Vinculación fiscal, política, y gobernabilidad

Por Gabriel Boragina Publicado  el 15/10/17 en: http://www.accionhumana.com/2017/10/vinculacion-fiscal-politica-y.html

 

“¿cómo lograr la vinculación ciudadana al proceso fiscal y político?”[1]

Es una pregunta por lo demás extraña, ya que, si entendemos el proceso fiscal por el sistema fiscal, nos resulta claro que el ciudadano está vinculado al mismo por las leyes impositivas. Y toda vez que, una ley implica un vínculo de carácter obligatorio del cual -por definición- el individuo no puede desprenderse (sin violar la ley) la vinculación a la que alude nuestro autor viene dada de manera imperativa por el proceso político o, mejor expresado, por el sistema político que es el único que puede crear leyes.

“¿Cómo vincular sus preferencias reales con el conjunto de políticas fiscales y financieras que las traducen en programas específicos? No hay una respuesta única o una fórmula que siempre produzca el resultado buscado.”[2]

Parecería que la cita parte de la base de que existe una desvinculación total y completa entre la ciudadanía y las políticas fiscales (ignoramos si el autor comentado intenta fundar alguna diferenciación entre el proceso fiscal al que aludió en la cita anterior y las políticas fiscales a las que se refiere en este párrafo. Pero todo parece indicar que se encuentra utilizando ambos términos como sinónimos). Hay varias distinciones que hacer en el punto a nuestro juicio.

Si el marco político está dado por una democracia representativa, esa vinculación viene otorgada por esta última característica, en tanto que -por definición- el sistema político es representativo de la voluntad popular, de tal suerte que las decisiones que tomen los políticos serán por carácter transitivo del mismo signo, esto es, representativas de la voluntad de las mayorías. La vinculación será de dependencia entre los representantes y el pueblo que los eligió.

En cambio, cuando el sistema político no sea democrático representativo, la vinculación, aun así, no desaparece, sino que cambia de orientación. Políticos y ciudadanos continuarán conectados (o vinculados en la terminología del autor citado), pero la dependencia se invierte. Ya no será de los políticos respecto de los votantes, sino que será de los ciudadanos respecto de los políticos.

En el primer caso, las políticas fiscales y financieras no serán más que el resultado de las particulares preferencias reales de los votantes, que son plasmadas en concretas acciones por parte de sus representantes y que, consecuentemente, se transformarán en decisiones que encontrarán consagración legal.

En el segundo escenario, la vinculación subsiste (en rigor nunca desaparece), pero las preferencias reales que se impondrán serán las de los jefes de turno, erigidos en gobernantes supremos, cuyas decisiones se aplican al resto de la población.

Con ello, observamos que, si bien es cierto lo dicho por el autor en cuanto a que “No hay una respuesta única o una fórmula que siempre produzca el resultado buscado”, tampoco hay demasiadas respuestas como para considerar. Como siempre hemos dicho, en materia política (y también económica) o gobierna el pueblo o gobiernan los políticos. Y las preferencias que se terminarán estableciendo -ya sea en un caso o en el otro- son las de los que, en definitiva, ejerzan el gobierno. En ambas situaciones la vinculación existe y nunca se disuelve. Lo que cambia es el signo de la misma.

De tal suerte que, la respuesta a la pregunta de la cuestión de ¿Cómo vincular las preferencias reales de los ciudadanos con las políticas fiscales y financieras? es -en realidad- muy simple, porque lo único que se necesita para ello es instituir (si no lo hubiera) un sistema democrático liberal, que llevará asociado -inexorablemente- un orden económico de mercado. No existe ningún otro modo -estamos convencidos- de conectar aquellas preferencias con cualquier clase de política, ya que, en última instancia, en un sistema así, estas no serán ninguna otra cosa más que el resultado de aquellas.

En otro sentido, podemos expresar que, en este tipo de órdenes, la vinculación de preferencia será siempre positiva, en tanto en otros que no sean democráticos de libre mercado esa vinculación será negativa.

“Lo que sí parece claro es que, si el ciudadano municipal no aporta algo de su ingreso personal a la compra de unos bienes públicos locales, la gobernabilidad dejará de alcanzar el nivel que podría lograr.”[3]

Aquí tenemos otro párrafo desconcertante. Claro que, debemos de advertir que tendría toda la lógica en el caso de que el municipio permitiera aportes fiscales voluntarios. Para ser honestos, no conocemos ningún municipio (al menos en la Argentina) que lo permita de esta manera.

En este último país, toda la estructura impositiva es precisamente impositiva, es decir, coactiva. De tal manera que, el aportante no tiene otra alternativa que pagar compulsivamente, con lo que llamarlo “aporte” (palabra que connota una acción de carácter voluntario), resulta a todas luces inapropiada.

El problema se suscita precisamente por cuanto suele haber un desfasaje -a veces bastante notable- entre lo que el contribuyente (es preferible la expresión inglesa taxpayer, -que en su lugar la de “contribuyente”- porque literalmente expresa mucho mejor la naturaleza de la carga fiscal, ya que la traducción textual de la frase en inglés significaría pagador de impuestos lo que la despoja por completo de toda connotación voluntaria y deja al desnudo la característica coactiva del tributo.

Tampoco queda claro el nexo entre la gobernabilidad y el pago de impuestos (en este caso municipales) excepto en un aspecto que resulta obvio, y es que si la ciudadanía no paga impuestos el gobierno no tendrá recursos para financiarse y -en suma- mantenerse, lo que -a su turno- conllevará a su desaparición. ¿Será este el sentido en que nos habla el autor citado? No lo sabemos. Pero pareciera que la respuesta debería ser afirmativa por la frase final. En tal hipótesis, habrá que decir que no sólo “la gobernabilidad dejará de alcanzar el nivel que podría lograr” sino que directamente será imposible en absoluto.

En suma, parece que las expresiones que aquí hemos analizado apuntan más bien a justificar la compulsión en materia de imposición fiscal so pretexto de que -en caso contrario- se estaría comprometiendo la gobernabilidad, no del pueblo, sino de los políticos sobre este.

[1] Eduardo Wiesner. “La economía neoinstitucional, la descentralización y la gobernabilidad local”. Capítulo VI, en Rolf Lüders-Luis Rubio-Editores. Estado y economía en América Latina. Por un gobierno efectivo en la época actual. CINDE CIDAC, pág. 325

[2] E. Wiesner. “La economía neoinstitucional, la descentralización y la gobernabilidad local”. Capítulo VI, en Ludes-Rubio, …Ob. Cit. Pág. 325

[3] E. Wiesner. “La economía neoinstitucional, la descentralización y la gobernabilidad local”. Capítulo VI, en Ludes-Rubio, …Ob. Cit. Pág. 325

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

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