¿Hay Inflación? ¿Es un problema?

Por Guillermo Luis Covernton: Publicado en: http://www.fundacionbases.org/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=352&Itemid=1

En los últimos tiempos, los habitantes de nuestro país se vienen haciendo las preguntas del título, cada vez con más frecuencia. Y podemos decir que estos planteos no son tan recientes, ya que se viene hablando de esto prácticamente desde el principio del mandato del actual gobierno.

Dado lo breve de este comentario, no nos vamos a enredar en definiciones ni en enfoques teóricos relativos a las causas de la inflación y sus efectos. Este país ha padecido este cáncer por demasiados años en, digamos, la segunda mitad de su vida institucional, como para darnos el lujo de ignorarlos.

Sencillamente reflexionaremos, primero, en que las preguntas del título se suscitan precisamente porque desde el gobierno se ha dinamitado la confianza que históricamente tenían los ciudadanos en la solvencia técnica y la honestidad intelectual de los integrantes de los organismos encargados de medir la pérdida de poder adquisitivo del dinero, y en sus metodologías.

Se ha socavado el crédito público, basado en la honestidad con que se elaboran los índices que luego se utilizan para ajustar las condiciones de ciertas operaciones de financiamiento fiscal.

Se ha alterado la paz social, ya que ni trabajadores ni empleadores pueden tener indicios ciertos de la equidad que debe regir en las relaciones laborales.

Se ha impedido la normal marcha de los negocios, al introducirse nuevamente, como se padecía antaño, un factor aleatorio en toda operación a plazos o de tracto sucesivo.

Tal cual era de esperar, cuando el partido gobernante dio el golpe institucional que nos legó el último gobierno de facto de nuestra historia, a cargo de un actual candidato presidencial, y volvió a re-establecer el curso forzoso de la moneda doméstica.

Y es que esta medida de imponerle a los ciudadanos de una república el signo monetario que necesariamente deberán utilizar, correctamente abolida hacen dos décadas, ha sido utilizada hasta el hartazgo para confiscar los ahorros y destruir el poder adquisitivo de los salarios que ciertos gobernantes de corte populista dicen intentar proteger.

Seguidamente queremos llamar la atención en el hecho evidente, que se está observando desde hacen 2 o 3 meses, de la reanudación de las negociaciones salariales sobre la base de aumentos programados, para lo que resta del año, que oscilan entre el 28 y el 36 %, o incluso más, dependiendo del convenio, el gremio involucrado y otros detalles.

Aquí podríamos preguntarnos si sería razonable fijar semejantes parámetros de indexación salarial, si fuera cierto que la inflación anual no va a exceder de un dígito.

Dejemos de lado, por un instante, el comportamiento faccioso del gobierno, homologando este tipo de acuerdos salariales, mientras prohíbe expresamente similares tasa de actualización en contratos de locación de obras o incluso de inmuebles, a la par que niega sistemáticamente la correcta y necesaria aplicación de metodologías de determinación de resultados por exposición a la inflación en estados contables de las empresas, obligándoles a tributar impuestos sobre ganancias inexistentes.

El principal problema que se está generando, y que no parece observarse que nadie con poder de decisión lo advierta ni intente revertirlo, es que el mantenimiento de este tipo de políticas conlleva irremediablemente a un camino de destrucción, no solo del ahorro y del salario, sino también del capital invertido en la estructura de producción de la república.

Y esto es precisamente lo más alarmante dado que ya no quedan casi argumentos para negar que este es, precisamente, el que posibilita la mejora del salario real y origina las posibilidades de ahorro de los ciudadanos.

Aunque nos hayamos acostumbrado por décadas a ser gobernados por políticos que cantan, a modo de marcha partidaria, la clara intención de destruir el capital, también observamos que, ni desde la esfera de lo teórico, ni desde la argumentación intelectual, ni desde la historia económica del mundo en el pasado siglo, se puede ya ignorar esta verdad evidente: nos referimos a que el salario real de los ciudadanos solo podrá crecer si logramos hacer que aumente  su capacidad para producir bienes y servicios, mediante la utilización de iguales cantidades de insumos, e incluso de tiempos laborales.

Este concepto de productividad está ínclitamente relacionado al stock de capital disponible. Y es este y ningún otro fundamento el que permite explicar la enorme brecha salarial que padecen nuestras economías emergentes, cuando se las compara con las de los países desarrollados.

