“Derechos sociales” vs individuales

Por Gabriel Boragina. Publicado el 12/3/16 en: http://www.accionhumana.com/2016/03/derechos-sociales-vs-individuales.html

 

Es casi un lugar común, algo implícitamente aceptado por aproximadamente todos, que existe un divorcio y un antagonismo irreconciliable entre los llamados “derechos sociales” y los individuales. Pero, como tantas veces dijéramos, esa distinción es artificiosa porque no se compadece con la realidad de los hechos, ya que parte de una defectuosa concepción del vocablo “derecho” y -por otro lado- no hace una lectura correcta de la realidad social, llegando a una utilización artificiosa de los términos. El problema de fondo, radica en que resulta imposible identificar ningún “derecho social” que no se trate de adjudicar arbitrariamente a algún grupo de personas, con lo cual, lo que se quiere significar bajo esta denominación resulta -en lo cotidiano- la asignación de seudoderechos, que una autoridad deberá conceder a específicos círculos en detrimento, por supuesto, de otras personas.

“¿Se compagina la libertad con los «derechos sociales»? De ningún modo. Una persona tiene verdadero merecimiento (derecho) a tener comida, vestido, casa, muebles, carro, empleo, atención médica, (no «salud»), educación, diversiones, etc., sólo si se los gana en intercambios libres. Por otra parte, esta es la única forma de madurar, y de ganar autoestima personal: en base a los propios méritos y capacidades, que se descubren en la medida en que uno sale al mercado a ofrecer algo que pueda ser de valor al prójimo, y este puede brindarle un reconocimiento libre mediante el pago de un precio voluntario. Lo que el Estado debe es no impedir que una persona pueda ganar aquello que desea, si lo merece.”[1]

Un “derecho social” es una imposibilidad fáctica, porque apenas se lo quiere distinguir de un derecho individual lleva a un callejón sin salida en el cual encontramos a personas individuales que tratan de obtener pseudoderechos por sobre otras personas, por la sencilla razón que les atribuyen a estas ultimas la pertenencia a un conjunto diferente al suyo (esa asociación puede ser un partido político, un sindicato obrero o patronal, o una entidad de algún otro tipo). De la falacia de los “derechos sociales” deriva otra no menos imposible: la de los “movimientos sociales”, que consisten -en última instancia- en bandas de personas que se aglutinan para lograr del mando político prebendas, dadivas, privilegios y ventajas por sobre otras personas, a las que arbitrariamente imputan la pertenencia a comunidades opuestas o antagónicas.

“Se advierte en los discursos oficiales, la continua referencia a los derechos sociales, o derechos de segunda generación, para justificar la pretensión del régimen de velar por los derechos humanos. Los mal llamados derechos sociales, se vinculan con la satisfacción de ciertos requerimientos propios de la vida humana, tales como salud, vivienda, educación, etc. Pretender que la satisfacción de dichos derechos sociales se logra a través del monopolio gubernamental, supone un contrasentido y un gran peligro por tres motivos fundamentales:

1) Porque, al igual que todo monopolio, elimina la competencia, es decir el principal incentivo para hacer un buen trabajo. Es contradictorio pretender una mayor y mejor educación o salud, poniendo dicha actividad exclusivamente en manos de los burócratas del régimen.

2) Cuando el Estado monopoliza una actividad y pretende prestar un servicio en forma directa, sólo puede intentar lograrlo por medios compulsivos. Serán los impuestos u otros medios de extraer dinero a los ciudadanos, los que se utilicen para satisfacer necesidades ajenas. Dicha redistribución obligatoria sólo puede hacerse posible sacrificando derechos de primera generación: la propiedad, la libertad personal, la libertad de ejercer industria o comercio, el derecho de asociarse con fines útiles, etc.

3) Finalmente, la constante invocación de derechos sociales para justificar el establecimiento de monopolios estatales, es una de las formas que las dictaduras encuentran para extender su control sobre la comunidad y justificar sus atropellos.”[2]

Pero, aunque el estado no monopolice la prestación de los falsos “derechos sociales” puede instituir su existencia a través de diferentes sistemas legales que obliguen a terceros ajenos e inocentes a efectuar o conceder tales imaginarios “derechos sociales”, los que necesariamente -como hemos visto- serán siempre altamente discriminatorios. Es cierto que la opción por la monopolización estatal suele ser la preferida por los gobiernos de poco más o menos todo el mundo, pero hay otras muchas vías económicas (algunas de ellas muy sutiles) de las cuales los mandos políticos se valen para hacer cumplir ese mal denominado “rol social”. Los actuales países socialdemócratas emplean generalmente instrumentos fiscales para redistribuir ingresos con pretendidos “fines sociales”, que en casos de regímenes populistas llegan al paroxismo. En los hechos, esos pretensos “fines sociales” se dirigen a la autodenominada “militancia” o camarillas afines al partido populista de turno en el poder. Dichas experiencias se han producido con consecuencias muy luctuosas en Argentina con los Kirchner, Correa en Ecuador, Morales en Bolivia y con muy particular gravedad en el régimen comunista castrochavista venezolano. En grado menor, en Brasil y Chile. Pero la inexistente “filosofía” que inspira todas estas transferencias de ingresos desde los que producen hacia los que sólo consumen sin producir absolutamente nada, se verifica -en mayor o menor grado- en cerca de todas partes el mundo, dado que se considera lo “políticamente correcto”.

Hay que poner de relieve que también es ilusorio que todas las sinecuras y prerrogativas otorgadas por el imperio estatal a determinados grupos en nombre de esos pretendidos “derechos sociales” alcancen en forma individual a todos los miembros de cada uno de ellos. Los beneficios y el botín se reparten de manera desigual, siendo que la mayor proporción va a parar directo a las alforjas de los gobernantes o del área específica del régimen de donde procede la provisión de recursos en cuestión. En segundo lugar, hacia los lideres o capitostes del conglomerado en cuestión. Finalmente, en tercer y último lugar, los seguidores sólo suelen recibir las migajas, aunque a veces estas sean significativas cuantitativamente.

[1] Alberto Mansueti – Jose Luis Tapia Rocha. LA SALIDA. o la solución a los problemas económicos y políticos del Perú, Venezuela y América Latina– Edición ILE. Perú. Pág. 371

[2] Eneas Andrés Biglione “El embargo norteamericano al régimen castrista: Una perspectiva de Law & Economics”. Corporate Training. George Mason University. Diciembre 2009. Pág. 15-16

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: