División de poderes versus gobierno limitado

Por Gabriel Boragina. Publicado el 30/1/16 en: http://www.accionhumana.com/2016/01/division-de-poderes-versus-gobierno.html

 

Es frecuente confundir gobierno limitado con división de poderes. Pero desde nuestro punto de vista, en modo alguno resultan sinónimos. Generalmente se apela a la clásica división tripartita de poderes (en rigor, vendrían a ser los órganos de un mismo y único gobierno) que los separa en un poder ejecutivo, otro legislativo y uno judicial. Y suele decirse que en esto consiste la “limitación” del gobierno o un gobierno “limitado”.

No lo creemos así, por cuanto detentando el gobierno el 100% del poder, y suponiendo una división igual del mismo entre las mencionadas tres ramas de aquel, esto equivaldría a un reparto del poder en un 33,33% para cada una de esas ramas. Lo que implicaría que ese poder se ha dividido en tres, pero en modo alguno se lo ha limitado, dado que la suma de ese 33,33% siempre seguirá dando el mismo resultado: un 100% de poder, o sea, el poder total del gobierno. En el mejor de los supuestos, esto equivaldría a una limitación formal o nominal, pero no efectiva ni real, habida cuenta que desde el punto de vista del gobernado, el gobernante sigue detentando el 100% del poder, solo que dividido entre tres ramas. Poder dividido no es igual a poder limitado.

Nosotros creemos que el poderío político se visualiza mejor si lo contemplamos desde un punto de vista económico. Y desde este ángulo, el poder político no viene a ser algo diferente al poder de gastar y de recaudar las cantidades que serán destinadas a lo que mal se llama gasto “público” y que -en definitiva- no es ninguna otra cosa que simple gasto estatal. Simple pero no inocuo. He aquí lo que consideramos el verdadero límite. En consecuencia, lo que se debe limitar es el gasto estatal y el poder fiscal si lo que se quiere es ponerle límites al gobierno o -en los términos planteados- tener un gobierno genuinamente limitado.

¿Cómo reducir el gasto estatal y el poder fiscal? Lo idóneo seria hacerlo a través de una cláusula constitucional, pero si ello no fuera posible no habría óbice para crearlo a través de una ley dictada al efecto. Podría efectuarse incluso mediante una sencilla reforma a la ley de presupuesto nacional ya vigente, sin necesidad de dictar una norma nueva. Pocas veces se tiene en cuenta que la ley del presupuesto nacional es la clave del poder estatal (y también de su limitación que tratamos ahora).

El problema básico es que el gobierno –a través de la ley de presupuesto nacional- fija primero su meta de gastos y, en función de estos, luego la de sus ingresos para solventar esos gastos. Todos nosotros tenemos un presupuesto. Como particulares los ciudadanos comunes fijamos nuestros gastos en función de nuestros ingresos. Si, por ejemplo, gano $ 100.- se a priori que esa cantidad es la que será el límite de cualquiera de mis gastos. Ergo, el presupuesto personal que elabore no podrá jamás ser mayor a los $ 100.- y si quiero comprar un producto que cuesta $ 200.- también se de antemano que no lo voy a poder hacer (salvo que solicite un crédito con las garantías respectivas, las que de no tener no se me otorgará).

En un sentido por completo inverso, el gobierno (que no genera ingresos propios) si desea comprar ese mismo producto que cuesta $ 200.- lo único que tiene que hacer para obtenerlo es cobrar impuestos a la gente por esa exacta o (lo que ocurre muy a menudo) mayor cantidad, algo que como es sabido, ningún ciudadano del llano puede hacer. La gente común no posee el menor poder para fijar sus propios ingresos, debido a que estos están fijados por el mercado. En cambio, el gobierno si tiene ese poder, porque la fuente de sus ingresos son –precisamente- los ingresos de sus súbditos.

Si realmente se quisiera limitar el poder político, debería revertirse lo señalado en el párrafo anterior, y que el gobierno también –como en el caso de los particulares- fije sus gastos en función de sus ingresos. Porque si realmente queremos un gasto publico bajo, hay que bajar los ingresos del “estado”, lo que -en otros términos- implica limitar su poder fiscal fijando un tope de impuestos a cobrar que no pueda en circunstancia alguna ser superado (excepto ocurrencias verdaderamente excepcionales como podría ser una catástrofe natural o una guerra, por ejemplo) pero no en otra situación. Todo lo cual -conforme expusimos mas arriba- se logra mediante una cláusula constitucional que lo diga, o una ley especial, o incorporando una estipulación análoga en la ley de presupuesto nacional ya vigente. En suma, fijar un tope a la recaudación y que los gastos estatales se limiten a ese tope.

Es cierto que el procedimiento puede llevarse a cabo a la inversa, fijando ese tope al gasto. En este contexto, debe establecerse por ley que los impuestos no podrán en ningún supuesto superar ese límite de gastos. No bastará –desde luego- que la disposición meramente lo prohíba, sino que además deberá preverse en su texto una penalidad para el escenario en que la ley se viole por parte de los burócratas de cualquier nivel, con sanciones de extrema gravedad, que impliquen penas pecuniarias y la separación del cargo en la hipótesis de reiteración.

Ahora bien ¿cuál debería ser el nivel del gasto o -mejor dicho- en qué punto debería definirse un gasto estatal como “bajo”?. Esta es una cuestión que podría llegar a ser complicada y que -en primera instancia- seguramente variará de un país a otro. Un parámetro que se nos ocurre podría ser tomar los precios de mercado de la actividad del sector privado y extrapolarlos a la misma actividad o servicio que pretende prestar el sector público. Por ejemplo, en materia de seguridad, educación, salud, etc. (y en la medida que se consideren algunas de estas o todas, funciones a cumplir por el “estado”).

La limitación de gastos e impuestos es una solución poco simpática para los políticos y los burócratas, pero lamentablemente también lo es para muchas otras personas que no entran ni en una ni otra de las dos categorías mencionadas, pero las que, sin embargo, tienen una mentalidad estatista o dirigista. Cuando el consenso mayoritario en un lugar determinado es estatista o dirigista nada podrá impedir un gobierno ilimitado con los consiguientes desajustes económicos (en otras palabras, sociales).

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

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