Y el capital disponible solo puede crecer, si además de reponerse lo que anualmente se pierde por desgaste y obsolescencia, podemos acercar una masa creciente de ahorros que surgen del esfuerzo cotidiano en incrementar la producción por hora de trabajo y por unidad de insumo.

La sociedad argentina sufre ya demasiadas carencias y postergaciones como para que las urgencias electorales persistan en este camino de destrucción de las oportunidades de realización a las que, genuinamente, aspiran sus ciudadanos.

Guillermo Luis Covernton es Dr. En Economía, (ESEADE). Es profesor de Macroeconomía y de Finanzas Públicas en la Pontificia Universidad Católica Argentina, Santa María de los Buenos Aires, (UCA).

El fracaso del control de precios a lo largo de la historia.

Por Alejandro O. Gomez. Publicado el 29/6/2011 en http://www.cronista.com/contenidos/2011/06/29/noticia_0053.html

Los controles de precios tan comentados en estos días no son ninguna novedad, así como tampoco lo son sus negativas consecuencias sobre la economía y los consumidores. En su trabajo “4000 años de control de precios y salarios”, Robert Schuettinger y Eamonn Butler reseñaron brillantemente las consecuencias de estas prácticas a lo largo de la historia.
El Código de Hammurabi que hace más de 4.000 años impuso un férreo sistema de controles de precios y salarios en Babilonia ocasionó una fuerte caída en la actividad económica y comercial durante su reinado y el de sus sucesores. El límite a los precios y salarios sacaba del mercado a productores y trabajadores que no estaban dispuestos a producir por debajo de sus expectativas, haciendo que disminuya la oferta de bienes, al tiempo que aumentaban los precios.
Otro caso interesante es el de Atenas en el Siglo de Oro, una ciudad estado populosa pero con una región rural limitada para producir alimentos, lo cual implicaba mucha demanda y poca oferta de los mismos. Así las cosas, al gobierno se le ocurrió crear un ejército de inspectores para controlar que los precios de los granos fueran justos”. El propio Aristóteles aprobaba esta política al decir que el gobierno tenía que velar porque el grano fuera vendido en el mercado a un precio justo. Pero aún bajo amenaza de pena de muerte, que muchas veces recayó sobre los propios inspectores que no podrían hacer cumplir la ley, el mecanismo se presentó como un fracaso absoluto ya que el precio de los granos continuó subiendo cuando la oferta era menor a la demanda.
No fue distinto el resultado cuando el gobierno de Londres trató de controlar el precio del vino en 1119 y en 1330. La ley establecía que la bebida se vendiera a un precio razonable teniendo en cuenta para ello los costos de importación más otros gastos. De todos modos, ante la escasez que produjeron estos controles y el malestar de la población el gobierno debió ceder en su postura. Algo similar ocurrió durante la Dinastía Tudor, quienes en distintas épocas pretendieron controlar el precio de muchas mercancías. Estas prácticas se hicieron reiteradas durante el reinado de Enrique VIII cuyos excesivos gastos hicieron que el monarca buscara fondos extras disminuyendo el contenido metálico de las monedas, lo cual se tradujo rápidamente en un aumento general de precios.
Contemporáneamente, del otro lado del Mar del Norte, se producía un fenómeno similar en Bélgica. Entre 1584 y 1585 la ciudad de Amberes fue sitiada por los españoles, lo cual generó escasez y el consecuente aumento en el precio de los alimentos. Ante esta situación, el gobierno de la ciudad decidió poner precios máximos, estableciendo severas penas para aquellos que quisieran vender alimentos a precio de mercado. El resultado fue doblemente negativo: por un lado, desalentó la llegada de productos desde el exterior ya que ningún comerciante quería correr el riesgo de atravesar las fuerzas sitiadoras para vender sus productos a un precio menor al del mercado; por el otro, se alentó un consumo descontrolado de los alimentos ya que estos estaban más baratos de lo que marcaba el mercado. La consecuencia de esta medida terminó favoreciendo al Duque de Parma que en 1585 logró ocupar la ciudad de Amberes.
Los tres ejemplos mencionados demuestran a las claras la inutilidad de aplicar controles de precios. Lamentablemente, a comienzos del siglo XXI nuestras autoridades económicas no terminan de comprender que el deseo de controlar el precio de bienes y servicios que se ofrecen en el mercado terminan inexorablemente desalentando las inversiones y la oferta de los mismos, causando el efecto exactamente opuesto al que se busca, perjudicando tanto a productores como a consumidores.

