Por Emilio Cárdenas. Publicado el 6/9/18 en: https://www.lanacion.com.ar/2169412-el-fracaso-del-referendo-colombiano-corrupcion
El nuevo gobierno que encabeza Iván Duque en Colombia, acaba de convocar a una
consulta popular sobre el tema de la corrupción. Ella proponía -entre otras cosas- la
reducción del sueldo de los parlamentarios y de los altos funcionarios públicos, el
endurecimiento de las penas contra los corruptos, mecanismos de transparencia para la
designación de los funcionarios y la rendición de cuentas por parte de los legisladores al
culminar sus mandatos.
Para que la consulta fuera aprobada debían concurrir a las urnas votantes que
representaran al menos la tercera parte del electorado colombiano. Hablamos de un poco más de 12 millones de votantes.
En muestra de desinterés, en un país de arraigada tradición «abstencionista», ese
mínimo no se alcanzó. Faltaron medio millón de votos. Pero lo cierto es que
concurrieron 11,6 millones de colombianos a decir «no», a la corrupción. Comparado con
los 10 millones de votos que el actual presidente de Colombia, Iván Duque, obtuvo al ser
recientemente electo presidente, el voto anticorrupción fue entonces significativo.
Particularmente, porque las tasas de abstención en Colombia son altas, desde que
suelen superar el 50% del total del electorado.
En total, más de 36 millones de colombianos estaban autorizados a votar. Menos de 12
millones lo hicieron efectivamente. El resto permaneció en el desinterés.
Pese al resultado adverso en las urnas, el joven presidente Duque enviará ahora al
Congreso de su país los siete proyectos con los que propone desterrar la corrupción
pública. Y procurará que sean aprobados.
Los partidos políticos de la oposición sólo parecieron apoyar formalmente la consulta,
como si ella de alguna manera apuntara contra la clase política, en su totalidad. Por
esto, algunos hicieron manifestaciones, de la boca para afuera, sin transmitir la
convicción de que para Colombia el paquete de normas contra la corrupción era esencial. Curiosamente, en los rincones del país en los que la corrupción aparece más
difundida, fueron los que tuvieron los niveles más altos de abstención.
Históricamente, en Colombia el «clientelismo» electoral ha sido una constante. Los
políticos con alguna frecuencia ofrecen «recompensas» a sus votantes, en una suerte de
«quid pro quo».
Entre las distintas propuestas del gobierno estuvo la definición de la imprescriptibilidad
del delito de corrupción de los funcionarios públicos, aquella que acaba felizmente de
aparecer en nuestro propio universo doméstico por la vía pretoriana, es decir, a través
de un fallo reciente de la Cámara Federal de La Plata recaído en una causa promovida
por la infatigable diputada Elisa Carrió.
En el paquete anti-corrupción sometido a referéndum en Colombia se incluía una
medida «sanitaria» directamente vinculada con la corrupción. Aquella que proponía que
ningún funcionario público pueda eternizarse en su cargo, limitando la posibilidad de
permanecer en él a sólo tres períodos y desterrando la práctica nociva que hasta ahora
permitía a los funcionarios púbicos desempeñar sus cargos casi de por vida. Esto es
generalizar lo que los norteamericanos llaman «term limits», de modo que
necesariamente haya renovación en la función pública.
La iniciativa incluía asimismo poner un «techo» a los ingresos de los legisladores y
funcionarios públicos: no más de 25 salarios mínimos legales.
El paquete normativo sometido infructuosamente a referendo será enviado ahora al
Parlamento colombiano. De alguna manera, esto es como pedirle a los zorros que
establezcan una prohibición que les impida ingresar al gallinero. Veremos cual termina
siendo su suerte.
La consulta sufrió, además, de una falta de difusión adecuada. Muchos colombianos ni
se enteraron de ella. La propia bancada oficialista en el Congreso sólo apoyó con
decisión la iniciativa del presidente Iván Duque a último momento.
No obstante lo sucedido, la prioridad que Iván Duque asigna al tema permite suponer
que la batalla contra la corrupción recién ha comenzado en Colombia y que ella será
larga y áspera desde que muchos de aquellos cleptócratas a los que se trata de imponer
transparencia previsiblemente «se harán los distraídos».
Emilio Cárdenas es Abogado. Realizó sus estudios de postgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan y en las Universidades de Princeton y de California. Es profesor del Master de Economía y Ciencias Políticas y Vice Presidente de ESEADE.
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