La “Primavera de Praga”, o el origen de los Estados

Por Alejandro A. Tagliavini. Publicado el 23/8/18 en: http://s21.gt/2018/08/23/la-primavera-de-praga-o-el-origen-de-los-estados/

 

La historia tiene sus vueltas. La Checoslovaquia que invadieron los tanques del Pacto Varsovia hace 50 años para terminar con la Primavera de Praga, hoy ya no existe. Como no existen ni aquel Pacto ni la URSS que dirigió aquella Operación Danubio. Pero la influencia de Moscú, particularmente con Putin que no se olvida de la KGB a la que perteneció, pareciera recordar aquel aplastamiento del experimento democrático más importante dentro del antiguo bloque comunista.

La República Checa y Eslovaquia, los países resultantes de Checoslovaquia en 1989 tras la “Revolución de Terciopelo”, son ahora miembros de la Unión Europea y de la OTAN. Aunque el presidente checo Milos Zeman, ex socialdemócrata reconvertido al populismo es uno de los políticos occidentales más partidarios del Kremlin, al punto que ha justificado la anexión rusa de Crimea.

Moscú ya había mostrado en 1953 en la República Democrática Alemana y, sobre todo, en 1956 en Hungría, que no toleraría ninguna apertura en los países bajo su área de influencia. Pero desde su elección en enero de 1968 como secretario general del Partido Comunista de Checoslovaquia, Alexander Dubcek encaró unas reformas democráticas, “el socialismo con rostro humano”, aunque sin cuestionar su pertenencia al Pacto de Varsovia -la organización militar opuesta a la OTAN- y sin defender al capitalismo.

Los checos se preguntaban hasta dónde llegaría la tolerancia del líder soviético Leónidas Breznev. A las 23:00 horas del 20 de agosto de 1968 encontraron la respuesta al saber que cruzaban la frontera 2.000 carros de combate, 250.000 soldados y 700 aviones. En pocos días el Pacto había desplegado 700.000 soldados, seguido por una oleada de represión, el “proceso de normalización”: trescientos mil huyeron a Occidente y centenares fueron detenidos o muertos. El 16 de enero de 1969, Jan Palach se quemó a lo bonzo en Praga como protesta.

Dubcek fue detenido y trasladado a Moscú, donde Breznev lo obligó a firmar un acuerdo que “legalizaba” la ocupación de Checoslovaquia. Años más tarde, fue recibido como un héroe en la Plaza de Wenceslao después del triunfo, ahora definitivo, de la Revolución de Terciopelo de 1989.

Hoy, la aproximación rusa es algo diferente. Menos tanques usa Vladímir Putin mientras financia a los partidos populistas con un discurso antioccidental. Cincuenta años después de la revuelta de Praga, el Kremlin sigue aplicando la ‘Doctrina Brezhnev’ de soberanía limitada a los países que desean acercarse a Occidente. Doctrina que ha servido para justificar la ocupación de Ucrania y la anexión de Crimea en 2014 o para avisar a Georgia del “peligro” que supondría entrar en la OTAN.

“Los rusos no son nuestros amigos, son nuestros hermanos: a los amigos los puedes elegir”, era un chiste que circulaba por Praga en los años 60. Lo que me hace pensar que los Estados también son nuestros “hermanos” ya que no se eligen, como señalaba Franz Oppenheimer: “El Estado… es una institución forzada por un grupo victorioso de hombres sobre un grupo vencido, con el único propósito de regular el dominio de los victoriosos sobre los vencidos, y asegurarse a sí mismos contra las revueltas internas y ataques del exterior. Teleológicamente, este dominio no tenía otro propósito que la explotación económica de los vencidos por parte de los vencedores… Ningún Estado original conocido para la historia se originó de ninguna otra manera”.

 

Alejandro A. Tagliavini es ingeniero graduado de la Universidad de Buenos Aires. Ex Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California y fue miembro del Departamento de Política Económica de ESEADE.

Aumentan las tensiones y privaciones del pueblo iraní

Por Emilio Cárdenas. Publicado el 23/8/18 en: https://www.lanacion.com.ar/2164917-aumentan-tensiones-privaciones-del-pueblo-irani

 

Desde la revolución de 1979, a través de la cual los clérigos islámicos iraníes, cual poderosa oligarquía, convirtieron a su país en una peculiar “teocracia”, el nivel de vida de los iraníes ha disminuido ininterrumpidamente, en una suerte de “caída libre”.

Con la reciente reimposición de fuertes sanciones económicas por parte de la administración norteamericana, las privaciones cotidianas del pueblo iraní aumentarán. Las nuevas disposiciones norteamericanas apuntan -entre otras cosas- a restringir el comercio de automóviles y el de oro y otros metales preciosos que son, precisamente, los bienes utilizados por la gente en Irán para tratar de evitar que sus ingresos se evaporen como consecuencia de la inflación desbocada que hoy azota al país.

El valor de la moneda iraní, el rial, ha caído un 50% desde comienzos de este año. Esto ha contribuido a profundizar el descontento generalizado de la gente que achaca -con razón- a los clérigos un manejo ineficiente y, peor, corrupto, de la economía iraní. El referido descontento pareciera ser el más elevado desde 1979.

En el plano doméstico, los iraníes están -en líneas generales- políticamente divididos entre los “duros” y los “reformistas”. Los segundos postulan posiciones flexibles en materia de política exterior, que permitan interrumpir el constante deterioro de las condiciones de vida de su país, derivado de las sanciones económicas. Los “reformistas”, además, acusan de fraude a la clase clerical dominante, particularmente en materia cambiaria, donde los enriquecidos clérigos y sus protegidos con frecuencia acceden a tipos de cambio subsidiados respecto de los bienes importados.

El mal humor popular iraní crece aún más por la escasez de dos artículos esenciales de primera necesidad cuyo suministro se interrumpe con frecuencia: el agua potable y la energía eléctrica.

El desencanto popular iraní es especialmente grande entre las personas de menores ingresos, porque su reducido poder de compra y capacidad de consumo continúan achicándose. La queja que se escucha con más frecuencia es que, antes de 1979, los más pobres en Irán tenían dificultades para poder comprar carne, pero podían, no obstante, acceder al pan y al yogur. Hoy también el acceso al yogur es ya difícil para la población de menores ingresos. El pan -no obstante- es todavía accesible.

Como siempre, las sanciones económicas golpean con particular dureza al pueblo del país sancionado. Es cierto aquello de que la gente común no es responsable de la política exterior. No obstante, las sanciones se imponen con el propósito preciso de alimentar lo que está sucediendo en Irán. Esto es que la gente, cada vez más descontenta, atribuya sus penurias no a los rivales externos de su propio país, sino a la conducción política doméstica.

Por todo lo antes descripto, el plano de la política se ha complicado también. Enormemente. El líder supremo religioso iraní, el poderoso Ayatollah Ali Khamenei, acusa abiertamente al presidente Hassan Rouhani de haber cedido a la presión norteamericana y de gobernar ineficazmente, rodeado de corrupción. En particular, les recuerda a los iraníes que Rouhani prometió que -como contrapartida del acuerdo suscripto en 2015 con la comunidad internacional sobre el programa nuclear iraní- las penurias cotidianas de su pueblo habrían de disminuir sustancialmente, cosa que no sólo no ha ocurrido, sino que en rigor ha empeorado en función del aumento reciente de las sanciones norteamericanas a Irán.

La situación descripta ha transformado a la moneda iraní en extremadamente débil y volátil y parece haber frustrado las inversiones europeas en Irán que en algún momento se esperaban.

Para hacer las cosas más complejas, el líder religioso aludido rechazó de plano la posibilidad de mantener conversaciones diplomáticas con el gobierno de los Estados Unidos. Lo que supone dejar de lado la alternativa de la normalización, lo que no es una cuestión menor. Ni una actitud contemporizadora.

En paralelo, las fuerzas militares iraníes acaban de realizar unas enormes maniobras militares en el Golfo de Persia, donde exhibieron una nueva y amenazadora generación de misiles de corto alcance.

Un clima de fuerte hostilidad contra los Estados Unidos prevalece entonces en Irán y anticipa que la posibilidad de poner en marcha conversaciones bilaterales puede dilatarse en el tiempo y ser mucho más compleja de lo esperado.