Alejandro O. Gomez se graduó de Profesor de Historia en la Universidad de Belgrano, en el Programa de Maestría en Economía y Administración de Empresas en ESEADE. Es Master of Arts in Latin American Studies por la University of Chicago y Doctor en Historia por la Universidad Torcuato Di Tella.

De la producción de zapatos a la emisión de moneda: Lecciones de la historia bancaria.

Por Adrián Ravier. Publicado el 1/11/11 en: http://www.elcato.org/de-la-produccion-de-zapatos-la-emision-de-moneda-lecciones-de-la-historia-bancaria

Existen al menos cuatro formas de concebir la oferta de zapatos en un país. Una primera posibilidad es la planificación central. En Cuba por ejemplo, es el gobierno el que decide cuántos zapatos se van a producir y en qué calidad y color. Tal sistema incluso puede evitar la importación de zapatos, y con ello, garantizarle todo el mercado a este único productor, constituyendo un monopolio. Otra alternativa es que tal monopolio deje de ser público para ser privado. En este sentido tendríamos una única gran empresa capaz de producir la cantidad de zapatos necesarios, bajo la regulación del gobierno. Una tercera posibilidad es la competencia. Muchas empresas ofrecen zapatos y la gente demanda por precio y calidad, aquellos que satisfacen mejor su necesidad. En este sentido, algunas empresas tendrán ganancias, otras tendrán pérdidas y tras un período de tiempo quedarán en el mercado aquellas empresas que hayan satisfecho mejor las necesidades que sus competidores. Por último, la cuarta opción es que en el país no se produzcan zapatos. En su lugar, podrían importarse desde otros países y con ello satisfacer la cantidad de zapatos que el mercado requiera.

Con la emisión de moneda ocurre algo similar. Si bien en el último siglo, la mayoría de los países han optado por el primer sistema descripto, esto es, un monopolio público de la emisión de moneda, siempre tenemos la opción de retornar a otros sistemas alternativos.

En la actualidad, la mayoría de los gobiernos o para ser más precisos, las autoridades monetarias, deciden bajo un sistema de banca central qué cantidad de moneda deben imprimir para satisfacer las necesidades del mercado. Este “monopolio de emisión” tiene su origen particular en cada territorio, pero ha habido un factor común: déficit fiscal del gobierno y expropiación de la moneda. Si imponemos el curso forzoso y declaramos x moneda de curso legal, entonces el gobierno tiene la posibilidad de imprimir lo necesario para financiar el gasto público y con ello imponer el “impuesto inflacionario” sobre los tenedores de dinero.

Para estudiar estos cuatro sistemas posibles de emisión de dinero podemos apoyarnos en la historia monetaria y bancaria de algunos países. Dado que abunda literatura sobre el caso estadounidense, aquí intentaremos concentrar la atención hacia otros horizontes.

El monopolio privado en Inglaterra

En Inglaterra los historiadores destacan una etapa preliminar cuando los comerciantes depositaban sus saldos de monedas y barras de oro o plata a los orfebres. En esos años, los banqueros disfrutaban de cierta libertad para constituirse, aunque esto se debía a que el negocio bancario no era lo suficientemente importante como para atraer la atención de la autoridad legislativa.

En un segundo período, el monopolio fue lo dominante. Esta segunda fase nace con la creación del Banco de Inglaterra de 1694 y tiene su origen en un hecho político. Carlos II había tenido que depender en gran medida, para sus necesidades financieras, de los créditos de los bancos londinenses. El endeudamiento fue tal que en 1672 suspende los pagos de Hacienda. Para sustituir la fuente de financiamiento, Guillermo III y su gobierno aceptaron el plan de un financiero llamado Patterson para fundar una institución que se daría a conocer como Governor and Company of the Bank of England. Se trató básicamente de un acuerdo entre un gobierno necesitado y una corporación que se acomodaba a ello, a cambio de ciertos privilegios. Pasaron sólo algunos años hasta que el banco obtuvo el monopolio privado de emisión. Así, entre 1694 y principios del siglo XIX el Tesoro británico se benefició de las renovaciones de privilegios al Banco de Inglaterra, quien ofreció créditos a bajo interés para financiar sus déficits fiscales. Los historiadores cuentan que ya en 1780 desaparecieron en Londres todas las emisiones privadas de dinero.

