UNA “LEY ANTIDESPIDOS” CONTRA EL PAÍS Y LOS TRABAJADORES

Por Enrique G. Cárrega

El proyecto de “ley antidespidos” votado en el Senado declara la emergencia ocupacional en el país, prohíbe los despidos y las suspensiones por 180 días, y dispone que si hay despidos las empresas abonarán el doble de la indemnización actual. También establece que si hay despidos, los trabajadores pueden pedir judicialmente el reingreso a los puestos de trabajo, cobrando los salarios caídos. Se prevé para los juicios, adicionalmente, un trámite sumarísimo, lo que permite visualizar una nueva ola de juicios laborales.

La propuesta se agrava dado que prevé que el empleador no puede despedir directamente al trabajador con justa causa; previamente debe someterse a un procedimiento administrativo en el Ministerio de Trabajo, con intervención del sindicato.

Se consideran PYMES las que no superaron los siguientes montos anuales de facturación: Construcción 270 M, Comercio 650 M, Actividad Agropecuria 160 M, Industrias 540 M y Servicios 180 M.

El proyecto contempla que la la ley no será aplicable a los trabajadores que se incorporen a partir de su vigencia. Pero la masa actual de trabajadores queda contemplada.

En la Cámara de Diputados se busca un acuerdo para excluir a las Pymes de los alcances de la ley. Se incluye un proyecto para abaratar los costos para el primer empleo, lo que se aplica en el mundo para flexibilizar a los trabajadores con menores cargas sociales patronales e indemnizaciones reducidas.

El Gobierno podría vetar la ley, si se sanciona, en un contexto en el que promete crear 200.000 puestos de trabajo en los próximos 18 meses.

El proyecto, si se transforma en ley y se aplica, generará efectos contrarios a los buscados.

Es que las empresas que planearon reducir su plantilla de trabajadores, ya lo han empezado a hacer. Pero no hay despidos masivos, al punto de que cuando se requirió a los sindicatos que identifiquen a las empresas que producirían los invocados despidos generalizados, hubo silencio. Como también hay silencio sobre la presentación de la declaración jurada de bienes por parte de la cúpula sindical que se ha enriquecido groseramente en los últimos años usando los aportes de los trabajadores.

Además, y lo más importante, debe señalarse que se genera un desincentivo enorme para la contratación de nuevos empleados y para la formalización del empleo en negro.

La propia Cristina Kirchner, cuando era senadora, se opuso fuertemente a la ley de emergencia económica  que suspendía los despidos por seis meses y disponía la doble indemnización. Ella intervino en la sesión del 6 de enero de 2002 para decir: “Señor presidente: voy a solicitar  autorización a este cuerpo para abstenerme en la votación de este proyecto de ley”.

Este proyecto de ley parece obedecer solo a un intento de parte de la oposición de entorpecer la gestión gubernamental, intentando aprovechar políticamente los costos de las medidas que conducen al ordenamiento del país, luego de su descalabro. Es evidente, desde cualquier óptica, que el proyecto perjudica al país, al generar inseguridad jurídica, al ahuyentar inversiones, al precarizar el empleo, al desincentivar la generación de empleo genuino y de calidad.

Enrique G. Cárrega es Procurador y Abogado (UBA). Profesor de Relaciones Laborales de la Maestría en derecho empresario en ESEADE.

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