La tensión entre los clérigos “duros” y los “reformistas” iraníes se ha vuelto de pronto más peligrosa con las exigencias clericales actuales de una rápida renuncia del presidente Rouhani. Pero lo cierto es que los “reformistas” parecen tener el apoyo mayoritario de la población urbana iraní y no estar dispuestos a ceder fácilmente a la presión liderada por el Ayatollah Khamenei.

El clima enrarecido puede complicarse aún más en el próximo mes de noviembre, atento el anuncio de la administración norteamericana en el sentido que, a partir de ese mes, las sanciones económicas podrían incluir las exportaciones de hidrocarburos iraníes, lo que haría, para Irán, todo extremadamente difícil, desde que esas exportaciones en particular son la columna vertebral de los ingresos que alimentan al Tesoro iraní.

Emilio Cárdenas es Abogado. Realizó sus estudios de postgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan y en las Universidades de Princeton y de California.  Es profesor del Master de Economía y Ciencias Políticas y Vice Presidente de ESEADE.

Una buena del papa Francisco (o la ‘rosa de la revolución’)

Por Alejandro A. Tagliavini. Publicado el 21/8/18 en: http://www.noticiasdenavarra.com/2018/08/21/opinion/una-buena-del-papa-francisco-o-la-rosa-de-la-revolucion

 

El yihadismo, acorralado en Siria, ha retomado su retórica amenazante en forma de vídeos en los que rehenes extranjeros atemorizados piden ayuda para no ser decapitados, repitiendo la escalofriante serie de grabaciones emitidas por Estado Islámico (ISIS) en los años de su máximo apogeo, de 2014 a 2017.

El declive de este tipo de propaganda coincidió con la captura de Raqqa (que fue capital del califato islámico en Siria), en octubre de 2017, que supuso una gran derrota. Poco antes, en julio de ese año, el ISIS fue expulsado de la ciudad iraquí de Mosul, su otro bastión. El 98% del territorio una vez dominado por la organización terrorista ha sido recapturado.

Pero del otro lado no son santos. Cuenta Noura Ghazi, de la organización Familias por la Libertad, que reúne a los familiares de los desaparecidos durante la guerra siria -que ya lleva más de 400.000 muertos- que “el régimen sirio ha empezado a enviar listas de prisioneros muertos al registro de seguridad”. Estos documentos suponen el primer reconocimiento tácito, por parte del gobierno de Bachar al Asad, de que miles de prisioneros han muerto entre rejas.

“La mayoría de las personas en las listas son opositoras que no estaban involucradas en actividad armada, eran activistas pacifistas”, asegura Basam Ahmad, del Centro de Documentación de Violaciones en Siria. Así acaba de conocerse el fallecimiento de la Rosa de la revolución, apodo islámico de un ingeniero de 22 años arrestado en 2011 que se hizo famoso por ofrecer agua a las fuerzas armadas que custodiaban las manifestaciones opositoras.

Pero no solo durante conflictos armados se ejecutan personas, en muchos países como Arabia Saudí, y con China en el podio -con unos mil ejecutados anuales- pero también en EEUU, la pena capital se aplica sistemáticamente.

El papa Francisco acaba de aprobar la modificación del Catecismo católico (artículo 2.267) para declarar “inadmisible” la pena de muerte y ha mostrado el compromiso de la Iglesia para promover su abolición en todo el mundo. El cambio, datado el 1 de agosto de 2018, entró en vigor con su publicación en L’Osservatore Vaticano, y en el Acta Apostolicae Sedis.

El nuevo texto asegura que “la Iglesia enseña… que la pena de muerte es inadmisible, porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona”. El cambio se debe a que “está cada vez más viva la conciencia de que la dignidad de la persona no se pierde ni siquiera después de haber cometido crímenes muy graves”.

Algún día comprenderemos que quitar una vida humana, cualquiera que fuera, es ponernos en lugar de Dios, es creernos dioses. Es creer que conocemos la verdad de modo absoluto, porque para terminar con la vida de una persona no tiene que existir ni la más mínima posibilidad de equivocarse. Primero, hay que tener la certeza absoluta de que el delito del que se lo acusa lo es realmente. Por caso, hay países que castigan con la muerte el tráfico de drogas y en otros ni siquiera es considerado un acto ilegal.