Durante este tiempo los bancos más pequeños de provincias se acostumbraron a llevar sus saldos líquidos al Banco de Inglaterra, y también a solicitar ayuda ante dificultades financieras, con lo cual éste empezaba a adquirir ya características de banco central.

Hay que destacar, sin embargo, que recién en 1812 el gobierno declaró de curso legal a la libra para todo tipo de pagos.

El banco recién fue nacionalizado después de la Segunda Guerra Mundial, en 1946.

El monopolio público en Francia

Las primeras experiencias en la emisión de moneda en Francia fueron desafortunadas. Los historiadores destacan los privilegios concedidos a John Law en 1716 para su Banque Générale, el que acabó en un desastroso exceso de emisión de papel, y el cierre del banco sólo 5 años después. Aunque se abrieron empresas dedicadas a actividades bancarias —como transacciones de cambio y de descuento—, hubo que esperar hasta 1776 para la fundación de un nuevo banco emisor, la Caisse d´Escompte, sociedad de responsabilidad limitada fundada por Turgot, ministro francés de finanzas. Desde el comienzo el banco estuvo asociado al gobierno y ya en 1783 un adelanto al Tesoro de 6.000.000 de francos provocó un auténtico asedio que terminó con la suspensión de pagos.

En 1792 un decreto prohibió la instauración de bancos emisores, pero su derogación en 1796-97 animó a algunos bancos de descuento de París a iniciar la emisión de billetes. La libertad que prevalecía en la banca francesa parecía haber demostrado ser muy satisfactoria, y no ocurrían desastres, pero la situación no podía durar al considerar la marcha de los acontecimientos políticos.

La manía centralizadora de Napoleón y las dificultades que encontraba al intentar descontar el papel del gobierno, debido a la falta de confianza que éste generaba, le llevó a tratar de aprovechar las ventajas que en potencia podrían derivarse de un banco creado bajo los auspicios del gobierno. Así, en 1800 persuadió a los accionistas de la Caisse des Comptes Courants, uno de los bancos más exitosos, para disolver la compañía y convertirla poco a poco en un nuevo banco, el Banco de Francia. El capital original era de 36.000.000 de francos, parte obtenida de la Caisse, parte de una suscripción pública y parte proveniente de la deuda nacional.

No hubo que esperar mucho para observar un duro golpe a la libertad bancaria. La famosa Loi du 24 Germinal an XI concedió al Banco de Francia el privilegio exclusivo de emitir billetes en París y prohibió la constitución, en las provincias, de nuevos bancos emisores si no era con el consentimiento del Gobierno, que se reservaba el derecho no sólo de conceder el privilegio de emisión sino también de fijar la cantidad máxima de dichas emisiones.

Las constantes presiones de Napoleón para obtener fondos de este banco, no pudieron tener otro resultado que la suspensión de pagos, lo que llevó a Napoleón a culpar al banco y reformar los estatutos para tenerlo más sujeto a las necesidades financieras del gobierno.

Los historiadores muestran que la ausencia de libertad bancaria llevó a Francia a un atraso profundo en materia bancaria con respecto a las prácticas desarrolladas en Inglaterra, principalmente en las provincias, donde no había bancos. Los intentos por abrir sucursales tampoco dieron resultados puesto que no llegó a haber compensación bancaria.

El Banco de Francia siguió teniendo privilegios, puesto que el franco había sido decretado de curso forzoso en todo el país, mientras que los billetes de los bancos de provincia sólo lo eran en sus respectivas localidades. Un decreto de 1848 dio el último toque, cuando fusionaron los bancos de provincia con el Banco de Francia, y se convirtieron en sus sucursales.

A partir de entonces Francia presentó un monopolio público de emisión y el progreso de la revolución industrial que acompañó esos tiempos, puso de manifiesto la insuficiencia de los servicios crediticios sobre todo en las provincias, pero también en París.

