Avances en el proceso de paz entre Colombia y las FARC

Por Emilio Cárdenas. Publicado el 29/9/15 en: http://www.lanacion.com.ar/1832104-avances-en-el-proceso-de-paz-entre-colombia-y-las-farc

 

El miércoles pasado se alcanzó un trabajoso acuerdo entre el gobierno de Colombia y los líderes de las FARC. El referido a uno de los capítulos más complejos de las negociaciones de paz que están en curso desde hace tres años. El que tiene que ver con la llamada “justicia transicional”. Esto es, con el juzgamiento efectivo de los aberrantes crímenes de guerra cometidos durante medio siglo de “conflicto armado interno” en Colombia. Crímenes que son delitos de lesa humanidad, por lo que no pueden quedar impunes, como desgraciadamente ha sucedido en otros rincones de nuestra región.

Tras el paso adelante que supuso superar ese escollo, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos,estrechó su diestra con la de Rodrigo Londoño -más conocido como “Timochenko”- el líder de las FARC. Esto ocurrió en La Habana, ante la mirada de un exultante Raúl Castro que no cabía en sí mismo. Esa fue, cabe apuntar, la primera vez que los dos colombianos mencionados se vieron la cara. Simultáneamente se anunció que el acuerdo final de paz entre las dos partes se suscribirá a más tardar el 23 de marzo de 2016, poniendo fin a un conflicto que ha desangrado a Colombia provocando más de 300.000 muertes.

El texto final de lo acordado no se conoce aún. Lo que inevitablemente genera dudas. En rigor, sólo se han dado a conocer los principales puntos consensuados, de modo telegráfico. Las FARC, puede sostenerse, finalmente aceptaron enfrentar la responsabilidad que les cabe por sus crímenes, como corresponde. Además, convinieron en reparar los daños provocados a las víctimas de su accionar criminal a lo largo de cinco décadas de violencia.

Lo sucedido es positivo, aún cuando queden dudas de magnitud a despejar sobre cuestiones que tienen directamente que ver con los capítulos negociados.

Veamos algunos de los temas recientemente acordados que contienen soluciones que son novedosas y, por ende, hasta polémicas.

El “desarme” de la guerrilla

Se ha previsto que el “desarme” de las milicias de las FARC comenzará recién 60 días después de que sea suscripto el acuerdo final de paz. No se sabe aún cómo, desde que el tema no se ha terminado de analizar.

La idea central parecería ser que las armas y los pertrechos de guerra en algún momento se entreguen a un tercero a convenir, quien se encargará de destruirlas y certificará -más allá de toda duda- esa circunstancia una vez que haya hecho lo que se le encargue. Hablamos de cantidades y tipos de armas y municiones realmente sustanciales.

La “reinserción” y desmovilización de la guerrilla

No hay todavía anuncios concretos sobre esta delicada cuestión. Que deberá ciertamente incluir algún programa particular de empleo y quizás hasta asentamientos para la “reinserción” inicial en la sociedad colombiana de los ex guerrilleros, así como definir y organizar proyectos productivos, como podrían ser trabajos de desminado y construcción de obra pública.

El referendo aprobatorio del acuerdo de paz

Cabe destacar que serán los propios colombianos quienes, en definitiva, se pronuncien sobre la aceptación -o el rechazo- de lo negociado por su gobierno con las FARC. Las FARC han insistido, con desparpajo sin par, que esto debería hacerse a través de una Asamblea Constituyente. El gobierno no lo ha aceptado. Lo cierto es que cualquier acuerdo con las FARC al que se arribe deberá ser ex post refrendado, esto es legitimado expresamente por el pueblo colombiano para entrar en vigencia.

Es importante destacar que el 81% de los colombianos encuestados quiere que los guerrilleros sean seriamente juzgados y, en su caso, condenados por sus innumerables delitos.

Extradiciones

Como existe la posibilidad de que algunos de los líderes de las FARC puedan, tras la paz, ser requeridos por tribunales norteamericanos por sus vinculaciones con el narcotráfico, habrá que resolver esta situación que tampoco parece haber sido objeto de consenso final alguno.

Ocurre que aún está fresco el recuerdo de lo sucedido con algunos paramilitares que, desmovilizados en 2008, finalmente terminaron encerrados en cárceles norteamericanas, donde algunos aún están recluidos cumpliendo largas condenas a prisión.

El diplomático norteamericano que estuvo siempre cerca de las negociaciones de paz con las FARC, Bernie Aronson, habría asegurado que no habrá pedidos de extradición para quienes sean efectivamente juzgados bajo el acuerdo de paz negociado.

Juicios y penas “ad hoc”

Este es un tema central, con el cual seguramente habrá cuestionamientos, posiciones antagónicas y hasta desencuentros. Tanto es así que ya se conocen fuertes diferencias de opinión.