Segundo, hay que tener la total certeza de que efectivamente cometió ese crimen, ya que muchos fueron encontrados inocentes a lo largo de la historia luego de ser ejecutados. Y finalmente, hay que saber con absoluta seguridad que el reo es irrecuperable, lo que no resulta creíble. En fin, claramente como los que juzgan no son dioses, al ejecutar a una persona, más bien son asesinos.

 

Alejandro A. Tagliavini es ingeniero graduado de la Universidad de Buenos Aires. Ex Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California y fue miembro del Departamento de Política Económica de ESEADE.

Gunther Schnabl on Exit Strategies from Unconventional Monetary Policy

Por Nicolás Cachanosky: Publicado el 20/8/18 en: https://www.aier.org/article/sound-money-project/gunther-schnabl-exit-strategies-unconventional-monetary-policy

 

In a recent paper, Gunther Schnabl discusses the environment that ultra-low interest rates have produced and the challenges of exiting such an environment. Schnabl brings up a number of interesting issues, including how low interest rate policies keep zombie banks alive and distort labor markets. The policies come at the expense of investment in capital goods and research and development, which fuels growth in rich countries.

Schnabl also builds on Dani Rodrik’s work by arguing that the low interest rate policy has increased income inequality, which in turn gives rise to nationalist and populist movements when the inequality is associated with increased globalization rather than central banks’ monetary policies. Populism has been an increasingly salient issue in recent years—not only in Latin America, but in Europe and the United States as well.

A significant challenge of any exit strategy is how to pair an increase in interest rates (via a reduction in the size of central banks’ balance sheets) and higher growth rates. To achieve this goal, major countries need to deregulate and free their economies in a manner that is “credible, slow, transparent, sequenced along the yield curve, and internationally coordinated” (p. 457). The Keynesian alternative of increasing spending has not provided good results. Not much more can be done on that count, since the Keynesian solution is designed for a context of low levels of government spending and debt—the opposite of the current situation.

The consequences of proposed exit strategies deserve serious attention. Schnabl’s work is a step in the right direction.

 

Nicolás Cachanosky es Doctor en Economía, (Suffolk University), Lic. en Economía, (UCA), Master en Economía y Ciencias Políticas, (ESEADE). Fué profesor de Finanzas Públicas en UCA y es Assistant Professor of Economics en Metropolitan State University of Denver.

Sin límites para el absurdo

Por Carlos Alberto Salguero. Publicado el 25/7/18 en: https://www.rionegro.com.ar/columnistas/sin-limites-para-el-absurdo-DD5454489

 

La civilización, tanto en sus orígenes como en la actualidad, depende de aquello que se conoce como las instituciones humanas. Precisamente, tales instituciones proveen del orden en el cual la cooperación permite a las personas desarrollar sus capacidades y perseguir aquellos fines que juzguen prioritarios.

Como lo entiende Hayek, la esencia del proceso social se basa estrictamente en la información o conocimiento “de carácter personal, práctico, subjetivo, disperso” que cada ser humano descubre en un devenir que no se detiene jamás.

En ese sentido, el esfuerzo, ingenio y sensibilidad innata del hombre para buscar y alcanzar nuevos fines constituye el leitmotiv del proceso, el cual, por propia naturaleza, ajusta y coordina los comportamientos contradictorios que en él se llevan a cabo. El proceso de ensayo y error que así resulta está guiado por las instituciones que moldean las formas en que la gente interactúa. Se da por descontado que los agentes tienen limitaciones cognitivas.

Frente a ello, por contraste, la utilización sistemática de la coacción por la vía de las políticas públicas se focaliza sobre las implicancias lógicas de la optimización, entendida como resultado y no simplemente como intención.

Se supone que los gobiernos establecen un gran programa abarcativo del conjunto de acciones óptimas de las personas, entre todas las alternativas posibles, en base a un conocimiento preciso de las consecuencias esperables de sus decisiones. El equilibrio se concibe no como un punto de atracción de un proceso, sino como un estado en el que los planes de alguna forma se han vuelto coherentes entre sí.

Todo ello ha llevado a que las instituciones sociales de varios países en el siglo veinte basaran sus economías en la idea de planificar una “justa” distribución; y algunos otros como el nuestro, Argentina, extendieron dichas prácticas a lo largo del siglo XXI.

Los resultados están a la vista. En los últimos 15 años, la participación del Estado en los niveles de gasto doméstico, como porcentaje del PBI (Producto Bruto Interno), pasó exactamente del 23 al 47% entre los años 2003 y 2018. En síntesis, más Estado y menos mercado: pobreza, marginalidad, indigencia.

Al mismo tiempo, otro importante indicador del proyecto Doing Business del Banco Mundial, 2017, muestra que Argentina se encuentra en el segundo lugar en cuanto a la más alta tasa tributaria total, con un porcentaje del 106 (solo por debajo de la Unión de las Comoras, un diminuto país insular, con población inferior al millón de habitantes, situado al oriente de África sobre el océano Índico), lo que evidencia la existencia de tasas confiscatorias y, lo que es peor, que dichos gravámenes resultan insuficientes para financiar el abultado exceso de gastos sobre los recursos impositivos.

Íntimamente ligado con el Estado Benefactor se encuentra el abuso del término social, que suprime substancialmente el significado del sustantivo al que se aplica. Es decir, social se atribuye a todo aquello que reduce o elimina las diferencias de rentas, pues, se presume que en orden a la “sensibilidad social”, “injusticia social”, “inestabilidad social”, etc., muchas personas jóvenes y sanas de distintas organizaciones sociales deben ser mantenidas, entre ellas organizaciones piqueteras. Como diría Armen Alchian, gobierno es socialismo por definición.

Bastará un ejemplo de candente actualidad para ilustrar el fenómeno.

El pasado sábado, 21 de julio, se reunió en Buenos Aires el G20, o Grupo de los 20, el principal foro internacional para la cooperación económica, financiera y política que aborda los grandes desafíos globales y busca generar soluciones. El organismo se compone de la Unión Europea y 19 países, entre ellos: Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica y Turquía. El conjunto de los miembros representa el 85% del producto bruto global, dos tercios de la población mundial y el 75% del comercio internacional.

El acontecimiento, ante los ojos del mundo, requirió de un despliegue de seguridad sin precedentes. La idea fue neutralizar las movilizaciones de varios centenares de personas, en las inmediaciones del encuentro de ministros de Finanzas del G20, en contra del acuerdo del país con el Fondo Monetario Internacional (FMI), al tiempo que reclamaban por un incremento en sus asignaciones.

No se trata de hacerse el distraído pues se sabe que nada es gratis, ni el montaje de extrema seguridad ni la asistencia de aquellos quienes, curiosamente, se alzaban contra quien venía a dar asistencia (circunstancial) a sus propios reclamos y a los ajetreados bolsillos del contribuyente. Enfáticamente se reclama más Estado y menos mercado, sin advertir que esa ecuación ya ha sido probada hasta el hartazgo. Ante tanto desconcierto es el momento de advertir incluso sobre los riesgos de lo que significa vivir en condiciones sin límites para el absurdo.

 

Carlos Alberto Salguero es Doctor en Economía y Máster en Economía y Administración de Empresas (ESEADE), Lic. en Economía (UCALP), profesor titular e investigador en la Universidad Católica de La Plata y egresado de la Escuela Naval Militar.

Saqueo progresista

Por Carlos Rodriguez Braun: Publicado el 19/8/18 en: http://www.carlosrodriguezbraun.com/articulos/la-razon/saqueo-progresista/

 

Tituló nuestro periódico: “El Gobierno subirá los impuestos para salvar el techo de gasto. Sánchez negocia con Iglesias aumentar la carga impositiva a grandes fortunas y corporaciones, pero rechaza replantear a Bruselas un cambio en el objetivo de déficit”. Y todo esto, ampliamente reproducido en los medios de nuestro país, es verdad. Cabe, eso sí, complementar esas noticias con algunas inocentes aclaraciones.