La banca competitiva en Escocia

El  Banco de Escocia fue fundado por un grupo de comerciantes en 1695, sólo un año después del Banco de Inglaterra, recibiendo por medio de una concesión del Parlamento el monopolio durante 21 años. Casi de inmediato el Banco puso en práctica una política de apertura de sucursales y comenzó a emitir billetes incluso por valor de 1 libra.

Los historiadores explican que en Escocia no había ningún tipo de restricción para entrar en el negocio de la banca mientras los accionistas estuvieran dispuestos a aceptar responsabilidad ilimitada por las deudas contraídas por la empresa, de modo que no tardaron en aparecer por todo el país bancos sin ley especial.

No había restricciones en cuanto al número de socios y, tras un corto período de abusos en una etapa que podíamos llamar experimental, la banca se concentró en manos de unas cuantas sociedades anónimas de tamaño considerable y financieramente fuertes.

La quiebra del Ayr Bank en 1772, tras un exceso de emisión de billetes, hizo mucho daño al crédito de los bancos más pequeños. Pero rápidamente surgió la práctica de compensar los billetes de banco entre ellos con regularidad. Hacían compensaciones dos veces a la semana y liquidaban los saldos inmediatamente. Los bancos adoptaron una organización mediante sucursales casi desde el principio y, en comparación con otros países, el desarrollo de la banca de depósitos y de las técnicas de préstamo fue mucho más rápido.

En 1826 había, además de los tres bancos con ley especial (con 24 sucursales), 22 sociedades bancarias por acciones (con 97 sucursales) y 11 bancos privados, mientras que en Inglaterra se estaba todavía aprobando la legislación que permitía establecer sociedades bancarias por acciones y el Banco de Inglaterra no había abierto siquiera una sucursal.

La importación de una moneda extranjera en Panamá

A pesar del exitoso caso escocés, el mundo hoy no presenta emisores privados de dinero. El siglo XX ha sido testigo del avance del monopolio público de emisión. En 1900, solo había alrededor de 18 bancos centrales en el mundo. Para 1940 la suma ya alcanza a 40 países. Hoy ya suman 164.

Algunas sociedades, sin embargo, insisten en utilizar una moneda extranjera, y no caer así en el vicio de las políticas inflacionarias para financiar el déficit fiscal. Panamá es uno de estos ejemplos.

El sistema monetario y bancario de Panamá tiene las siguientes características: (1) se usa el dólar como circulante, el Balboa —la moneda nacional— es una unidad de cuenta y sólo existe en monedas fraccionarias; (2) los mercados de capital son libres, no hay intervención del gobierno, o restricciones a las transacciones bancarias, o a los flujos financieros, ni a las tasas de interés; (3) hay una gran cantidad de bancos internacionales; (4) no hay banco central.

No tener banco central le ha permitido a la República de Panamá disfrutar de una macroeconomía estable y sólida.

Su inflación promedio en los últimos 20 años ha sido del 1%, manteniéndose consistentemente 1 o 2 puntos porcentuales por debajo de la inflación en EE.UU.

Pero Panamá no es oficialmente una economía dolarizada. Desde 1904 su Constitución estipula que “No habrá en la República papel moneda de curso forzoso”. En otras palabras, en Panamá cualquier moneda que se utilice, el dólar por ejemplo, es totalmente determinada por el mercado.

Al no haber banco central, no hay “prestamista de última instancia” y no hay seguro de depósitos; por consiguiente, los bancos están obligados a actuar responsablemente para mantenerse a flote. La ausencia de una banca central hace que no se manipulen ni se influya sobre las tasas de interés.

Panamá no impone controles de capital y la entrada o salida de capitales no ocasionan los mitológicos desequilibrios que muchos teóricos pregonan. Esto se debe a que Panamá desde 1971 decretó la apertura del sector bancario, llegando a tener más de 100 bancos internacionales, lo cual permite la integración financiera internacional y el manejo privado de la masa monetaria.

La macroeconomía panameña es la única en Latinoamérica que no ha sufrido colapsos financieros y que no ha recibido el contagio de los excesos financieros de sus vecinos.

Conclusiones

Los bancos centrales han surgido para ofrecer estabilidad monetaria y pleno empleo. El siglo XX sin embargo ha sido testigo de los mayores niveles de inflación en la historia de la humanidad, mientras el desempleo ha ofrecido un comportamiento cíclico como consecuencia de la política monetaria practicada precisamente por las autoridades monetarias. El fracaso de los bancos centrales vuelve a ser evidente ante la crisis global. La historia bancaria nos muestra que hay alternativas. Espero que este artículo sirva para abrir el debate.

