Con Ollanta Humala, Perú sigue creciendo

Por Emilio Cárdenas. Publicado el 18/7/12 en http://www.lanacion.com.ar/1491376-con-ollanta-humala-peru-sigue-creciendo

La economía peruana sigue robusta. A pesar de la crisis externa, ha crecido un sólido 6,47% en mayo pasado respecto del mismo mes del año anterior. Así lo acaba de informar el Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú, que no deforma, ni manipula, las cifras oficiales. La mayoría de los sectores productivos muestran una evolución positiva. Especialmente el de la construcción, que creció un 15,84%; el de la actividad agropecuaria, que creció un 7,75% y el de los servicios, que creció un 7,92%. También aumentó sensiblemente la actividad manufacturera. En rigor, el único sector que registró una caída fue el de la pesca.

Una vez más, uno de los países del Pacífico -abiertos y con economías de mercado- crece a un ritmo más sostenido que los del Atlántico, estatistas y proteccionistas. Para el año en curso, con un segundo semestre que se vislumbra como algo más lento, Perú proyecta un crecimiento del 4,7%. Esto pese al notorio fortalecimiento del sol. El dólar en el Perú registra cotizaciones que hoy son las más bajas en más de 15 años.

Ollanta Humala ha mantenido una política fiscal y monetaria de corte ortodoxo, dentro de los parámetros económicos que han venido utilizando en el Perú de las últimas dos décadas, aunque con mayor acento en las políticas de inclusión.

Desde que, al inicio de su gestión, Humala designara a Luis Miguel Castilla en Economía y confirmara en el Banco Central de Reserva a Julio Velarde, todas las señales que emite su administración generan confianza y transmiten continuidad. Además, privilegian el estado de derecho.

 

Por todo esto no es sorpresivo que Humala mantenga el aplauso de sus partidarios, entre los que están ciertamente Alejandro Toledo y Mario Vargas Llosa. Pero también por esto, su ex rival, el excelente economista Pedro Pablo Kuczynski, sostiene que “el balance de la gestión económica del primer año del presidente Ollanta Humala ha sido bueno. El Perú sigue teniendo una de las tasas de crecimiento económico más altas de América latina, con la menor inflación”.

No obstante, de cara a la opinión pública, las cosas son para Humala un poco más complejas. Una encuesta urbana publicada por el matutino El Comercio , de Lima, elaborada recientemente por Ipsos Apoyo, Humala cierra su primer año de gestión con un 40% de aprobación y un 51% de desaprobación. Esos guarismos comparan razonablemente bien con los de sus predecesores. En efecto, al cierre de su primer año de gestión, Alejandro Toledo tenía tan sólo un 18% de aprobación y recibía un 76% de desaprobación. El caso de Alan García resultó un poco mejor que el de Toledo, desde que, siempre en idéntico período, el apista obtuvo un 32% de aprobación y un 64% de desaprobación.

 Según la encuesta mencionada, para el público entrevistado los éxitos más importantes de Ollanta Humala han tenido que ver con sus programas sociales (especialmente con los denominados: Pensión 65 y Beca 18). Hay también aplausos para su manejo del salario mínimo vital. La continuidad de la política económica -en cambio- merece la aprobación del 13% de los encuestados. Su giro en materia de política económica, la de apenas el 6%. En contraposición, la encuesta revela que para la gente lo peor del primer año de gobierno de Ollanta Humala han sido los conflictos sociales. Las quejas se refieren, asimismo, a sus dificultades de comunicación y a algún escándalo en torno a su ex vicepresidente.

Respecto de su problema socioeconómico más importante, que es el conflicto en Cajamarca con motivo del proyecto minero denominado Conga , la mayoría de los peruanos estima que -pese a todo- el proyecto se concretará y que el Estado debe seguir adelante con el mismo. Hablamos del 60% de los peruanos, en promedio. En los centros urbanos, esa aprobación es aún más alta.

La encuesta contiene algunos datos adicionales de interés. Por ejemplo, que el 57% de los peruanos legitima el uso de la fuerza respecto de las marchas callejeras no autorizadas. Porcentaje que aumenta cuando se trata de cortes de rutas o carreteras, donde el 74% del los peruanos se pronuncia a favor del uso de la fuerza para mantenerlas expeditas. Más aún, cuando se atenta contra la propiedad privada, donde el 79% de los peruanos defiende el uso de la fuerza para garantizarla, o cuando se pone en riesgo la integridad física de las personas, circunstancia en la que el 84% de los peruanos legitima el uso de la fuerza.

 Finalmente, respecto de la situación económica, el 61% de los peruanos la califica de “regular”. Además, un 69% de los encuestados sostiene que la situación económica es “similar” a la de los últimos 12 meses. Respecto del futuro cercano, los peruanos manifiestan un interesante grado de optimismo, desde que el 33% de ellos opina que en un año la situación económica general mejorará; mientras el 49% anticipa que se mantendrá sin cambios. Apenas un 12% de los peruanos opina que la situación económica en el corto plazo podría llegar a deteriorarse.

En síntesis, la reacción popular ante el primer año de gestión de Ollanta Humala luce positiva. Sin embargo, la falta de solución al enorme proyecto minero de Conga parece haber empezado a generar alguna inquietud.

Emilio Cárdenas es Abogado. Realizó sus estudios de postgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan y en las Universidades de Princeton y de California.  Es profesor del Master de Economía y Ciencias Políticas y Vice Presidente de ESEADE.

 

La clave es la educación:

Por Alberto Benegas Lynch. Publicado el 19/7/12 en: http://www.diariodeamerica.com/front_nota_detalle.php?id_noticia=7384

Me parece que es relevante destacar que deben diferenciarse nítidamente, por una parte, los proyectos de quienes se desempeñan en la órbita política y, por otro, los que actúan en el plano académico. En el primer caso, no resulta posible presentar planes de acción política con independencia de lo que reclama y puede digerir la opinión pública. Proceder de otro modo condena al fracaso la iniciativa política puesto que en esta instancia del proceso de evolución cultural se hace necesario contar con masivo apoyo electoral y también debe tenerse presente que el político debe conciliar diferentes posiciones. En cambio, en el segundo caso se trata de abrir caminos independientemente de lo que al momento piensa la opinión dominante. Son dos roles muy distintos: si un político pretendiera adoptar medidas con independencia de lo que comprende y acepta el electorado, estará perdido como político. Por el contrario, si para dictar una clase el profesor ausculta lo que reclama el alumnado durará poco en su cátedra (no hay papel más lastimoso que un intelectual que la juega de político haciendo equilibrios para adaptarse a lo “políticamente correcto” y así conseguirse un puestito en el elenco de algún gobierno). En realidad, la vinculación entre los dos roles se establece en cuanto a que las características de la opinión pública y, por tanto, del discurso político, dependerá de la honestidad, el coraje y la claridad con que se abran nuevas avenidas desde el plano intelectual.
 
