Sobre el empleo en negro y la economía sumergida

Por Iván Carrino. Publicado el 19/11/16 en: http://www.ivancarrino.com/la-solucion-al-empleo-en-negro-y-la-economia-sumergida/

 

La economía sumergida*

*Extracto del capítulo 5 de mi libro “Estrangulados: cómo el estado asfixia tu economía”

Mohamed Bouazizi era un joven de 26 años que se dedicaba a la venta minorista de frutas y vegetales en las calles de Sidi Bouzid, en Túnez.

Todos los días, Mohamed pasaba por el mercado a comprar frutas y verduras que luego vendía en un espacio específicamente seleccionado frente a la oficina municipal. A temprana edad, este joven tunecino tenía que alimentar a su familia, compuesta por su madre, su tío y sus hermanos.

Como muchos otros pequeños empresarios de la región, Bouazizi era parte de lo que llamamos la economía informal, ya que no estaba legalmente registrado, ni pagaba impuestos por sus ventas ni aportaba a algún régimen jubilatorio estatal.

En este mundo, el joven comerciante sobrevivía con 73 dólares mensuales, pero además tenía que cargar con el acoso permanente de las autoridades locales, quienes aprovechándose de su situación de “ilegal”, solían confiscarle sus bienes o bien tomarlos sin permiso como si fueran suyos sin entregarle nada a cambio. Obviamente, también le exigían coimas que detestaba pagar.

El 17 de diciembre de 2010, Bouazizi fue acusado de cometer una infracción, motivo por el cual entró en una disputa con los inspectores locales, quienes decidieron confiscarle toda su propiedad: unas bananas, unas manzanas y una balanza electrónica, todo valuado en 225 dólares. Para colmo de males, una policía le propinó un golpe en el rostro. Finalmente, y luego de reclamar por una hora la devolución de su propiedad, la desesperación de Mohamed lo llevó a rociarse con Thinner y prenderse fuego.

Durante los siguientes sesenta días, al menos 63 hombres y mujeres en condiciones similares a las de Bouazizi procedieron de la misma forma en Algeria, Egipto, Marruecos, Arabia Saudita y Siria. Solamente 26 lograron sobrevivir. Mohamed Bouazizi no fue uno de ellos.

Los hechos que siguieron a estas acciones desesperadas se conocieron como La Primavera Árabe, un movimiento masivo a favor de una mayor democracia y libertad en los países ubicados, principalmente, en el norte de África y en la península arábiga.

La historia del origen de la Primavera Árabe es contada por el investigador peruano Hernando de Soto[1], quien considera que lo que sucedió en Túnez es el resultado de un sistema legal que, sobrecargado de regulaciones y trabas, margina y humilla a los pobres que tienen voluntad de emprender. Así, las barreras de entrada a la economía formal terminan generando que la única alternativa para amplios sectores de la población sea la economía sumergida, donde darle la espalda al sistema legal vigente tiene beneficios, pero también costos, como la falta de protección efectiva a los derechos de propiedad, algo de lo que fue víctima el joven comerciante tunecino.

Respecto de la economía sumergida, a menudo se mencionan como problemas que ésta no paga impuestos y que eso reduce la recaudación tributaria. Además, también se argumenta que, dado que algunos comerciantes operan en ese marco de ilegalidad, representan una competencia desleal frente a quienes pagan todos sus impuestos en tiempo y forma y cumplen con todas las reglamentaciones.

Sin embargo, aquí no radica la problemática de la economía en negro.

De hecho, la informalidad es un punto de llegada, y no uno de partida. Hernando de Soto afirma en sus dos libros al respecto que la informalidad es la consecuencia de un sistema legal que se vuelve demasiado oneroso para que los sectores menos favorecidos de la población puedan integrarse.

En “El Otro Sendero”, una investigación sobre “los informales” de Perú, publicado en el año 1986, muestra que para registrar un taller textil se necesitaban 289 días y un gasto total de USD 1.231, lo que representaba, en su momento, 32 veces el sueldo mínimo de ese país[2].