Es verdad que el Gobierno de Warren Sánchez, el hombre que tiene todas las respuestas, subirá los impuestos para salvar el techo de gasto, pero lo que en realidad quiere salvar Warren es el techo de la Moncloa, es decir, su propio techo de él. Para eso necesariamente tiene que mentir, pero no mentir igual que Paulita Naródnika y sus secuaces de Podemos en todo, sino mentir sólo en parte igual que ellos.

Es verdad que Warren y Paulita negocian aumentar la carga impositiva a grandes fortunas y corporaciones, aunque es mentira que ese sea su objetivo último, porque ellos saben que no hay forma de recaudar las considerables sumas que pretenden recaudar sin saquear a las trabajadoras, que es lo que PSOE y Podemos realmente quieren hacer.

Esa mentira, por tanto, es común al aquelarre progresista que padecemos.

La mentira diferencial de Warren es eso de que rechaza replantear el objetivo de déficit. Aquí lo que pretende es dejarle a los populistas el terreno de la máxima demagogia, es decir, el terreno del delirio bolivariano conforme al cual el gasto público es infinitamente extensible sin consecuencias nocivas de ningún tipo para el pueblo. Paulita quiere quedarse con la parte del electorado susceptible de tragarse semejante bulo.

En cambio, Warren quiere aparentar seriedad, y distinguirse de los bolivarianos alegando que en el PSOE son gente responsable, y cumplidora con Europa. De ahí que la palabra que más utilicen sea “margen”, para dar la impresión de que se puede cumplir con Europa y a la vez subir el gasto público, pero no aumentar el déficit porque se subirán los impuestos, pero nunca sobre las trabajadoras. Warren Sánchez quiere quedarse con la parte del electorado capaz de creerse este fabuloso camelo.

Y de esto va la feria: de un engaño constante para que pensemos que van a ser otros los saqueados por los progresistas.

 

Carlos Rodríguez Braun es Catedrático de Historia del Pensamiento Económico en la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Consejo Consultivo de ESEADE

Corrupción, ética y Constitución

Por Gabriel Boragina Publicado el 19/8/18 en: http://www.accionhumana.com/2018/08/corrupcion-etica-y-constitucion.html

 

Es habitual analizar el tema de la corrupción -tan vigente siempre- desde el punto de vista exclusivamente económico. Será interesante, tal vez, prestar un poco de atención al ángulo jurídico del asunto, sin restar importancia, de ninguna manera, al económico, ya que ambos están intrínsecamente implicados. Nuestra Ley Fundamental toca directamente el tópico, y subsume -como se verá del siguiente examen- lo económico en lo ético:

“El último párrafo del art. 36 de la Constitución establece que el Congreso deberá sancionar una ley que regule la ética pública para el ejercicio de las funciones gubernamentales. Una ley semejante, siempre que sus disposiciones sean claras y precisas, constituirá una garantía sumamente eficaz para la consolidación de un sistema democrático constitucional. El incumplimiento de las normas éticas por los gobernantes ha sido y es uno de los factores más nocivos para la subsistencia del régimen constitucional, y uno de los argumentos que con mayor frecuencia han utilizado sus adversarios para pretender demostrar su inconsistencia en función del bien común de la sociedad.”[1]

La ética definida constitucionalmente comprende, por tanto, los comportamientos de los funcionarios públicos en su totalidad, sean estos en sus actos económicos como no económicos. Existe un enfrentamiento directo entre violación a la ética pública y la constitucionalidad. La cercana interrelación entre ética pública y economía viene dada por el hecho de que todo funcionario público maneja lo que se ha dado en llamar el erario público, lo que implica que, en el fondo, el funcionario público es (o debería ser) un mero administrador de recursos ajenos que, en el mejor de los casos, le han sido confiados por mandato legal a los únicos fines administrativos.

Sin embargo, también dispone de ellos muchas veces como si fueran propios. Tanto administrativa como dispositivamente estas amplias facultades que tiene el burócrata son una excelente oportunidad para verse tentado a aprovecharse de las mismas.

Nosotros preferimos la expresión de ética política a la de ética pública, porque opinamos que muchas conductas individuales de particulares también afectan a la ética pública, aun cuando esas personas estén fuera de órbita política.