Entonces, en base a estas consideraciones introductorias y teniendo en cuenta que todo lo que ocurre depende de una buena educación, formulo las siguientes reflexiones desde un ámbito que no pretende simular ni replicar una carrera electoral sino desde lo que se ha dado en llamar “el llano” (aunque en verdad en un ámbito republicano son los políticos los que están en el llano ya que son meros empleados de sus mandantes). En este contexto, formulo de modo muy telegráfico el siguiente decálogo al efecto de ir corriendo el eje del debate en pos de una sociedad abierta:
 
1. Dado que todos somos diferentes, no solo desde el punto de vista anatómico sino especialmente desde la perspectiva psicológica, los programas educativos deben operar en abierta competencia en cuanto a asignaturas, textos, métodos didácticos, horarios y todo lo que hace a una casa de estudio al efecto de sacar el máximo provecho no solo de las diferentes demandas sino del aprendizaje que surge de un proceso evolutivo en el contexto de un ambiente en donde las puertas y ventanas se encuentran abiertas de par en par al efecto de que ingrese la mayor cantidad de oxígeno posible. Las condiciones únicas e irrepetibles de cada estudiante desde luego incluyen las diferentes capacidades para distintas áreas, lo cual contradice la pretensión de establecer jerarquías de coeficientes intelectuales dadas las características multidimensionales que operan en este campo.
 
2. Los colegios y universidades deben ser privados en sentido real y no meramente nominal como suele ocurrir, puesto que los aparatos estatales se inmiscuyen y dictaminan acerca de las estructuras curriculares, lo cual constituye la esencia de una institución de enseñanza.
 
3. Las instalaciones de la llamada educación estatal (y no decimos pública puesto que esta categorización esconde la verdadera naturaleza de la entidad y, por otra parte, la educación privada también es para el público) debieran entregarse a la venta a profesores de esas reparticiones en base a que el sistema constituye una injusticia para los más pobres. Esto es así debido a que siempre todos pagan impuestos, especialmente aquellos que nunca vieron una planilla fiscal quienes tributan vía la reducción en sus salarios como consecuencia de los gravámenes que pagan los contribuyentes de jure, lo cual reduce las tasas de capitalización que son la causa del incremento de ingresos y salarios en términos reales. Imaginemos entonce la lamentable situación de quienes son tan pobres que ni siquiera pueden afrontar el costo de oportunidad de enviar a sus hijos al colegio porque perecerían por inanición si no trabajan con los padres: pues ellos se ven obligados a financiar los estudios de los más pudientes (y los que con gran sacrificio apenas pueden enviar a estudiar a la prole no pueden afrontar el pago doble, uno destinado a alimentar las instituciones estatales vía fiscal y otro para cubrir la matrícula y las cuotas de los privados, ergo, se ven forzados a recurrir a las estatales). Por otro lado, los estudios disponibles muestran que los costos por año por estudiante de las instituciones estatales, en relación con las privadas, resultan sustancialmente más elevadas debido a los naturales incentivos de cada sector (por más que en los documentos en los que se exhiben los costos de las entidades estatales habitualmente solo se computan gastos corrientes y se excluye el costo del capital por la inmovilización de activos inmobiliarios).
 
4. Los denominados “ministerios de educación” y equivalentes deben abrogarse al efecto de permitir la antes mencionada competencia, y allí donde se necesita la convalidación de títulos profesionales se procede con el aval de academias y equivalentes también en competencia entre si por asegurar los más altos niveles de formación y capacitación. La politización de algo tan crucial como el delicado proceso educativo y el concebirla como la fabricación de productos en serie desconoce por completo las individualidades y el valor y la trascendencia de las consiguientes potencialidades (de allí es la proliferación del home-schooling).
 
5. El procedimiento de los vouchers estatales resulta útil solamente para demostrar el non sequitur, es decir, para poner en evidencia que del hecho de que se sostenga que se debe financiar compulsivamente la educación de otros no se sigue que deban existir colegios y universidades estatales puesto que los receptores eligen la institución de su preferencia. Los vouchers estatales adolecen de los problemas económicos antes señalados que afectan especialmente a los más necesitados y a los que cuentan con menores capacidades para atender las ofertas educativas existentes. De más está decir que esto no invalida la existencia de vouchers privados ni las becas otorgadas por las casas de estudio y los valiosos emprendimientos filantrópicos.
 
6. Equivocadamente se ha sostenido que la educación es un bien público lo cual constituye un error puesto que no reúne las características de la no-rivalidad y la no-exclusión. Sin embargo, la enseñanza se traduce en externalidades (positivas cuando apunta a la excelencia) lo que explica la financiación de estudios por parte de terceras personas ajenas al candidato en cuestión.
 
7. Cuando se exhiben ejemplos del buen desempeño de instituciones estatales se deja de lado el hecho de lo que se hubiera realizado con el fruto de sus trabajos los titulares de los recursos, lo cual refleja los grados de eficiencia al tiempo que no se consideran para nada los efectos nocivos de desplazamientos forzosos de la educación privada al presentarse la variante aparentemente “gratuita” de las estatales.
 
8. Se suele hacer referencia al “derecho a la educación” sin percatarse que todo derecho implica la contrapartida de una obligación y si esta a su vez significa la lesión a un derecho, el alegado “derecho” se convierte en un pseudoderecho. Una cosa es el resguardo y la preservación de un derecho que se adquiere como consecuencia de arreglos contractuales con terceros o que posee la persona y otra bien distinta es la imposición basada en la sustracción de derechos del prójimo.
 
9. También se esgrime la “igualdad de oportunidades” para imponer las entidades estatales, pero esta figura es mutuamente excluyente con la igualdad ante la ley. Al ser todos diferentes, naturalmente se tienen oportunidades también diferentes. En una sociedad abierta de lo que se trata es que todos tengan mayores oportunidades pero nunca iguales, a menos que se proceda a la guillotina horizontal con lo que se habrá perdido la posibilidad de la división del trabajo y la consiguiente cooperación social. Debe tenerse muy presente que la igualdad es ante la ley, no mediante ella, puesto que en la media en que se sigue este último camino indefectiblemente las personas tendrán menores oportunidades, precisamente debido al deterioro en los marcos institucionales. Si, por ejemplo, se quisiera imponer la igualdad de oportunidades a un amateur en el tennis en un partido frente a un profesional habrá que obligarlo a este último a que juegue con una pierna, lo cual lesionaría su derecho y así sucesivamente.
 
10. Todos reconocen que más importante que educarse es mantenerse alimentado para poder sobrevivir, sin embargo, a esta altura de los acontecimientos, muy pocos son los que sugieren que los aparatos estatales se ocupen de sembrar, cosechar y comercializar alimentos porque las hambrunas son seguras. Esto es lo que precisamente ocurre con la educación estatal (mal llamada pública por las razones antes apuntadas): hambrunas espirituales en el contexto de barricadas y movimientos políticos en las así denominadas casas de estudio que no deben limitarse a contar con la buena voluntad de profesores sino que deben operar en un sistema abierto y competitivo con los incentivos necesarios que contengan y estimulen a los estudiantes en climas del mayor rigor, profundidad y calidad que las circunstancias permitan.

 Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía, Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y fue profesor y primer Rector de ESEADE.

 

Las “revoluciones” solo son literatura

Por Alejandro A. Tagliavini. Publicado el 20/7/12 en: http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Opinion/Columnas/Las-revoluciones-solo-son-literatura

Egipto sigue manejado por la misma élite militar financiada y armada por Washington.

Edmund Burke, aunque nacido en Dublín, es considerado el padre del conservadurismo liberal británico, y uno de los principales críticos de la epopeya gala cuyo nuevo aniversario se festejó este 14 de julio.

En 1790, se publicaron sus “Reflexiones sobre la Revolución francesa”, con la que inaugura su denominada ‘epistemología de la política’ (un sistema de empirismo político), donde critica en duros términos el escaso respeto por la tradición del “common law”, en los nuevos principios “revolucionarios” que le parecían demasiado abstractos y contrarios a la libertad de los individuos.

Esta “revolución”, homicida como pocas, fracasó como toda violencia en sus objetivos declarados. Cambió una monarquía absolutista por un régimen más violento e impuso la tradición del “código civil”, o sea, la planificación estatal central, contra la tradición del derecho común creado a través de los tiempos por los usos y costumbres de las personas. E instaló la “democracia” como dictadura de las mayorías, ya que los usos y costumbres dejaban de tener valor frente a la capacidad racionalista del Estado central planificador, manejado por las mayorías, a través del voto “democrático” (el mismo que llevó a Hitler al poder).

Dejemos de lado la comparación de las sangrientas “revoluciones libertadoras” de América con los procesos que llevaron la independencia, sin derramamiento de sangre, a países como India y Canadá, y dejemos de lado la “revolución” castrista que instaló uno de los gobiernos literalmente más conservadores (todavía dirigido por los mismos gerontes), y analicemos las árabes que tanto entusiasmo dieron a muchos, al punto que la OTAN promovió una matanza contraproducente, como toda violencia. 

Caído el tirano Mubarak, desde el 30 de junio, Egipto tiene a su primer presidente “electo democráticamente”, Mohammed Morsi, líder de la Hermandad Musulmana, el partido madre del Hamas palestino y la mayor fuerza nacionalista islámica, que siempre ha sido socialmente conservadora, teocrática y opositora a Estados Unidos e Israel. Movimientos similares han terminado siendo los beneficiados de las “revoluciones” en Libia y Túnez.

Morsi dice que respetará los acuerdos internacionales (incluido el que acepta a Israel) aunque está bajo la presión de sus bases y su doctrina integrista mahometana. Sucede que no fue investido ante el parlamento sino ante el Tribunal Supremo Constitucional, controlado por el Consejo Supremo de las FF AA, el mismo que respaldaba a Mubarak y que ha impuesto que no se acepte instaurar el parlamento electo donde los nacionalistas musulmanes son mayoría. Es decir que Egipto sigue manejado por la misma élite militar que se ha beneficiado con la billonaria ayuda (¿soborno?), financiera y bélica, de Washington.

Siria parece la próxima de estas “revoluciones” que, por cierto, son siempre destructivas porque los “cambios radicales” necesariamente tienen que ser violentos ya que, espontáneamente, no se dan en la naturaleza donde todo se desarrolla y crece por maduración. Por el contrario, los problemas se solucionan con más paz y libertad. Para empezar, habría que levantar toda restricción a la libre circulación, con Siria, de personas, bienes y servicios financieros y de todo tipo, lo que permitiría una mayor integración del pueblo con el mundo y un mayor beneficio a la espera de que, tarde o temprano, la tiranía caiga por su propio peso.

Alejandro A. Tagliavini es ingeniero graduado de la Universidad de Buenos Aires. Es Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California y fue miembro del Departamento de Política Económica de ESEADE.

Programa de Extensión Académica en Cs. Sociales

Organiza: ESEADE y Fundación Atlas 1853.

El “Programa de Extensión Académica en Ciencias Sociales” (PEACS) se dicta con éxito desde varios años. Su objetivo es brindar a los estudiantes universitarios un complemento a su formación académica, interiorizándolos  y profundizando en los fundamentos de una Sociedad Abierta,  desde diversas disciplinas: el derecho, las ciencias políticas, la economía y la filosofía. 

Este año, los inscriptos al PEACS podrán elegir cursarlo en el horario de la tarde o de la noche.

Opinión sobre el PEACS

“El programa resultó una puerta de entrada hacia una nueva forma de abordar la economía, y me brindó las herramientas y los conocimientos multidisciplinares generales que me ayudaron a reorientar mi interpretación del problema económico. Allí encontré las respuestas que estaba buscando, y conocí gente que compartía mis inquietudes y mi visión de las Ciencias Sociales. Jamás olvidaré lo aprendido, dado que produjo un cambio tangencial en mi concepción de la Ciencia Económica.” Julián Alberto Batista (PEACS, 2009)

La coparticipación federal y la correspondencia fiscal

Por Adrián Ravier. Publicado el 10/7/12 en http://www.economiaparatodos.com.ar/ver_nota.php?nota=3689 

Dada la precariedad de las cuentas públicas, existe consenso en la necesidad de abrir un diálogo acerca de cambios a la coparticipación federal de impuestos. Son pocos, sin embargo, los estudios que proponen una verdadera modificación del sistema. En su lugar, se promueven distintas formas de redistribuir los ingresos, ignorando la pregunta primordial: ¿Por qué continuar con la coparticipación? ¿Por qué no retornar a un federalismo real, basado en el principio de correspondencia fiscal?

Antecedentes históricos

A principios del siglo XX regía en la Argentina una clara estructura de imputabilidad fiscal. La Nación financiaba sólo un 5 % del gasto público provincial. Este hecho aseguraba un auténtico federalismo fiscal y garantizaba la vigencia del principio de correspondencia.

La correspondencia fiscal supone que existe un vínculo entre las decisiones de gasto adicional del gobierno provincial y el esfuerzo contributivo adicional de los votantes provinciales.

Este principio es la clave para una buena gestión del gasto público; él y sólo él nos asegura que el gasto no excederá el nivel que los votantes están dispuestos a sufragar y nos garantiza que su composición se ajustará a las demandas de la población.

Pese a las advertencias y críticas de prestigiosos constitucionalistas (Bidart Campos, Bielsa, García Belsunce, Giuliani Fonrouge, Jarach y Linares Quintana), a partir de 1935 las provincias cedieron potestades tributarias sustantivas a la Nación. Como consecuencia, la Nación pasó a fijar bases de imposición y alícuotas, creó nuevos tributos y procedió a recaudar y coparticipar (transferir) recursos a las provincias.