Según los anuncios formulados, los milicianos de las FARC y los agentes del Estado que hayan, directa o indirectamente, cometido crímenes de guerra tendrán una opción: la de confesarlos o no. Hablamos de unos 38.000 episodios criminales que pudieron haber sido cometidos por unos 16.000 guerrilleros que han sido objeto de investigaciones de distinto tipo. No es poco. Es obvio que, además, habrá otros atentados terroristas que investigar. Sus responsables deberán revelar toda la verdad de lo, en cada caso, sucedido. Y reparar a las víctimas, comprometiéndose formalmente a no repetir jamás sus conductas delictivas.

En el primer caso, el de los confesos, ellos serán juzgados por una sala o salas de un Tribunal Especial con jurisdicción exclusiva “para la paz” a crearse y, en su caso, recibirán condenas que van desde los 5 a los 8 años de duración. Pero lo novedoso es que no irán necesariamente a prisión, sino que tendrán sólo una restricción a su libertad ambulatoria, “en condiciones especiales”. Como podría ser quedar alojados en granjas agrícolas, donde podrían hacer trabajos comunitarios. O hacer eventualmente tareas de desminado o de sustitución de cultivos ilícitos, esto es de aquellos dedicados a la producción de drogas. Esto es ciertamente distinto a lo sucedido hasta ahora en casos similares.

Por esto algunos, como el Procurador General de Colombia, Alejandro Ordóñez, o el respetado Director General de Human Rights Watch, José Manuel Vivanco, no han vacilado en expresar -de inmediato- su desacuerdo frontal con los anuncios realizados. Para Vivanco, esto “permitiría que los máximos responsables de los peores abusos puedan eximirse de pasar siquiera un día en prisión” y, por ello, es difícil imaginar que esta fórmula supere un escrutinio riguroso por parte de la Corte Constitucional de Colombia o de la Corte Penal Internacional. Y es posible que sea así. Hay, entonces, un problema de “proporcionalidad” entre la enorme gravedad de los crímenes cometidos y el carácter casi simbólico de las penas a aplicarse.

Quienes, en cambio, reconozcan tardíamente sus delitos, podrán ir a cárceles ordinarias a cumplir allí la pena que en cada caso se les imponga. Siempre entre los 5 y los 8 años de prisión.

Si no hay confesión por parte de algunos y, ello no obstante, investigadas que sean sus conductas, se los encuentra culpables de haber cometido delitos de lesa humanidad, las penas a ser impuestas en estos casos, por otra sala o salas del tribunal a crearse, podrían extenderse hasta los 20 años, siempre en cárceles ordinarias.

El tema de los mecanismos punitivos que aparentemente han sido convenidos seguramente generará resistencias. Particularmente entre los miles y miles de víctimas de la violencia de la guerrilla marxista acumulados a lo largo de medio siglo de atentados inhumanos. Para muchos, mecanismo punitivo previsto supone conferir impunidad.

Se ha acordado entonces la creación de un tribunal especial, en el que la mayoría de los magistrados sería colombiana y en el que, además, participarían (aunque en minoría) jueces extranjeros. Las FARC tendrán voz en la selección de los candidatos, lo que también es cuestionable. Tanto los agentes del Estado, como los particulares, quedarían sometidos a la jurisdicción del nuevo tribunal, tal como lo exige el derecho humanitario internacional. Se espera que el tribunal pueda completar su labor en un plazo de tres años, aproximadamente.

Se habla, asimismo, de la sanción de una “ley de amnistía”, aunque sólo para los delitos de contenido político. No para aquellos de lesa humanidad, desde que está claro que las amnistías no son admisibles para el derecho internacional cuando se refieren a estos últimos delitos. Esto pese a estar mencionadas en el Protocolo II de la Cuarta Convención de Ginebra de 1949.

Por su parte, las organizaciones no gubernamentales especializadas podrían -ellas también- denunciar los delitos de lesa humanidad de los que tengan conocimiento.

La situación del “ELN”

Ante el avance de las conversaciones de paz con las FARC, cabe preguntarse acerca de qué sucederá con el segundo movimiento guerrillero colombiano, el ELN, que tradicionalmente ha estado bajo la tutela cubana inmediata.

Hoy esa organización violenta aún cuenta con unos 1500 efectivos y está comandada por Nicolás Rodríguez Bautista, a quien se conoce por su nombre de guerra: “Gabino”. El ELN ya ha mantenido conversaciones exploratorias con el gobierno de Colombia en territorio de Ecuador y de Venezuela, países “bolivarianos” donde, por razones que no hace falta explicar, el ELN se siente seguro.

Por todo ello se presume que, si el acuerdo con las FARC finalmente se alcanza, el ELN podría terminar haciendo rápidamente lo mismo. O algo muy parecido. Poniendo así fin a su propia participación en una etapa de violencia que para Colombia podría quedar atrás.

La paz para Colombia comienza a parecer factible. A vislumbrarse cercana, entonces. Buenas noticias, más allá de las dificultades que quedan por superar.

 

Emilio Cárdenas es Abogado. Realizó sus estudios de postgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan y en las Universidades de Princeton y de California.  Es profesor del Master de Economía y Ciencias Políticas y Vice Presidente de ESEADE.

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