“De todas maneras, cabe recordar que existen disposiciones legales que regulan, de manera parcial, la ética pública republicana. Por otra parte, antes de la reforma, en modo alguno la Constitución impedía la sanción de una norma de la especie que ahora enuncia el art. 36. La ética puede ser objeto de múltiples definiciones, atendiendo a la corriente filosófica en que se enrola el analista. Sin embargo, teniendo en cuenta que una Constitución no es una obra científica ni doctrinaria, sino una norma jurídica fundamental impregnada de realismo y sencillez, que es instrumento de gobierno y símbolo de unidad nacional, sus palabras deben ser explicadas a la luz del lenguaje y pensamiento del ciudadano común.”[2]

A pesar que la llamada ética pública tiene en mira los posibles desfalcos económicos que los burócratas tienen oportunidad de llevar a cabo en ocasión de los cargos políticos que ostentan (y de los cuales no son pocos los que no se privan de cometerlos), desde el ángulo constitucional no se limitan a ellos, como ya se ha aclarado. Pero, bien visto, lo ético tiene indisoluble vínculo con lo jurídico, y este con lo económico.

Desde el momento que una norma (como es la Constitución) se refiere a la ética como lo hace en su art. 36, ello implica incluir a esta en el campo de Derecho. Y no puede negarse que el Derecho tiene por objeto regular conductas que no dejarán de tener consecuencias económicas, dado que la aplicación de toda norma ha de dar por sentado que se cuenta o que se contará con los recursos necesarios para ello. De tal suerte que, queda claro (al menos para nosotros) el estrecho nexo entre ética-economía-derecho. Los actos de corrupción dañan por igual a este trípode.

“Desde esta óptica, la ética no es tanto, una ciencia filosófica que estudia las normas a que debe someterse la conducta humana y las consecuencias que se derivan de su aplicación, sino un arte que tipifica comportamientos individuales y sociales encaminados al logro del bien.”[3]

Siguiendo las directrices del individualismo metodológico nos resulta bastante difícil poder reconocer la existencia de comportamientos “sociales”, excepto que se quisiera describir a una suma de conductas individuales, donde logramos visualizar mejor el concepto. Hecha esta salvedad, no podemos estar sino de acuerdo con lo expuesto en la cita. Lo característico, entonces, de la ética es -según este autor- la de ser un arte que tipifica comportamientos (para nosotros solamente individuales, dado que la responsabilidad tiene sentido únicamente respecto de la conducta de los individuos) encaminados al logro del bien.

“No se trata de la ética individual, positivista o religiosa, sino de la idea dominante en una sociedad sobre cuál debe ser el comportamiento de los gobernantes para alcanzar el bien común. En tal sentido, el concepto vulgar de la ética pública impone conductas al gobernante, tanto en su vida pública como en la privada cuando, esta última, adquiere relevancia social.”[4]

El autor analizado nos da a entender que habría distintas “éticas” como ya había esbozado en su párrafo anterior. Por un lado, distingue una ética individual (positivista o religiosa) y la separa de otra ética que califica como “idea dominante en una sociedad sobre cuál debe ser el comportamiento de los gobernantes para alcanzar el bien común”. Da la impresión que se apunta a lo que habitualmente se denomina por algunos como ética “social” pero más bien parece que desea aludir a una especie de “ética política” porque la hace dirigir exclusivamente a los gobernantes en su comportamiento. Existiría entonces -sintetizando, y en el concepto de nuestro autor- una ética individual por un lado y otra ética que podríamos llamar “política” por el restante. Pero no es cualquier “ética política”, sino que es una ética a cumplir en cabeza de los gobernantes y no de los gobernados. Para estos últimos parece quedar reservado el campo de la ética individual.

[1] Badeni, Gregorio. Tratado de Derecho Constitucional. Tomo II- 2ª Edición Actualizada. Ampliada – 2a M. – Buenos Aires- La Ley, ISBN 987-03-0947-X (Tomo Ii)-ISBN 987-03-0945-3 (Obra Completa) “Las Garantías Institucionales” N° 457. Ética Pública Pág., 1347-1348

[2] Badeni, Gregorio, ibidem.

[3] Badeni, Gregorio, ibidem.

[4] Badeni, Gregorio, ibidem.

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE. Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.