En 1939 el nuevo federalismo fiscal aumentó a 29 % la fracción de gasto provincial financiada con transferencias nacionales. Los impuestos creados en la década de 1950 profundizaron todavía más la disociación entre las responsabilidades de gasto y de financiamiento en las provincias, llegando en 1960 a un 47 % del gasto provincial financiado con recursos nacionales. Luego de escalar a un 62 % en 1977, la proporción alcanzó su máximo histórico en  1983, con el retorno a la democracia, al fijarse en 72 %. Varios analistas señalan que nunca fue la Argentina tan poco federal como entonces.
En la actualidad, más del 60% del gasto público de las provincias reconoce financiamiento nacional, circunstancia más propia de una organización unitaria que de una federal.

Ausencia de correspondencia fiscal: Ganadores y perdedores.

El cuadro No. 1 muestra precisamente la ausencia de correspondencia fiscal que gobernó a las provincias argentinas durante el período 2003-2008, considerando que -en promedio- la recaudación de la nación participó en un 60,9 por ciento de los ingresos provinciales.

La situación, sin embargo, no es igual para todas las provincias. Tomando en cuenta los porcentajes de participación de recursos nacionales en los ingresos provinciales, podríamos separar cuatro grupos.

En primer lugar, tenemos aquellas provincias cuyas transferencias tributarias nacionales componen menos de un 60 por ciento de sus ingresos tributarios. Tal es el caso de la Provincia de Buenos Aires (45,5 por ciento) y Neuquén (56,0 por ciento).

El caso de la Ciudad de Buenos Aires (11,4 por ciento) no es comparable con el resto de las autonomías provinciales si consideramos que percibe servicios de transporte, seguridad o justicia financiados por la nación, que debieran ser sumados a los montos transferidos.

En segundo lugar, contamos con aquellas provincias que reciben de la nación entre un 60 y un 70 por ciento de sus ingresos. Tal es el caso de Mendoza, Santa Fe, Córdoba, Chubut y Santa Cruz.
En tercer lugar, encontramos un grupo de provincias que componen entre un 70 y un 85 % de sus ingresos, con recaudación nacional. Aquí encontramos a Tierra del Fuego, Río Negro, La Pampa, Entre Ríos, Tucumán, San Luis, Salta y Misiones.

Cuadro No. 1: Ingresos Provinciales. Origen Nacional y Provincial. Período 2003-2008*

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía – Argentina

Nota: (1) Representa el total de la recaudación que la nación transfiere a provincias
* El dato 2008 corresponde sólo al primer semestre.

En cuarto lugar, encontramos los casos extremos, en los que ninguna provincia logra recaudar más de un 15 % de sus ingresos tributarios. Tal es el caso de San Juan, Corrientes, Chaco, Jujuy, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja y Formosa. En los siete casos el principio de correspondencia fiscal está quebrado. La mayor ausencia de correspondencia se verifica precisamente en Formosa, provincia que logra recaudar sólo un 5,5 por ciento de sus ingresos.

Consecuencias de la ausencia de correspondencia fiscal

Completo el diagnóstico, podemos observar a continuación algunas implicancias de esta situación:

1. Incentiva el incremento constante del gasto público provincial: La Nación afronta el costo político de recaudar, la provincia recibe el beneficio político de gastar, y el contribuyente mira con indiferencia el ir y venir de fondos. Este desequilibrio vertical conduce a los gobernadores de varias provincias a emprender obras públicas sin considerar la voluntad de los contribuyentes de financiar el proyecto. En todo caso, los recursos no los proveen los ciudadanos de cada provincia, sino el conjunto de la nación.

2. Ausencia de “ciudadanía fiscal”: Nada incentiva al contribuyente a controlar y reclamar una buena gestión del gasto público en su jurisdicción. En otras palabras, el sistema conspira contra el cumplimiento tributario voluntario de los contribuyentes, que deben pagar los impuestos a un nivel de gobierno distinto a aquél que, en general, perciben que les presta o financia el servicio.

3. Incrementa la evasión impositiva: Las causas de la evasión impositiva en la Argentina son varias y complejas, pero el régimen de coparticipación no está exento de culpa. ¿Qué incentivo tiene, por ejemplo, el gobernador de San Juan a colaborar con los inspectores de la AFIP en la detección de evasores, cuando por cada $100 que se recauden gracias a la movilización de su policía y el cierre de negocios y locales la provincia recibiría apenas $1,90? (El gobernador hace esta cuenta: $100 multiplicados por 0,57, que es la participación primaria de las provincias, multiplicados por 0.0338 –según Ley 23.558-, que es la participación secundaria de San Juan, es igual a $1.90). Y con respecto a la Nación, aunque la distorsión de incentivos en este caso es menor, cabe preguntar: ¿no se esforzaría más la AFIP si de cada $100 recaudados, la Nación pudiera gastar $100 en vez de los $43 que le asigna el régimen de coparticipación?
Ya es conocido públicamente la estrategia utilizada por los gobernadores de expulsar a los inspectores de la AFIP cuando estos comienzan a controlar los establecimientos de sus provincias.

4. Premia el lobby: Con regímenes de distribución de fondos como la coparticipación existe un poderoso incentivo para que los gobernadores inviertan mucho ingenio, esfuerzo y tiempo en Buenos Aires, en el intento de modificar las reglas de juego a su favor. Un ejemplo en tal sentido es la promoción industrial basada en exenciones de grandes tributos nacionales sujetos a coparticipación, como IVA y Ganancias. De cada $100 que le cuestan las exenciones al país, una provincia como San Juan pierde $1.90 y gana la radicación industrial, y con ella una variedad de beneficios sobre el empleo, la actividad económica y las rentas generales de la jurisdicción. El saldo es netamente favorable a la provincia, y su consecuencia es obvia e inevitable.

5. Riesgo Moral: El riesgo moral es un concepto que en economía se utiliza para describir una situación en la que un individuo -aislado de la consecuencia de sus acciones- podría cambiar su comportamiento del que habría tenido si hubiera estado expuesto completamente a las consecuencias de sus acciones. Esto describe precisamente lo que ocurre con algunas provincias.
Cuando el gasto público provincial se financia en tan alta proporción con recursos nacionales, la Nación sufre una consecuencia sutil pero recurrente. A los ojos de las provincias, el gobierno nacional se convierte en el responsable último de las caídas de las remesas de fondos, cualquiera fuera su causa.
La paradoja es que históricamente la Nación ha asumido tal responsabilidad y convalidado los déficit de las provincias a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial o bien, a través de la atención directa de los servicios de deuda de los Organismos Multilaterales de Crédito. Esta actitud sesga las finanzas provinciales hacia la bancarrota.

6. Ausencia de transparencia: En la actualidad rige un complejo sistema de remesas basado en: a) la coparticipación federal de impuestos, que distribuye la recaudación de los tres principales impuestos nacionales (Valor Agregado, Ganancias e Internos) de acuerdo con ponderados “mágicos”, después de descontarle una pre-coparticipación para las grandes urbes y otra para el sistema previsional; b) varias coparticipaciones menores y paralelas, que distribuyen otras recaudaciones según criterios ad hoc, y c) aportes del Tesoro Nacional distribuidos en forma discrecional.

No existe un criterio único de reparto, ni existe un organismo único que administre el reparto. Nos movemos dentro de un laberinto fiscal que hace imposible que el votante-contribuyente pueda identificar qué nivel de gobierno o cuál organismo estatal es el que gasta o grava y con qué fin. Está rota, en consecuencia, una relación costo-beneficio que es indispensable para asegurar la eficiente “acción” del estado.

Conclusiones

El reparto de culpas que hoy observamos entre el gobernador de la provincia de Buenos Aires y el gobierno nacional es el primero de varios que observaremos en los próximos meses, además de una consecuencia lógica de los incentivos del régimen tributario actual.

La Argentina presenta una centralización de sus ingresos en la nación, pero una descentralización en los gastos. Avanzar hacia un federalismo real, implicaría avanzar únicamente en la descentralización de la recaudación tributaria.

Lo que proponemos es que cada provincia se responsabilice por generar los recursos que luego gastará, para así alcanzar responsabilidad fiscal y limitar el crecimiento del gasto. Avanzar en este sentido, supone modificar completamente los incentivos en la administración pública provincial y aun en el contribuyente, además de limitar el poder que hoy posee el ejecutivo a través de su gasto discrecional.

Adrián Ravier es Doctor en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Master en Economía y Administración de Empresas por ESEADE y profesor de Macroeconomía en la Universidad Francisco Marroquín.

 

Los abogados latinoamericanos condenan la suspensión del Paraguay del Mercosur y de Unasur

Por Emilio Cárdenas. Publicado el 12/7/12 en http://www.eldiarioexterior.com/los-abogados-latinoamericanos-condenan-la-41105.htm

La apresurada e ilegal decisión del MERCOSUR y de UNASUR de suspender a Paraguay de ambas organizaciones regionales con motivo de la destitución del ex presidente Fernando Lugo por el Congreso de su país está mereciendo todo tipo de críticas.

Ocurre que ha generado un irreparable daño institucional a ambas organizaciones.

 Cabe recordar, en primer lugar, que esa acelerada suspensión no invocó, ni se refirió a un pretendido “golpe de estado institucional” al instantáneo decir de la presidente de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Para Brasil, en el comunicado oficial de su Cancillería, ella tuvo en cambio que ver con que, en el juicio político al ex-obispo y ahora también ex-presidente, se habría afectado su “derecho de defensa” y con ello el “debido proceso legal” de los que la región aparece celosa. Como las decisiones en ambos organismos se toman por consenso, cabe suponer que esa fue la verdadera “causal” de la suspensión y no otra políticamente cargada de ideología y, en derecho, absolutamente fantasiosa.

 Llama sin embargo poderosamente la atención que, en ninguno de los dos foros, se haya dado al Paraguay el derecho que -se dice- se habría cercenado a Lugo: el de defenderse.

 Pese a que así lo dispone concretamente la Convención de Viena de 1969, que codifica el derecho de los tratados y que, en el caso de las posibles suspensiones, requiere que se escuche previamente a la parte contra la cual se propone la suspensión.

 Uno puede quizás inocentemente pensar en aquello de: “en casa de herrero, cuchillo de palo”. Pero no es así: lo sucedido ha sido una tan artera como clara manipulación de las normas que rigen a ambas organizaciones regionales, para castigar al Congreso del Paraguay por la remoción de un gobernante del mismo palo que Hugo Chávez y Cristina Fernández de Kirchner, que fueron los dos motores de la suspensión finalmente aplicada al Paraguay, en violación del derecho internacional. La razón verdadera del despropósito está meridianamente clara: dejar de lado la oposición del Paraguay al ingreso de Venezuela al MERCOSUR que fuera solicitado en el 2006 y que desde entonces ha estado “en la congeladora”, atento a que Venezuela no es un país democrático.

 Con la suspensión del Paraguay se intenta violar nuevamente la Convención de Viena, pese a que allí se dispone que lo que se suspende son solamente los derechos y obligaciones que hacen a las relaciones entre las partes; esto es, no los que tienen que ver con posibles nuevos miembros, que no pueden suspenderse. Porque, como hemos dicho, se está intentando hacer ingresar a Venezuela al MERCOSUR sin obtener la indispensable autorización del Paraguay, lo que acarrea una nulidad incurable.

 A lo que cabe agregar que el propio Tratado Constitutivo del MERCOSUR dispone que todos los Estados Partes deben aprobar (ex ante) el ingreso de un nuevo miembro. Lo que, por cierto, exige el consentimiento expreso paraguayo.

 Parece mentira que esto haya sucedido y que Brasil, Chile, Colombia y Perú se hayan prestado a este juego. Pero ha sido así. Por esto no sorprende que la Federación Interamericana de Colegios de Abogados haya emitido de inmediato una declaración concluyente, que lleva la firma de su presidente, Rafael Veloz y de su secretario, Dante Figueroa, en la que se urge al MERCOSUR y UNASUR a respetar el derecho internacional, permitiendo la reincorporación inmediata del Paraguay, dándole además el derecho a expresar su parecer en el marco del debido proceso legal. En ella se pide a los Comités especializados de la entidad investigar la cuestión y producir un dictamen al respecto, en el plazo de noventa días. A lo que se agrega el pedido formal de que se respete el principio de “no ingerencia en los asuntos internos de otros Estados”, tradicional en nuestra región.

 Emilio Cárdenas es Abogado. Realizó sus estudios de postgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan y en las Universidades de Princeton y de California.  Es profesor del Master de Economía y Ciencias Políticas y Vice Presidente de ESEADE.

 

Si le va bien a CFK, ¿necesariamente nos va bien a los argentinos?

Por Roberto Cachanosky. Publicado el 16/7/12 en

En su momento fueron las consultoras que elaboran sus propios indicadores de precios las que fueron acosadas y multadas por difundir una información que al oficialismo no le agradaba.

Previamente habían limpiado el INDEC, por más que el Jefe de Gabinete diga que no está intervenido, y no tuvieron piedad con la gente que trabaja en esa institución que hacía profesionalmente su trabajo.

Ahora quien compra dólares para defenderse de la inflación que genera el Gobierno pasa a ser un delincuente y tampoco tuvieron piedad con las casas de cambio que van a dejar varios miles de personas en la calle. Eso sí, para poder comprar dólares para hacer un viaje al exterior, previamente habrá que pedirle permiso a la AFIP, con lo cual se viola el artículo 14 de la Constitución Nacional que dice: “Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender”.

Obviamente que las leyes que reglamenten su ejercicio no pueden anular ese derecho, por lo tanto, como el peso argentino no es aceptado en el resto del mundo, se está violando el derecho a salir del territorio porque a la gente se le pone una barrera para transitar libremente que es no poder comprar la moneda con la cual podrá hacer sus pagos en el exterior. Y también se viola el derecho a ejercer toda industria lícita porque comprar y vender dólares no es comprar y vender droga, traficar armas o ejercer la trata de blancas.

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Sigamos. En su momento se embistió contra el presidente de Shell por no obedecer las órdenes de Moreno.

Al mayor Pedro Rafael Mercado lo pasaron a retiro porque su mujer, María Cecilia Pando, había publicado una carta de lectores que no resultó del agrado de Néstor Kirchner.

Ahora, Cristina Fernández de Kirchner, en vez de consultar con sus asesores económicos si la actividad inmobiliaria está cayendo, le preguntó al director de la AFIP cuál era la situación del empresario inmobiliario Jorge Toselli que en un artículo publicado en el diario Clarín había dicho que la actividad está pinchada. El camino correcto, para ver si lo que afirmaba el socio de la inmobiliaria era correcto, no consistía en ver cómo le iba a esa inmobiliaria en particular, sino en buscar datos de todo el mercado, y eso surge de los datos que proporciona el Colegio Público de Escribanos o podría haberle preguntado al presidente de la Cámara Inmobiliaria cómo venía el nivel de actividad. Sin embargo Cristina Fernández optó por pedirle información a la AFIP sobre la inmobiliaria, y por cadena nacional, dar el nombre de la persona y difundir púbicamente su situación fiscal, violando el secreto fiscal y, por lo tanto, vulnerando el derecho del contribuyente.

¿Qué buscaba Cristina Fernández? ¿Saber la verdad sobre el mercado inmobiliario o mandar un mensaje cuasimafioso por el cual cualquiera que diga algo que no le gusta a ella le manda la AFIP?

Agreguemos que ahora las compañías de luz, gas, teléfono, etc. deberán informarle a la AFIP de aquellas personas que consumen por más de $ 1.000 mensuales.

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El monopolio de la fuerza que le delegamos al Estado es para que defienda el derecho a la vida, a la propiedad y a la libertad de las personas. Sin embargo, el kirchnerismo está utilizando ese monopolio de la fuerza para violar los derechos de propiedad (nos confiscan los ahorros, nos prohíben comprar dólares para defendernos de la inflación, nos prohíben comprar bienes, etc.). Por otro lado ese monopolio de la fuerza no es utilizado para defender el derecho a la vida porque vemos como los robos con asesinatos son cosa de todos los días. Finalmente, al usar a la AFIP para acallar a alguien que dio su opinión sobre el mercado inmobiliario viola el derecho a la libertad de expresión.

Cristina Fernández no buscó la verdad sobre cómo se está comportando el mercado inmobiliario, sino que desvió el debate a si el socio de la inmobiliaria había cumplido con la presentación de ganancias en tiempo y forma. Y, encima, después de dar información fiscal confidencial de un contribuyente, luego sancionado por la AFIP, dijo que nunca había habido tanta libertad de expresión en la historia de la Argentina como en su gobierno.

Los habitantes de Argentina estamos en este momento oprimidos por un Estado que nos asfixia impositivamente, nos impide trabajar en libertad, sumerge la economía en un proceso recesivo con inflación y, además, quedó en claro que, todo aquel que se anime a disentir públicamente con el gobierno será pasible de alguna sanción.

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Frente a este escenario, resulta hipócrita ese lugar común de muchos políticos, analistas y periodistas cuando dicen: lo que queremos es que le vaya bien a la presidente, porque si le va bien nos va bien a todos. ¿Qué disparate es ése? ¿Resulta que si a la presidente le va bien apretando a la gente con los resortes del poder para que no pueda expresarse libremente, La Cámpora se adueña del Estado y todas las libertades quedan pulverizadas, a los argentinos nos va a ir bien?

Nos va ir bien si la presidente respeta los derechos individuales y no genera un desastre económico atrás otro. Si combina calidad institucional con políticas económicas sensatas le va a ir bien a ella y a nosotros. Ahora, si ella está dispuesta a ir por todo, avasallando todo el orden institucional y las libertades individuales, sinceramente no puedo caer en ese lugar común de decir que quiero que a la presidente le vaya bien en su ir por todo.

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA)y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE.

 

Paradojas del control cambiario

Por Roberto Durrieu. Publicado el 17/7/12 en http://www.lanacion.com.ar/1489639-paradojas-del-control-cambiario

Como se sabe, el Banco Central de la República Argentina acaba de sancionar un nuevo régimen cambiario que busca controlar la compra y utilización de dólares en operaciones del mercado legal y regulado. Entre otras medidas, se prohíbe la utilización de la divisa extranjera para ahorro o compra de inmuebles. A su vez, a partir del 31 de octubre tampoco se podrán convertir a dólares los préstamos hipotecarios destinados a la compra de viviendas. A quien incumpla estas disposiciones se le podrán aplicar las sanciones de carácter punitivo contempladas en el Régimen Penal Cambiario. La finalidad de las medidas, dice el BCRA, es asegurar un uso “más eficiente de los dólares disponibles, garantizando en todo momento el normal funcionamiento de la economía con eje en el crecimiento y el empleo”.

Cabe preguntarse si la sanción del nuevo control (penal) cambiario resulta prudente, teniéndose en cuenta que las conductas de corte cambiario, bursátil e inmobiliario que se prohíben son operaciones reguladas, del mercado formal y controlado. Parece más razonable, a la luz de una política de Estado intervencionista, que se impongan sanciones penales cambiarias a quien compre dólares blue en el mercado informal o paralelo. Como dijo el ministro Randazzo: “Comprar dólar blue es como comprar un estéreo robado”. Ahora bien: ¿resulta justo que el Estado prohíba al ahorrista elegir en qué especie o moneda desea resguardar su sueldo o ahorro de los avatares de la inflación? O, más aún: ¿tiene el Estado derecho a utilizar la herramienta del derecho penal cambiario para controlar y sancionar al contribuyente que decida invertir, consumir o ahorrar sus ingresos en la moneda de curso legal (nacional o extranjera) que considere más oportuna o beneficiosa para sus finanzas personales?

Cuando el Estado abusa del arma penal-administrativa o penal-cambiaria, se suele decir que se incurre en una “inflación” o “expansión” injustificada o abusiva de normas represivas. Según el principio de ultima ratio o subsidiariedad del derecho punitivo, el Estado no podría criminalizar comportamientos del sistema de cambios sin un análisis previo y preciso de los efectos que acarrea tal proceso punitivo. Con ese fin, el ente sancionador (en nuestro caso, el BCRA) debió haber observado la necesidad y eficacia de la creación de las nuevas figuras cambiarias. Así, se suele decir que el principio de ultima ratio se violenta cuando el Estado actúa de manera espasmódica, al ampliar el marco regulatorio sin un análisis desapasionado del costo beneficio en la medida intervencionista adoptada.

