. Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero. Síguelo en  @GBoragina

De derecha a izquierda: es violencia, es criminal

Por Alejandro Tagliavini. Publicado el 22/11/19 en:  https://alejandrotagliavini.com/2019/11/21/de-derecha-a-izquierda-es-violencia-es-criminal/

 

Derecha o izquierda, al final da igual. La disyuntiva Ortega o Somoza demuestra que, quienes utilizan la violencia contra aquellos a quienes califican de violentos, tienen una actitud de pura envidia, en el fondo, son lo mismo solo que quieren ser ellos los protagonistas. Como los Castro, que odiaban a Batista porque vivía como ellos querían y, al final lo lograron, no importa que en el medio hayan quedado muertos y un pueblo empobrecido. Como la segunda guerra mundial que se hizo para “terminar con las tiranías” pero que, en rigor, sirvió para consolidar otra peor, la de Stalin, el gran triunfador.

Es que claramente la violencia es irracional, quienes la utilizan -siempre “en defensa propia” nadie, ni de izquierda ni de derecha, admitirá otra cosa- lo hacen por impulsos primitivos, nunca por razones lógicas, como que la ciencia ha demostrado de manera concluyente que los métodos eficientes de defensa son los pacíficos, en tanto que la violencia solo produce reacciones de igual magnitud, aunque sentido contrario.

Anastasio Somoza García, fundador de una dinastía en Nicaragua, llegó a presidente con el golpe de Estado de 1937. Su política se inició con algunos toques de marxismo clásico, como prometer tierras a los campesinos desheredados y procurar consideraciones a la clase obrera, en el contexto del socialismo de la URSS, y al que apoyaron obreros y trabajadores asalariados; ciertos rasgos del liberalismo y, por último, un toque inconfundible del fascismo de Italia representado en el conocido Grupo Reaccionario o Camisas Azules.

Como todo político, una vez en el poder, olvidó su principio e intensificó su connivencia con la clase empresarial, a la que beneficiaba y con la que compartía sus negocios, apoyándose en la fuerza represiva de su Guardia Nacional. Dos líneas se opusieron al somocismo, la actitud de crítica infatigable de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, director de La Prensa, y la violenta del guerrillero Frente Sandinista de Liberación (FSLN) que nació en la década de 1960 hasta tomar el poder en Managua, en 1979.

El “comandante” del FSLN, Daniel Ortega, demostrando que solo envidiaba y quería emular a su “enemigo” Somoza, es el actual “record man” de los presidentes latinoamericanos, al sumar 17 años al frente de Nicaragua (de 1985 a 1990 y desde 2007 hasta hoy). El exguerrillero sandinista superaba por tres años a su aliado Morales, al frente de Bolivia durante casi 14, antes de su reciente salida.

Desde abril de 2018 los estudiantes -como en Chile, aunque de signo contrario- se echaron a la calle para protestar contra la reforma del seguro social y, quizás, este no haya sido el mejor método para combatir la tiranía orteguista, pero la represión por parte de las fuerzas policiales y paramilitares del sandinismo ha provocado la muerte de al menos 325 personas.

“¡Un acto humanitario no es delito!”, protestó Silvio José Báez, obispo auxiliar de Managua que fue trasladado a Roma por orden del Papa Francisco para evitar que fuera atacado. Las iglesias de Nicaragua se han convertido en un símbolo de la resistencia contra Ortega. Se han abierto las puertas de los templos y algunos sacerdotes son considerados héroes por apoyar a los jóvenes que comenzaron las protestas contra el régimen orteguista. Irónicamente, el gobierno acusa de “terroristas” a los opositores. “Cosas tenedes, Cid, que farán fablar las piedras” le decía Alfonso VI a Rodrigo Díaz de Vivar.

