¿Por qué no una política de “cielos abiertos”?

Por Alejandro Sala:

 

La gestión de la señora Isela Constantini como Presidenta de Aerolíneas Argentinas difícilmente llegue a buen término, no por falta de idoneidad de la funcionaria, sino porque la tarea que le fue encomendada es irrealizable. No hay modo de que una compañía que opera en un entorno de privilegios económicos, intereses políticos y ambiciones gremiales pueda ser eficiente. Toda la estructura de incentivos vinculada a la gestión de la organización la lleva a priorizar cualquier otro criterio antes que la eficiencia empresarial.

 

Para que una compañía sea eficiente, debe operar en un contexto de libre competencia en condiciones de igualdad jurídica con sus similares. Entonces, la gestión de los ejecutivos de la compañía estará orientada a tratar de mejorar la relación calidad-precio ofrecida a los clientes para tratar de incrementar las ventas de la empresa. En el caso de una compañía aérea, esto implica incrementar los vuelos a los destinos más demandados, ser puntual, brindar un buen servicio a bordo y un sinfín de detalles más que le hacen a la eficiencia en la atención al pasajero, todo ello, naturalmente, a precios competitivos.

 

Para que este proceso se desarrolle, es esencial, además, que la empresa cuente con buenos equipos de dirección, que estén permanentemente pendientes de la evolución de las demandas del mercado y que sean capaces de identificarlas, para implementar las políticas corporativas apropiadas para dar respuestas satisfactorias a esos requerimientos.

 

Aerolíneas Argentinas no opera conforme a estos parámetros porque es una empresa concebida con fines políticos. Hay una creencia según la cual el acto de poseer una “línea aérea de bandera” tiene algún significado político especial, vinculado con la grandeza de la patria y el ejercicio de la soberanía, entre otros objetivos más bien declamativos que concretos. En medio de ese clima institucional es que sobrevienen las pujas políticas, los intereses gremiales y las inequidades competitivas.

 

Por lo tanto, Aerolíneas seguirá siendo ineficiente, cara, subsidiada, sobredimensionada… No porque Constantini no sea capaz de administrar una empresa aérea, sino porque no podrá superar todos los obstáculos e intereses creados que le impedirán optimizar la eficiencia de la compañía. ¿Cuál podría ser entonces la solución?

 

Pues, sencillamente, eliminar las consideraciones políticas del tratamiento del tema, desregular el mercado de transporte aerocomercial de cargas y pasajeros y generar condiciones que incentiven la competencia, la aparición de nuevas empresas, la búsqueda de nuevas rutas y el mejoramiento sistemático del servicio, adecuándolo a las demandas de los pasajeros. Entonces, el Estado dejaría de perder dinero, los pobres no estarían financiando con sus impuestos los viajes de los ricos, los pasajeros viajarían mejor… Aerolíneas Argentinas, como la conocemos, no debería existir más. Si el mercado se abre, quien visualice la posibilidad de hacer un negocio, deberá invertir en aviones y en toda la logística relacionada con la actividad y el resultado final sería un mejor servicio, pagado por quienes lo usen y un proceso de evolución permanente en la búsqueda de prestaciones acordes con las cambiantes demandas de los clientes.

 

El Estado tendría la función de definir los estándares de seguridad y de capacitación de los pilotos, de modo de evitar que aventureros irresponsables se lancen a prestar servicios que pongan en riesgo la vida de los pasajeros. Esas exigencias serían iguales para todas las empresas y quien cumpla esas condiciones técnicas quedaría automáticamente habilitado para ofrecer el servicio. En el caso de que, por razones supuestamente políticas, vinculadas con una “estrategia de integración territorial”, existiera el deseo de que haya vuelos a destinos poco rentables que las compañías privadas no estén dispuestas a cubrir, la solución es, sencillamente, que el Congreso destine las partidas correspondientes en el presupuesto nacional y que el Estado contrate los vuelos chárters que hayan sido votados por los legisladores.

 

En definitiva, una política de “cielos abiertos” sería la mejor forma de organizar el sistema de transporte aerocomercial de pasajeros. Por supuesto que esto implica aplicar una política de mercado. Pero ¿cuál es el problema? Al fin y al cabo, el objetivo es que se preste el servicio con eficiencia y al menor costo posible. Si el mercado facilita el logro de ese objetivo, sería mejor dejar de lado los prejuicios ideológicos y concentrarse en la búsqueda de los mejores resultados.

 

Alejandro Sala es ex-alumno de la Licenciatura en Ciencias Sociales de ESEADE. Es autor del artículo “El crédito y la libertad bancaria en un régimen de reserva fraccionaria” (RIIM, N°60, mayo de 2014) y del libro El espíritu del mercado: la economía al servicio del consumidor (Buenos Aires: Editorial Dunken), entre otros escritos. 

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