En “El Misterio del Capital”, del año 2001, muestra que los pobres son altamente capaces de generar riqueza, pero que una mala asignación de derechos de propiedad hace que no puedan transformar sus bienes (como viviendas o pequeños negocios), en un capital formal que les permita crecer tomando créditos y mejorando su capacidad de inversión, tal como sucede en el mundo desarrollado[3].

En nuestro país, y según las estadísticas oficiales del Ministerio de Trabajo, un 33,1% del empleo no está legalmente registrado. Por otro lado, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa afirma que el comercio en negro generó más de $ 50.000 millones de facturación en 2015, representando el 10,2% de las ventas registradas en el sector formal.

Como respuesta a esta situación, hace un tiempo se presentó una extraña propuesta. Federico Sturzenneger, ahora presidente del Banco Central, propuso que, frente al elevado contexto inflacionario que vivimos, no solo no deberían emitirse billetes de mayor denominación que el de $ 100, sino que incluso estos deberían ser eliminados.

El argumento era el siguiente:

“…el efectivo facilita enormemente las transacciones de la economía informal. Obviamente, muchas operaciones formales se hacen con efectivo, pero las informales sólo pueden hacerse con efectivo. Entonces, ¿cual sería el motivo por el cual querríamos mejorarle la eficiencia a la informalidad? Es claro que los billetes de mayor denominación harían justamente eso.”

Lo primero que uno piensa cuando lee esto es en la historia de Mohamed Bouazizi. Es decir, no estamos hablando de complicarles la vida a delincuentes peligrosos, secuestradores o terroristas cuando hablamos de no “mejorar la eficiencia de la informalidad”, sino de complicarles la vida a quienes no tienen otra mejor alternativa que acudir a la economía informal para conseguir aunque sea una forma digna de vivir.

Como explica Mario Vargas Llosa:

“La informalidad es una réplica de las mayorías contra ese sistema que las ha hecho tradicionalmente víctimas de una suerte de apartheid económico y legal. En ese sistema, las leyes parecían pensadas para cerrarles el acceso a cosas tan elementales como tener un trabajo y disponer de un techo. ¿Iban a renunciar a estas aspiraciones básicas de supervivencia en nombre de una legalidad en muchos sentidos irreal e injusta? Renunciaron, más bien, a la legalidad”

En Argentina se pagan 96 impuestos diferentes, la presión tributaria es asfixiante, y constituir una empresa legalmente toma 25 días, 14 procedimientos burocráticos y cuesta el 9,7% del PBI per cápita. En Nueva Zelandia, la presión tributaria es menor, abrir una empresa toma medio día, un procedimiento burocrático y cuesta el 0,3% del PBI per cápita[4].

Es evidente que si se busca una mayor formalización de la economía, la receta no es dificultarle la vida a los informales, sino facilitárselas, reduciendo las barreras de entrada a la formalidad como lo hace Nueva Zelanda.


[1] Véase al respecto: De Soto, Hernando: “The Real Mohamed Bouazizi”. Foreign Policy, 16 de diciembre de 2011 y De Soto, Hernando: “The Secret to Reviving the Arab Spring’s Promise: Property Rights”. Wall Street Journal, 26 de febrero de 2013.

[2] De Soto, Hernando: “El Otro Sendero”. Editorial El Barranco, Perú, 1986.

[3] De Soto, Hernando: “El Misterio del Capital”. Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 2002.

[4] Si se ordena el Índice Doing Business de acuerdo a la facilidad para crear una empresa, Nueza Zelanda se ubica en el primer puesto, mientras que Argentina recién figura en el 157.

 

Iván Carrino es Licenciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires y Máster en Economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es editor de El Diario del Lunes, el informe económico de Inversor Global. Además, es profesor asistente de Comercio Internacional en el Instituto Universitario ESEADE y de Economía en la Universidad de Belgrano.

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