 

Alejandro A. Tagliavini es ingeniero graduado de la Universidad de Buenos Aires. Ex Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California y fue miembro del Departamento de Política Económica de ESEADE. Síguelo como @alextagliavini

La compleja encrucijada de Edward Snowden

Por Alberto Benegas Lynch (h) Publicado el 14/11/19 en:  https://www.lanacion.com.ar/opinion/columnistas/la-compleja-encrucijada-de-edward-snowden-nid2306298

 

Como es sabido, Jefferson ha consignado: “Entre un gobierno sin libertad de expresión y libertad de prensa sin gobierno, prefiero esto último”. A esta altura es de conocimiento público que Edward Snowden trabajaba para los servicios de inteligencia estadounidenses, ámbito en el que se percató de que se estaba incurriendo en el grave delito de contradecir preceptos básicos de la Constitución de ese país al espiar sistemáticamente a ciudadanos inocentes y pacíficos.

En su libro Vigilancia permanente declara que, luego de batallar con su conciencia en el Ejército y en las oficinas de inteligencia en el contexto de una muy cómoda y remunerativa posición a la que había escalado en una notable carrera a lo largo de siete años en destinos como Japón, Suiza, Austria y en territorio estadounidense, que se extendió a Hawai como su último puesto, finalmente decidió romper con el sistema “de mentir, ocultar, encubrir y disimular” y denunciarlo: en palabras del autor, “una crasa violación no solo de la Constitución de Estados Unidos, sino también de los valores básicos de cualquier sociedad libre”.

Los contratos de confidencialidad son valederos siempre y cuando no impliquen lesionar derechos de terceros. Las primeras líneas de la obra mencionada son: “Me llamo Edward Joseph Snowden. Antes trabajaba para el gobierno, pero ahora trabajo para el pueblo” (escribo “gobierno” con minúscula como fue escrito significativamente en el original en inglés, lo cual mutó por mayúscula en la edición española). Dice el autor: “Recopilé documentos de la IC que demostraban la actividad ilegal del gobierno estadounidense y se los entregué a algunos periodistas”. Snowden explica que no solo se trataba de espionajes, sino que también se seguían procedimientos incompatibles con el debido proceso, se torturaba bajo diversas fachadas y se encaraban matanzas secretas con fines inconfesables.

En las últimas décadas se han agravado los procedimientos ilegítimos por parte de las agencias de inteligencia, pero en este mismo medio publiqué hace tiempo una columna donde destacaba que el expresidente Harry Truman, quince años después del establecimiento de la oficina más conocida en estos delicados asuntos, declaró: “Cuando establecí la CIA, nunca pensé que se entrometería en estas actividades de espionaje y operaciones de asesinato”.

Ron Paul, el dirigente político estadounidense más liberal en el sentido clásico del término y tres veces candidato a la presidencia, señaló en Fox Business: “Snowden es un héroe”, y el juez Andrew Napolitano, en el programa de TV Studio B, también de Fox, afirmó: “Edward Snowden es un héroe que pone al descubierto la trama infame de espionajes que vulneran nuestros valores y los principios de la Constitución”, y concluyó: “Los gobernantes que permiten semejantes políticas no merecen el cargo”.

La encrucijada en la que se encuentra Snowden es el resultado de la cobardía moral de gobiernos del llamado “mundo libre” a los que solicitó asilo desde su reducto en Hong Kong, requerimiento que fue denegado una y otra vez por temor a represalias de EE.UU. por haber denunciado la intromisión en las comunicaciones telefónicas privadas y en los correos electrónicos también privados sin la expresa orden del juez de la causa. Como última opción pidió asilo a Ecuador, muy paradójicamente al efecto de evitar el riesgo de ser detenido en otras naciones, pero en plena travesía el gobierno estadounidense le canceló el pasaporte, por lo que quedó anclado en Rusia.

En este contexto es de interés destacar que Snowden trabaja dando conferencias y dictando cursos a través de aulas virtuales y preside la Freedom of the Press Foundation; en su última entrevista televisada por Msnbc en el programa The 11 Hour Exclusive -al efecto de dejar sentada su independencia- dijo que el actual gobierno ruso es de raíz autoritaria.

