Deuda, gasto e inflación

Por Gabriel Boragina Publicado  el 7/5/17 en: http://www.accionhumana.com/#!/2017/05/deuda-gasto-e-inflacion.HTML

 

Existe una estrecha correlación entre estos tres conceptos, al punto de poder afirmar una reciproca dependencia entre ellos. Un caso típico es el que se presenta en el de la llamada deuda pública, que no es otra cosa que deuda estatal. El gobierno puede –y de hecho lo hace- endeudarse con diferentes sujetos. Estos pueden ser privados o estatales, nacionales o extranjeros. En cada caso, se hablará de deuda externa o interna; pública o privada. En todos ellos, el común denominador es que el sujeto pasivo de la deuda será el gobierno. Pero lo habitual y corriente es que -en la práctica- este compromiso se contraiga con otros gobiernos, por lo que el volumen más grande de la deuda de todo país suele ser la externa pública (estatal) y en menor grado la externa privada. En tercer lugar, vendrían las deudas internas. Aunque en los países con altas tasas de inflación (y considerando a esta como una deuda del estado-nación con cada uno de sus ciudadanos, no obstante aquel no contabilice la inflación como obligación financiera) la deuda interna (así entendida) puede igualar en cuantía (y aun superar) la externa (pública y privada).

Las teorías económicas desarrollistas (y otras de índole política) pusieron en boga la práctica por parte de los así denominados países “desarrollados” a otorgar créditos a las naciones del llamado “Tercer Mundo”. Empero, rápidamente se encontraron con el hecho de que los débitos generados por aquellos no resultaban cancelados en tiempo y forma:

“Inicialmente, los países desarrollados respondieron a la posibilidad de que los países del Tercer Mundo no pudieran pagar su deuda como si se tratara de un problema de liquidez, de modo que otorgaron nuevos préstamos en forma directa y a través de agencias multilaterales. Como parte del trato, los bancos comerciales seguirían otorgando créditos. En su inicio, los préstamos del FMI no requerían necesariamente ajustes estructurales, ya que las autoridades creían que los países endeudados necesitaban tiempo para poner sus finanzas en orden. De acuerdo con los programas del FMI, los países aumentaron impuestos y aranceles, y redujeron el gasto público. Hacia 1985, cuando ya era obvio que problemas más profundos y enraizados en las economías de los países en vías de desarrollo les impedían salir de la deuda externa, el Secretario del Tesoro norteamericano, James A. Baker, anunció que se implementaría una nueva estrategia en la que los nuevos créditos otorgados por el FMI y por los bancos comerciales estarían condicionados por políticas de mercado. A cambio de estos nuevos aportes, los países deudores deberían liberalizar sus economías.”[1]

La preocupación obvia -tanto del FMI como de los bancos- consistía en recuperar los créditos otorgados juntamente con sus intereses. Veían en la cuestión un problema exclusivamente financiero en lugar de otro económico, es decir, más de base. Es como expresar que “el árbol les impedía ver el bosque”. Sin duda que la exigencia de implementar “políticas de mercado” era acertada. Lo que en modo alguno lo era consistía en continuar otorgándoles préstamos. La situación no podía ser más paradojalmente absurda: primero se les daba dinero para “ordenar sus finanzas”. Como la “estrategia” no daba resultado, se decidió como idea “brillante” continuar dándoles créditos, pero esta vez con otro objetivo: para que liberalicen sus economías. El menor sentido común (y no ya la sana doctrina económica) tendría que haberles indicado que, si no consiguieron el primer efecto menos aun iban a lograr el segundo utilizando la misma receta que había fracasado en primer término con el anterior.

“Hacia 1987 fue evidente que esta estrategia no estaba funcionando. Los países hacían muy poco por lograr las reformas económicas, aun cuando seguían recibiendo financiamiento para ello. Los bancos, aunque continuaron prestando, estaban reduciendo su exposición en la región. Paul Krugman calculó que desde 1982 hasta 1987 el volumen de créditos oficiales a los países que eran parte del Plan Baker, aumentó de US$ 50 mil millones a US$ 120 mil millones, mientras que los préstamos de la banca se mantuvieron fijos en US$ 250 mil millones durante este período y después disminuyeron a US$ 225 mil millones en 1988.8 Se estaba llevando a cabo una paulatina transferencia de una deuda privada a una deuda pública al no existir una resolución que pusiera fin al problema latente que causaba la crisis de la deuda.”[2]

Las consecuencias eran obvias ¿qué incentivos podían recibir los gobiernos recipiendarios de generosos créditos para reformar sus economías si los fondos necesarios para ello continuaban llegando sin cesar de los organismos de crédito internacionales? Esos países empleaban la misma lógica que utiliza cualquier subsidiado por el gobierno. Por ejemplo, el famoso subsidio al desempleo. Va de suyo que, si el desempleo se subsidia, ipso facto desaparece cualquier aliciente para buscar y conseguir empleo. En su lugar, el acicate se orienta a conservar el subsidio (que no exige esfuerzo alguno a cambio) y aun más, a obtener otros nuevos y/o mayores. La misma lógica han empleado los gobiernos favorecidos con créditos blandos con la “finalidad” (ilusa) de que “liberalicen” sus economías. Claramente el estímulo se situaría en el sentido opuesto: es decir a incrementar y mantener la línea crediticia, siempre con el pretexto (muy a mano) de que los caudales no eran suficientes para lograr la meta. ¡Nunca los eran!

Lo que ocurría era muy diferente: los gobiernos receptores de los créditos internacionales destinaban dichos dineros no a reformas estructurales, sino que el capital así recibido iba directo a engrosar el gasto público. A su turno, el crecimiento de este generaba un mayor déficit fiscal, lo que –a renglón seguido- motivaba a los gobiernos endeudarse mas y mas aun, solicitando nuevos préstamos para tratar de cerrar la brecha fiscal, repitiéndose el circulo vicioso -una y otra vez- en la medida que los créditos se renovaban, convirtiendo todo el proceso en una inmensa espiral inflacionaria.

[1] Ian Vásquez “Reparación de la relación acreedor-deudor en el mercado financiero internacional” Capítulo 10 en Daniel Artana y James A. Dorn. Compiladores. Crisis financieras internacionales: ¿qué rol le corresponde al gobierno? – 1ª. ed. – Buenos Aires: Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, 2004. pág.125

[2] Ian Vásquez “Reparación de la relación acreedor-deudor….ob. cit. Pág. 125

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero

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