Destruyendo la competencia

Por Gabriel Boragina. Publicado el 8/11/15 en: http://www.accionhumana.com/2015/11/destruyendo-la-competencia.html

 

En la mayoría de los países existen leyes célebremente denominadas de “defensa de la competencia” cuyo propósito -en el desarrollo de sus objetivos- suelen coincidir con el nombre que reciben. Sin embargo, y curiosamente, este tipo de leyes acostumbran coexistir con un gran número de otras leyes que, de una u otra manera, declaman la imperiosidad de “ayudar” o subsidiar determinados tipos de actividades o sectores sociales, bajo pretexto de la “necesidad” de “estimular” el consumo, la producción o ambas cosas al mismo tiempo. Si no existieran este último tipo de leyes de ningún modo harían falta las primeras, por cuanto la mejor defensa de la competencia que puede existir es aquella que nos brindan los mercados completamente libres y desregulados, lo que implica, naturalmente la total ausencia de subsidios, porque :

“Una vez que se abren las compuertas de los subsidios se monta una máquina que hace que se desate una competencia por los recursos escasos de lo que se ofrece. De este modo los empresarios desvían su atención del mercado y la centran en quienes otorgan subsidios. Se desata así una lucha para ver quién saca mejor partida a expensas de los demás ya que el subsidio necesariamente proviene de los bolsillos de otros que resultan expoliados. Pero aquí no se trata simplemente de una suma cero, es decir, de una transferencia coactiva de un grupo o de una persona a otro grupo o persona. La competencia por obtener se desata debido a que los recursos son limitados. También son limitados los privilegios aunque no se trate de una transferencia directa de recursos puesto que si todos son privilegiados no habría privilegiados.” [1]

Cuando el argumento es que el subsidio se otorga para “fomentar el consumo” sucede exactamente lo mismo a lo que se describe arriba, pero esta vez el fenómeno se verifica del lado de la demanda y no de la oferta. Se traduce en una clarísima discriminación entre los consumidores que reciben el subsidio y aquellos que quedan excluidos del mismo, siendo estos últimos manifiestamente perjudicados. Por otro lado, el mayor consumo que el subsidio le permite a los consumidores subsidiados hará que los precios del artículo en cuestión se eleven, con lo cual aquellos otros consumidores que quedaron excluidos del beneficio del subsidio verán aumentar el precio del producto que necesitan, lo que hará que sus posibilidades de adquirirlo sean más remotas aun que antes de haberse decretado el subsidio al consumo. En definitiva, puede llegarse a la conclusión que cualquier subsidio -además de antieconómico- es discriminatorio respecto de los conjuntos que el poder político de turno considera “no merecedores” de la prebenda. Pero como además los recursos son escasos, sería imposible extender el beneficio o ayuda a todos. Con lo que, queda demostrado que la mal llamada “ayuda” es, en realidad, un “salvavidas de plomo” para los conglomerados más desfavorecidos, o de más bajos ingresos.

“Aquella competencia no se desarrolla en base al aspecto físico del empresario, se lleva a cabo en base a ofertas de uno u otro tipo que realizan los competidores a manos de los oferentes de privilegios. No necesariamente debe recurrirse al cohecho directo o indirecto. Pero, en cualquier caso, para proceder en este sentido se montan sistemas de lobbies para acercarse al poder, sea para convencer al burócrata de la “bondad” de la propuesta o, debido a que no hay criterio racional para otorgar el subsidio, para concretar una oferta monetaria a los efectos de que se resuelva el privilegio en beneficio del postulante. En cualquiera de los dos casos deben destinarse recursos para obtener el cometido, aunque más no sea el factor tiempo lo cual también se traduce en costos de oportunidad. Supongamos que se trata de un subsidio de 10 millones de dólares, en este caso el empresario estará dispuesto a invertir hasta 10 millones de dólares para lograr el subsidio de referencia, lo cual, desde la perspectiva del resto de la comunidad significará, por ejemplo, 19 millones de dólares derrochados. Los primeros 10 millones significan un despilfarro debido a que todo subsidio implica que se sacan recursos de las áreas preferidas por la gente hacia las áreas preferidas por los gobernantes del momento. “[2]

De lado del consumo -que venimos analizando- sucede un fenómeno análogo al del lado de la oferta que bien describe la cita anterior. En este caso, los políticos que detentan el poder -o aspiran a detentarlo- juegan un rol activo en el otorgamiento de subvenciones y prebendas pero direccionados a los que consideran su potencial clientela electoral. Y en esa línea, en sus discursos y campañas prometen la implementación de planes sociales o programas de “ayudas” a través del aparato estatal. Esto es algo que la experiencia ha confirmado ampliamente en los movimientos o partidos populistas que han sabido asolar la región en los últimos años, y que han buscado y siguen buscando perpetuarse en el poder. Su política ha consistido precisamente en campañas basadas en el tristemente célebre slogan socialista de “quitarle a los ricos para darle a los pobres” en una suerte de mal simulado Robin Hood encarnado por el paternalismo estatal. La fórmula no es nueva y ha fracasado una y otra vez en la historia, como cualquier registro lo puede demostrar. El populismo apunta básicamente a personas de muy bajos ingresos que no se encuentran contenidas por ninguna organización formal que los nuclee (como podrían ser los sindicatos, que en su hora consistieron en grupos de presión para obtener privilegios laborales por encima de los que la economía real podía permitir). El populismo se dirige, más bien, hacia sectores marginados fuera de toda estructura, que buscan captar para la militancia política a cambio de una prebenda, dadiva o privilegio que necesariamente implica quitarles a unos lo que les pertenece para darles a otros lo que no le pertenece y que suele designarse con el impreciso nombre de “justicia social”.

[1] Alberto Benegas Lynch (h). El juicio crítico como progreso. Editorial Sudamericana. Pág. 515 a 518

[2] Alberto Benegas Lynch (h) El juicio… Ob. Cit.pág. 515 a 518

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

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