Glenn Beck, en su programa de TV The Blaze, también sostuvo que Edward Snowden “es un héroe” al que hay que proteger contra las acciones criminales de energúmenos enquistados en Washington que traicionan los valores expuestos por los Padres Fundadores y que, por este camino, afirma el conductor, “ciertos megalómanos con rostros demócratas terminarán con las libertades individuales”.

En su libro Constitutional Chaos el juez Napolitano concluye que “es gravísimo lo que viene ocurriendo en Estados Unidos, donde el gobierno puede confiscar y encarcelar sin el debido proceso y espiar la correspondencia privada y escuchar conversaciones de inocentes sin intervención del debido proceso”. Es por eso que Osama ben Laden había manifestado que el triunfo de su ideología “inexorablemente tendrá lugar merced a la guerra antiterrorista por las restricciones a lo que en Occidente se denomina libertad” (citado por el politólogo Michael Tanner).

Mike Stein entrevistó en KWAM 900 al profesor Mark Thornston sobre el tema que nos ocupa, quien manifestó: “Snowden es un patriota que hizo lo correcto frente a la inmoralidad del espionaje”, y “esto es un balde de agua fría para la economía ya que la consiguiente inseguridad hará que muchas empresas, especialmente las tecnológicas, se muden a países más seguros”.

Nick Gillespie, de Reason TV, entrevistó vía teleconferencia a Snowden, quien resaltó su espíritu antiautoritario y subrayó que siempre estará “del lado de la libertad”, por lo que criticó a quienes consideran que “le deben lealtad al Estado” y aludió a la nula “dimensión moral” de sus circunstanciales contratantes gubernamentales.

La encrucijada que presento en esta nota es sobre un prófugo que difundió para bien de la humanidad más de doscientos documentos reservados que ponen al descubierto las tropelías de un Leviatán desbocado. Estamos advertidos, no vaya a ser que lo escrito en 1952 por Taylor Caldwell como ficción en su The Devil’s Advocate se convierta en realidad respecto a que el gobierno estadounidense mute en un Estado totalitario.

Tal como escribe Glenn Greenwald en su libro Snowden. Sin un lugar donde esconderse, se trata de “los peligros de los secretos gubernamentales y la vulneración de las libertades civiles en nombre de la guerra contra el terrorismo”, en cuyo contexto cita al propio Snowden: “Fue entonces cuando comencé a ver realmente lo fácil que es separar el poder de la rendición de cuentas, y que cuanto más altos son los niveles de poder, menor es la supervisión y la obligación de asumir responsabilidades”.

Como bien ha declarado Snowden en un célebre reportaje para The New York Magazine: “Mi vida cambió para bien puesto que puedo ahora decir no lo que voy a hacer en el futuro, sino lo que con orgullo hice en el pasado.”

El autor concluye su libro recordando: “En un Estado autoritario, los derechos emanan del Estado y se conceden al pueblo. En un Estado libre, los derechos emanan del pueblo y se conceden al Estado”.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa. Es miembro del Comité Científico de Procesos de Mercado, Revista Europea de Economía Política (Madrid). Es Presidente de la Sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, miembro del Instituto de Metodología de las Ciencias Sociales de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, miembro del Consejo Consultivo del Institute of Economic Affairs de Londres, Académico Asociado de Cato Institute en Washington DC, miembro del Consejo Académico del Ludwig von Mises Institute en Auburn, miembro del Comité de Honor de la Fundación Bases de Rosario. Es Profesor Honorario de la Universidad del Aconcagua en Mendoza y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Lima, Presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso y miembro del Consejo Asesor de la revista Advances in Austrian Economics de New York. Asimismo, es miembro de los Consejos Consultivos de la Fundación Federalismo y Libertad de Tucumán, del Club de la Libertad en Corrientes y de la Fundación Libre de Córdoba. Difunde sus ideas en Twitter: @ABENEGASLYNCH_h