Y esto es lo que parece haber ocurrido en este caso. Se actuó a contramano de lo que exige el principio de subsidiariedad del derecho penal. Esta conclusión resulta más palpable y evidente si tenemos en cuenta que se están prohibiendo conductas que a simple vista parecen ser cotidianas y legales. Lo más reprochable del nuevo esquema regulador es que se sanciona por igual a quien decide ahorrar o comprar dólares en sistema regulado (legal) como a quien decide comerciar dólares en el régimen blue (paralelo).

Esta conclusión, a su vez, arroja la siguiente consecuencia negativa para el marco económico argentino. El sistema financiero de las naciones se encuentra sometido a un proceso de globalización, que muy difícilmente se detenga por la imposición de normas punitivas del sistema de cambios. Si un ahorrista interpreta que su deseo por comprar dólares en el sistema regulado y legal se ve prohibido por el nuevo marco legal, entonces podrá optar, simplemente, por extraer sus pesos del sistema formal para trasladarse de inmediato al sistema informal o mercado paralelo. Y de ahí, trasladar al exterior sus dólares blue mediante vías extrabursátiles. Así se produce la tan temida fuga de capitales.

Pero lo paradójico es que todas las salidas posibles para resguardar nuestros ahorros de su devaluación inflacionaria cotidiana parecen estar prohibidos por el nuevo marco cambiario. Si se compran o ahorran dólares en el mercado legal y formal, se comete una falta penal cambiaria; y si se compran o ahorran dólares en el mercado informal, lo mismo. Este esquema sin salida puede provocar consecuencias opuestas a las buscadas. Las nuevas medidas podrían, paradójicamente, hacer crecer la fuga de capitales y así producir un aumento en el valor del dólar paralelo.

Dos conclusiones finales: primero, pareciera que no hay argumentos de peso suficiente que le den sustento normativo al nuevo paquete de normas (penales) cambiarias que prohíbe aspectos centrales del mercado inmobiliario y cambiario lícito del país (no del mercado blue). Segundo, el efecto que se logre podría ir a contramano de los fundamentos por los cuales se dictaron las nuevas medidas de control de cambio: en lugar de “estabilizar la economía”, se podría generar una mayor desestabilización y distorsión en el sistema monetario.

Roberto Durrieu (h) es Abogado, (UCA), Master en Derecho, (Duke University), y D. Phil in Law, (Oxford University). Ha sido profesor del Master en Derecho Empresario de ESEADE.

 

García Linera, el Estado, y el capital

Por Carlos Rodríguez Braun. Publicado el 8/7/12 en http://www.libremercado.com/2012-07-08/carlos-rodriguez-braun-garcia-linera-el-estado-y-el-capital-64984/

 Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia, es definido así en Wikipedia: “Ha sido y es el miembro más aguerrido del gobierno actual (en concordancia con su corriente ideológica del llamado esencialismo dialéctico) y, en funciones de principal teórico gubernamental, ha delineado gran parte de la estrategia política del gobierno de Morales”.

Sospecho que lo del “esencialismo dialéctico” se lo podemos dejar a Les Luthiers. Más grave es la influencia política de sus ideas, que son tan disparatadas como peligrosas. Hace poco desempolvó La Razón esta declaración del señor García Linera: “Hoy el Estado es el principal generador de riqueza del país, y esa riqueza no es valorizada como capital; es redistribuida en la sociedad a través de bonos, rentas y beneficios sociales directos de la población”.

Es decir, aquí la idea central es la maldad de la propiedad del capital. No se atreve el vicepresidente a decir que hay que acabar con ella. No lo dice, pero el Gobierno expropiador del compañero Morales lo hace, paso a paso. Lo que sí implica claramente la frase de García Linera es que para la población es mejor que el capital no se valorice y que la riqueza sea generada y distribuida por el Estado.

Todo lo que sabemos de la teoría y la práctica va en sentido contrario. Los Estados no son capaces con su coacción de generar riqueza ni en la cantidad ni calidad comparable a como lo hacen los ciudadanos libres con sus propiedades y sus contratos voluntarios. Lo que sí pueden hacer los Estados, en cambio, es frenar la prosperidad o incluso acabar con ella.

¿Cómo es posible que un graduado universitario con dos carreras como Álvaro García Linera no sea capaz de reconocer que su afirmación sobre la superioridad del Estado choca con innumerable experiencias de políticas ruinosas para el bienestar y redistribuciones forzadas lesivas para la justicia?

Mi conjetura es que está cegado por el más antiguo señuelo antiliberal: el odio al beneficio. Cree realmente que es mejor para el pueblo que no haya beneficios del capital, o que sean fuertemente limitados por el poder político, como si eso fuera bueno para el pueblo.

El odio al capital y a su legítimo beneficio es en realidad el odio a la propiedad privada, y, en consecuencia, el odio a la libertad.

El Dr. Carlos Rodríguez Braun es Catedrático de Historia del Pensamiento Económico en la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Consejo Consultivo de ESEADE.

 

La marihuana sale del armario

Por Mario Vargas Llosa. Publicado el 1/7/12 en http://www.larepublica.pe/columnistas/piedra-de-toque/la-marihuana-sale-del-armario-01-07-2012

 Poco a poco, la batalla por la legalización de las drogas va abriéndose camino y haciendo retroceder a quienes, contra la evidencia misma de los hechos, creen que la represión de la producción y el consumo es la mejor manera de combatir el uso de estupefacientes y las cataclísmicas consecuencias que tiene el narcotráfico en la vida de las naciones.

Hay que aplaudir la valerosa decisión del gobierno de Uruguay y de su presidente, José Mujica, de proponer al Parlamento una ley legalizando el cultivo y la venta de cannabis. De ser aprobada –lo que parece seguro pues el Frente Amplio tiene mayoría en ambas cámaras y, además, hay diputados y senadores de los partidos de oposición, Blanco y Colorado, que aprueban la medida–, ésta infligirá un duro revés a las mafias que, de un tiempo a esta parte, utilizan a ese país no sólo como  mercado de la droga sino como una plataforma para exportarla a Europa y Asia. Esta ley forma parte de una serie de disposiciones encaminadas a combatir la “inseguridad ciudadana”, agravada de un tiempo a esta parte en Uruguay, al igual que en toda América Latina, por la criminalidad asociada al narcotráfico.   