Adrián Ravier es Doctor en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Master en Economía y Administración de Empresas por ESEADE y profesor de Macroeconomía en la Universidad Francisco Marroquín.

La “Mentalidad” del Patrón Oro y la Gran Depresión.

Por Nicolás Cachanosky. Publicado el 23/10/2011 en: http://puntodevistaeconomico.wordpress.com/2011/10/23/la-mentalidad-del-patrn-oro-y-la-gran-depresin/#more-1303

Una de las causas comúnmente mencionadas de la Gran Depresión es el patrón oro. Por seguir esta regla, se argumenta, la autoridad monetaria no pudo seguir una política monetaria óptima y la Gran Depresión fue innecesariamente profunda y prolongada. Sin embargo, como argumenta Timberlake 2008, el patrón oro dejó de funciona de hecho con la Primer Guerra Mundial. No era, entonces, patrón oro lo que regía en los años de la Gran Depresión, sino un patrón oro administrado. Esta no es una diferencia menor, uno de los aspectos centrales del patrón oro es que no necesita ser administrado en primer lugar. El patrón oro, como institución de un mercado libre, presupone intercambios pacíficos entre las partes. No se puede argumentar que el patrón oro fracasó si no logró sobrevivir a la Primer Guerra Mundial del mismo modo que uno no suele argumentar que el mercado fracasa cuando una guerra mundial se mete en el medio.

Pero la crítica al patrón oro como uno de los causantes de la Gran Depresión persiste porque en algunos casos es un poco más profunda. El posición es que si bien el patrón oro de hecho no estaba funcionando, sí había presente una mentalidad de patrón oro que guiaba las decisiones de política monetaria. Este es, por ejemplo, uno de los argumentos de Eichengree y Temin (2000). Si bien puede haber algo de cierto en esto, no parece ser el caso al observar la conducta de la política monetaria durante la década del 20.

Anderson 1949, pp. 133-134 compara la expansión durante la década del 20 con la expansión que tuvo lugar durante la Primer Guerra Mundial en Estados Unidos. Entre 1922 y 1928, por ejemplo, los depósitos se incrementaron en $13.500.000.000 y los prestamos e inversiones en $14.500.000.000. Durante la Primer Guerra Mundial, sin embargo, los montos fueron de $5.835.000.000 y $7.056.000.000 respectivamente. Es difícil argumentar que tal diferencia se debe sólo a motivos puros de mercado. Sin embargo, durante la década del 20 Estados Unidos recibió ingresos de oro. Si se ha expandido de más bajo un sistema con mentalidad de patrón oro, ¿no debería haber ocurrido lo contrario?

Debido a la guerra, los principales países de Europa debieron suspender la convertibilidad y emitir notas bancarias para financiar los costos del conflicto bélico. Esto no otra cosa que un aspecto de la Ley de Gresham. El francés o inglés, por ejemplo, tenía mayores incentivos para depositar su oro en Estados Unidos, donde aún había convertibilidad, a depositarlo en un banco europeo y sufrir una  devaluación de la convertibilidad. Por el mismo motivo, el francés o el inglés enfrentaban incentivos para pagar sus deudas con notas bancarias en lugar de oro. Al depositar en Estados Unidos el europeo sabía que iba a poder recuperar su oro a la par, una expectativa que no estaba presente en los países europeos.

Por lo tanto, el influjo de oro que llegaba a Estados Unidos (más allá de algunos repagos de deuda de otros países) no se debía únicamente a motivos asociados al patrón oro. En otras palabras, el stock total de oro en Estados Unidos se podía dividir en dos grandes grupos. El stock propiamente asociado a cuestiones monetarias y el oro que buscaba protección como reserva de valor al escapar de Europa. Qué esto estaba sucediendo era tan conocido en aquel momento como ahora. Este segundo stock de oro debería haberse mantenido separado. Sin embargo, durante la década del 20 se hizo política monetaria con la totalidad del stock de oro, sin separar los dos stocks. Era esperable que el oro que se fugaba a Estados Unidos buscando protección retornaría a Europa cuando el resto de los países retornasen al patrón oro. De haber habido una verdadera mentalidad de patrón oro, entonces no se habrían mezclado los dos stocks de oro, por más que calcular el límite exacto no sea factible. El problema no fue la mentalidad de patrón oro durante la crisis, sino la falta de mentalidad de patrón oro durante la década del 20.