“Alguien tiene que ser el primero”, declaró el presidente Mujica a O’Globo, de Brasil. “Alguien  tiene que empezar en América del Sur. Porque estamos perdiendo la batalla contra las drogas y el crimen en el continente”. Y el ministro de Defensa de Uruguay, Eleuterio Fernández Huidobro, señaló, como razón central de este paso audaz, que “la prohibición de ciertas drogas le está generando al país más problemas que la droga misma”. No se puede decir de manera más lúcida y concisa una verdad de la que tenemos pruebas todos los días, en el mundo entero, con las noticias de los asesinatos, secuestros, torturas, atentados terroristas, guerras gansteriles, que están sembrando de cadáveres inocentes las ciudades del mundo, y el deterioro sistemático de las instituciones democráticas de los países, cada día más numerosos, donde los poderosos cárteles de la droga corrompen funcionarios, jueces, policías, periodistas y a veces deciden los resultados de las justas electorales. La prohibición de la droga sólo ha servido para convertir al narcotráfico en un poder económico y criminal vertiginoso que ha multiplicado la inseguridad y la violencia y que podría muy pronto llenar el Tercer Mundo de narcoestados.

Según las primeras informaciones, este proyecto de ley pondrá en manos del Estado uruguayo el control de la calidad, cantidad y precio de la marihuana y los compradores deberán registrarse y tener cumplidos 18 años de edad. Cada comprador podrá adquirir un máximo de 40 porros al mes y los impuestos que graven la venta se emplearán en tratamientos de rehabilitación y de prevención y en la creación de un centro de control de calidad del producto. En un comentario a la iniciativa uruguaya que leo en Time Magazine, por lo demás muy favorable a la medida, se recuerda el mal administrador que suele ser el sector público, y con buen juicio se deplora que  no  se deje en libertad al sector privado de llevar a cabo esta tarea, eso sí, bajo una estricta regulación.

En ese mismo ensayo se examina lo ocurrido en Portugal, donde desde hace una decena de años se legalizó de manera parcial la marihuana sin que ello haya traído consigo el aumento del consumo de drogas más fuertes, que es lo que suelen alegar que ocurrirá los que se oponen de manera irreductible a la legalización de las llamadas drogas blandas. Time Magazine recuerda además que, según las últimas encuestas, un 50% de los ciudadanos de Estados Unidos se declaran a favor de la legalización del cannabis. Extraordinaria evolución cuando uno recuerda la tempestad de críticas, y hasta de injurias, que recibió hace algunas décadas Milton Friedman cuando defendió la legalización de las drogas y predijo el absoluto fracaso de la política de represión en las que los gobiernos de Estados Unidos han gastado ya muchos billones de dólares.

El Gobierno del Uruguay, al atreverse a legalizar la marihuana, hace suyos muchos de los argumentos y estudios que viene difundiendo la Comisión Latinoamericana de Drogas y Democracia, que encabezan los ex presidentes Fernando Henrique Cardoso de Brasil, César Gaviria de Colombia y Ernesto Zedillo de México, y de la que yo mismo formo parte con otras dieciocho personas, de distintas profesiones y quehaceres, de la región. Recibida al principio con reticencias y preocupación, y a veces duras críticas, esta Comisión ha ido ganando audiencia y respetabilidad por la seriedad de sus trabajos, en los que han participado siempre especialistas destacados, por su espíritu dialogante y la clara vocación democrática que la inspira.

El problema de la droga ya no sólo concierne a la salud pública, al descarrío de tantos niños y jóvenes a que muchas veces conduce, y ni siquiera a los terribles índices del aumento de la criminalidad que provoca, sino a la misma supervivencia de la democracia. La política represiva no ha restringido el consumo en país alguno, pues en todos, desarrollados o subdesarrollados, ha seguido creciendo de manera paulatina, y sí ha tenido en cambio la perversa consecuencia de encarecer cada vez más los precios de las drogas. Esto ha transformado a los cárteles que controlan su producción y comercialización en verdaderos imperios económicos, armados hasta los dientes con las armas más modernas y mortíferas, con recursos que les permiten infiltrarse en todos los rodajes del Estado y  una capacidad de intimidación y corrupción prácticamente ilimitada.

Lo ocurrido en México es sumamente instructivo. El Presidente Calderón, consciente del enorme riesgo para el funcionamiento de las instituciones que representaba el narcotráfico, decidió combatirlo de manera frontal, incorporando al Ejército a esta lucha. Los 50 mil muertos que esta guerra lleva ya en su haber no parece haber hecho mayor mella en las actividades criminales de los mafiosos, ni haber disminuido para nada el consumo de drogas blandas o duras en la sociedad mexicana, y sí, en cambio, ha desatado una creciente desesperanza y decepción hacia el gobierno, al que se reprocha incluso, con dureza, “haber declarado una guerra que no se podía ganar”. ¡Fantástica conclusión! ¿Había , pues, que bajar los brazos, rendirse, mirar para otro lado, y dejar que los pistoleros y traficantes de la droga se fueran apoderando poco a poco de todas las instituciones de México, que pasaran a ser ellos los verdaderos gobernantes de ese país?

Evidentemente, ésa no podía ser la solución. ¿Cuál entonces? La que, con gran mérito, está emprendiendo el gobierno uruguayo. Cambiar de táctica, pues la puramente represiva no sirve y es contraproducente, ya que beneficia a la mafia, a la que enriquece y confiere más poder. En las actuales circunstancias, la primera prioridad no es poner fin a la producción y al consumo de drogas, sino acabar con la criminalidad que depende íntimamente de estas actividades. Y para ello no hay otro camino que la legalización.

Desde luego que legalizar las drogas implica riesgos. Deben ser tomados en cuenta y combatidos. Por ello, quienes defendemos la legalización siempre subrayamos que esta medida debe ir acompañada de un esfuerzo paralelo para informar, rehabilitar y prevenir el consumo de estupefacientes perjudiciales para la salud. Se ha hecho en el caso del tabaco y con bastante éxito, en el mundo entero. El consumo de cigarrillos ha disminuido y hoy día quedan pocos lugares donde los ciudadanos no sepan los riesgos a los que se exponen fumando. Si quieren correrlos, sabiendo muy bien lo que hacen, ¿no es su derecho hacerlo? Yo creo que sí y que no está entre las funciones del Estado impedir a un ciudadano que goza de sus facultades llenarse los pulmones de nicotina si le da su real gana.

Siempre he tenido una gran simpatía por el Uruguay, desde el año 1966, en que fui a Montevideo por primera vez y descubrí que América Latina no era sólo una tierra de gorilas y terroristas, de revolucionarios y fanáticos, de explotadores y explotados, que podía ser también tierra de tolerancia, coexistencia, democracia, cultura y libertad. Es verdad que Uruguay pasó a vivir luego la atroz experiencia de una dictadura militar. Pero la vieja tradición democrática le ha permitido recuperarse más pronto que otros países y hoy, quién lo hubiera dicho, bajo un gobierno de un Frente Amplio que parecía tan radical, y un presidente de 77 años que fue guerrillero, es otra vez un modelo de legalidad, libertad, progreso y creatividad, un ejemplo que los demás países latinoamericanos deberían seguir.

Mario Vargas Llosa es Premio Nobel de Literatura y Doctor Honoris Causa de ESEADE.