Los motivos de las restricciones a la expansión monetaria no se deben a la mentalidad del patrón oro, si no a los problemas que la expansión de la década del 20 se estaban tornando demasiado grandes. Seguramente, viendo el caso a casi 100 años de distancia, varias cosas se podrían haber hecho distinto, pero el argumento de que el patrón oro, o su mentalidad, fue una de las causas principales de la Gran Depresión no parece descansas sobre pilares tan firmes como a veces parece asumirse.

Nicolás Cachanosky es Lic. en Economía, (UCA), Master en Economía y Ciencias Políticas, (ESEADE), y Doctorando en Economía, (Suffolk University). Es profesor universitario.

Economía a los palos.

Por Pablo Guido. Publicado el 27/10/11 en: http://chh.ufm.edu/blogchh/

Desde hace cerca de 50 meses que en la Argentina existe lo que los economistas llaman “fuga de capitales”. ¿Qué es esto? Básicamente la compra de divisas que la gente y las empresas realizan para llevarse a cuentas del exterior o guardarlas dentro del colchón. En los últimos 8 años dicha “fuga” alcanzó unos 70 mil millones de dólares, un monto enorme para la economía argentina. ¿Cómo fue posible evitar una “explosión” cambiaria, es decir, una devaluación de magnitudes fenomenales? Simple: con un excedente en la balanza comercial (las exportaciones superando a las importaciones) por un monto de unos 100 mil millones de dólares. O sea, la demanda proveniente de la salida de 70 mil millones de dólares como “fuga” fue compensada por la oferta del saldo comercial por 100 mil millones. Por lo tanto el gobierno no se preocupaba por la compra de dólares por parte de la gente y empresas para sacarlos del sistema. Pero este año el saldo de la balanza comercial ha sido decreciente: mientras las exportaciones acumulan un total de 63.500 millones, las importaciones alcanzaron los 55.500 millones, es decir, un superávit de 8 mil millones de dólares. Por otro lado la “fuga” de divisas de estos primeros 9 meses ya alcanza los 20.000 millones de dólares. El resultado de esto es que el banco central, para mantener el tipo de cambio nominal estable o sin demasiados cambios, tiene que vender dólares al mercado. De esta manera el stock de reservas del banco central disminuye día a día. Es por esto que el gobierno, en vez de tratar de generar la confianza necesaria para disminuir la compra de dólares por parte de la población, utiliza la persecución de los organismos de seguridad y el ente de recaudación. Para asustar a los que quieren comprar dólares, con la amenaza de hurgar en su situación patrimonial y de ingresos frente al fisco. Esto viene ocurriendo desde hace unos diez días en el microcentro de la capital del país, donde los inspectores tributarios ingresan a los bancos y casas de cambio para desincentivar la compra de divisas. Ayer, en un nuevo intento típico de la edad de piedra, por lo burdo de la acción, el gobierno emitió un decreto por el cual obliga a las empresas petroleras y mineras a liquidar las divisas que obtienen como consecuencia de sus exportaciones en el mercado local. Es decir, todos los dólares que les ingresan a las empresas por vender sus productos en el exterior deben ser vendidos en el mercado de cambios de la Argentina.

La economía argentina se va pareciendo cada vez más a las economías supuestamente “capitalistas”, como la Alemania nazi o la Italia fascista de entreguerras, pero que en realidad las decisiones de los consumidores y empresarios dependían de las órdenes que les dictaban los funcionarios públicos de los ministerios gubernamentales. Una economía que aunque formalmente reconocía la propiedad privada en los hechos la eliminaba, destruyendo así el sistema de precios. ¿Hace falta recordar cómo terminaron las economías nazis o fascistas?

Pablo Guido se graduó en la Maestría en Economía y Administración de Empresas en ESEADE. Es Doctor en Economía (Universidad Rey Juan Carlos-Madrid), profesor de Economía Superior (ESEADE) y profesor visitante de la Escuela de Negocios de la Universidad Francisco Marroquín (Guatemala). Investigador Fundación Nuevas Generaciones (Argentina).